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Defensoría logró absolución en la mitad de casos judicializados

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En Los Ángeles se realizó ayer la cuenta pública de la oficina regional de la Defensoría Penal Pública. Osvaldo Pizarro, defensor regional, destacó dentro de los logros del año pasado el haber conseguido la absolución en la mitad de los 910 delitos que terminaron en instancia judicial, mientras que en un 47,2% de los delitos se obtuvo una pena menor a la solicitada por el Ministerio Público.

Para Pizarro, esta es una cifra muy relevante porque permite afirmar cuantitativamente que la presunción de inocencia muchas veces queda relegada para una etapa procesal avanzada como el juicio oral y no es respetada durante la tramitación de los procesos, lo que a su vez se refleja muchas veces en una prisión preventiva o medidas cautelares restrictivas de libertad.

Defensa Especializada

La Defensoría cuenta con varias temáticas que ha trabajado de forma especializada. Una de ellas tiene que ver con la ley de responsabilidad adolescente. En ese contexto, el año pasado atendió a 2.070 personas, que equivalen al 6,6% del total regional de casos. En 2017 los adolescentes representaron un 7,5% del total, lo que da cuenta de una importante disminución en la participación delictual de los jóvenes.

"Las cifras nos permite sostener que las modificaciones penales que apuntan a restringir las libertades constitucionales y ampliar la persecución penal a los menores de edad no tiene un sustento cuantitativo", mencionó el defensor regional.

En materia de defensa indígena destacó que de los 287 delitos llevados a juicio oral en la Provincia de Arauco se logró absolución en 130 de ellos, lo que equivale a un 45,3%.

Esto, según Pizarro, muestra que se encuentra plenamente justificada la defensa especializada de pueblos originarios, tanto como un elemento de integración como por su impacto en los resultados.

impacto real de medidas

El defensor regional aprovechó la instancia para abordar los controles preventivos de identidad que buscan detener personas con órdenes judiciales pendientes.

Sobre esto mencionó que el Ministerio del Interior realizó en 2018 casi 4,5 millones de estos controles, los que aumentaron un 57% en relación a 2017. Si se desglosan las cifras esto equivale a 13 mil controles diarios a nivel país y con una efectividad del 2%.

Paralelamente se entregaron algunas cifras de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2018) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que indican que la victimización a nivel país bajo de un 28% en 2017 a un 25,4% en 2018 y que en la región del Biobío igualmente registró una baja considerable de un 25,4% a un 23,6%.

La misma encuesta mostró que un 12,4% habla por una experiencia personal respecto a la percepción de la delincuencia, otro 10,2% lo hace por experiencia de algún familiar, mientras que un 50,2 % lo hace por lo visto en noticias de televisión.

Estas cifras, dijo Pizarro, permiten señalar que el "asociar políticas de aumento de control de identidad con la finalidad de lograr una mejor percepción de la seguridad ciudadana no tiene cuantitativamente, ni asidero estadístico -recordemos el 2% de efectividad en los controles- ni sustento cualitativo, toda vez que pese al descenso de las cifras de victimización de las personas, la percepción de la evolución de la delincuencia está ligada en más de un 50% a lo señalado por los medios de comunicación, especialmente las noticias por televisión".

"Hay gente del comercio que usa a los migrantes para la venta informal"

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Julián Flórez es colombiano y es uno de los tres asesores que tiene el Gobierno en políticas migratorias. Su segunda visita a la Región se concretó ayer e incluyó encuentros con extranjeros de la zona para socializar el proyecto de ley que aborda la materia y que actualmente se encuentra en el Senado en su segundo trámite constitucional.

El asesor del Ministerio del Interior destacó la alta organización que tienen las comunidades en la Región: "Es importante ver a la comunidad migrante de Concepción organizada, porque no me reuní con migrantes particulares sino con líderes, lo cual demuestra que dentro de la misma región se están organizando en base a sus necesidades y también en torno a las iniciativas que ellos tienen para su proceso de migración en Chile".

Sobre la zona, destacó la gran cantidad de venezolanos y de argentinos. Sobre estos últimos planteó que "que es una comunidad no tan visible y que sí se ha logrado mimetizar con el resto de la sociedad chilena".

-En cada región los migrantes han tenido un alto nivel de organización porque Chile tiene una particularidad que tal vez no se da en el resto de los países, y es que es muy formal en sus procesos, entonces avanzan en esa formalidad y el migrante se ha a acoplado a ese proceso y ha organizado a su comunidad para volverla una ONG, una fundación o corporación.

Otra particularidad es la oportunidad que ha dado la Gobernación de acercarse a las organizaciones. Hay otras regiones donde la vinculación con las comunidades no es tan visible ni evidente.

Flórez indicó que hace cinco años comenzó el gran flujo de migrantes, especialmente de colombianos y haitianos. Eso llevó a que el tema llegara a la agenda pública y que incluso comenzara a modelarse una nueva normativa que reemplace a la Ley de Extranjería actual, que data de 1975.

-La migración internamente se mueve en torno a las oportunidades y hay regiones que han ofrecido muchas en términos de empleo, de crecimiento, de emprendimiento. Quizás en el Biobío, frente a otras regiones, no han visto esta competitividad. A los migrantes los ves donde hay grandes puertos, gran industrialización, especialmente la minería, en sectores del país donde están concentrados los centros de producción, por eso el 68% está concentrado en Santiago y esta movilidad la han tenido más que todo en el sur y en el norte, más al sur del Biobío.

Hoy tenemos 25.665 migrantes en la Región, que es el dato oficial de la oficina de Extranjería y PDI.

-Casi siempre el porcentaje de personas en irregularidad está entre el 2% y 3%. Quizás a quienes ves en situación irregular son personas nuevas que no estuvieron en el proceso de regularización extraordinario.

-No necesariamente, porque casi siempre la informalidad o lo traes como experiencia de tu país o la falta de empleo te lleva a tomar esa medida. También hay gente del mismo comercio que usa a los migrantes para hacer esa venta informal y ese es un tema importante que hay que evaluar.

-Es un tema que hemos visto desde hace tiempo, sobre todo con la comunidad boliviana, que tiene un sentido muy alto por el tema de la informalidad en la venta ambulante. En el tema de los haitianos también comenzó a evidenciarse con la venta de dulces y mostró una problemática que Chile en muchas regiones ha tratado de ir manejando y reduciendo, que es la venta informal. Pero, lastimosamente el factor exponencial que nos dejó el gobierno anterior, con unas fronteras casi abiertas, descontroladas, significó que llegaran muchas personas a regiones donde el nivel de empleo no era tan alto para absorber a esta población y esto significó gente en la calle vendiendo.