La primera etapa de un informe que revela los puntos críticos que afectarán el presupuesto regional 2020 presentó la Corporación Privada de Desarrollo, Corbiobío, ante el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, Audito Retamal.

El análisis, que se presenta cuando la tramitación de la Ley de Presupuesto está pronta a iniciarse en el Congreso Nacional, se centró en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y en el ARI, Anteproyecto Regional de Inversiones, que corresponde a los fondos que los ministerios destinan a la zona.

Para Corbiobío es fundamental lograr un incremento real de la inversión pública, que se traduce en un presupuesto del FNDR superior a los 100 mil millones de pesos.

Durante la jornada de trabajo, el director de Corbiobío, Francisco Gatica, detalló que el informe que se entregará a las autoridades contendrá una actualización de los criterios del polinomio utilizados para la asignación de los recursos del FNDR 2020.

Lo anterior, debido a las inconsistencias que se detectaron y determinaron que la región sea la única del país que presentó una reducción del 39% de los fondos públicos, ubicándose en el séptimo lugar a nivel nacional y viéndose afectada económicamente.

Asimismo, el documento plantea que es clave descentralizar el FNDR, aumentando en un 35% el poder de decisión regional, que actualmente fluctúa entre un 4 a un 6%.

Mientras que el "Informe Final Presupuestos Regionales 2020" será entregado en fecha próxima a las autoridades de Gobierno y del Congreso Nacional, en una ofensiva orientada a defender los recursos de inversión pública.

El seremi de Educación, Fernando Peña, sostuvo la tarde de ayer una reunión con la fiscal regional Marcela Cartagena, para abordar la situación actual que vive el Instituto San Pedro, luego de que hace algunas semanas, luego de que los exsostenedores demandaran la propiedad del inmueble, por incumplimiento en el pago de arriendos.

Esto después de que Tercer Juzgado Civil de Concepción ordenara el desalojo una vez que los exsostenedores reclamaran el pago de 114 millones de pesos por arriendo entre 2017 y septiembre de 2018, además de 325 millones de pesos por concepto de indemnización por el uso del recinto. Sin embargo, un recurso de protección con una orden de no innovar logró detener hace algunos días y de forma momentánea la medida adoptada por el juzgado civil.

El secretario regional del Ministerio de Educación detalló que la fiscal "manifestó bastante voluntad para avanzar en la investigación que está en curso", en un conflicto donde se busca comprobar la responsabilidad de los antiguos sostenedores en el mal uso de subvenciones escolares, y así revertir la medida".

Agregó que tras la reunión con Marcela Cartagena "nos comprometimos también a enviar los antecedentes que se vayan recopilando tanto desde la sostenedora, como de las auditorias que se han realizado y a los antecedentes que la Superintendencia recopile respecto al mal uso de las subvenciones escolares entre 2015 y 2018".

Finalmente, Fernando Peña valoró la cita y dijo que "nos deja muy conformes ya que esperamos que se logre establecer todas las responsabilidades que hay en esta situación preocupante".

En días anteriores la comunidad escolar se manifestó por medio de una masiva marcha en el centro penquista.

En aquella ocasión, Lorena González, administradora del recinto, manifestó que "estamos marchando por justicia, porque creemos que esto no puede quedar impune. Los administradores anteriores defraudaron al colegio por muchos millones de pesos, una superintendencia que no fiscaliza y nos sanciona cuando denunciamos, jueces que no contemplan todos los antecedentes y están dispuestos a lanzar a la calle a 800 alumnos".