Los ministros de Gobierno pueden ser acusados por comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación, infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.

La Cámara de Diputados votará si la acusación procede. Para aprobarla, se requiere mayoría simple. Si se declara la procedencia, el acusado quedará suspendido de su función mientras dure el procedimiento.

El Senado resuelve como jurado. Si declara culpable al acusado, este queda destituido de su cargo.