Es una institucionalidad que está cumpliendo 16 años y que se creó luego de una crisis relacionada con los sobresueldos en el aparataje del Estado, por lo que se generó un gran acuerdo para profesionalizar e instalar el mérito como motor del país. Se trata del Servicio Civil (SC), cuyo director, Alejandro Weber, estuvo en la inauguración del año académico de los programas de postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.
En ese contexto el también presidente del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) conversó con este medio acerca de los avances logrados a la fecha, donde de a poco actores del mundo privado se han ido cambiando al público. "Nuestra responsabilidad es proveer para el Estado de los mejores talentos para que dediquen con su vocación, capacidades y recursos a generar mejores servicios para todos los chilenos", apuntó.
El SC partió con 688 cargos el 2003, que son definidos en la ley, y ha sido tan legitimado por la clase política, que en sucesivos proyectos hoy existen cerca de 5.000 puestos, que incluye 1.200 en la administración central del Estado. El personero dijo que ahí están casi todos los jefes de servicio a nivel nacional, como por ejemplo, el Sernac, Sence, Fosis, las superintendencias o los servicios de Salud y en forma progresiva se ha avanzado a las empresas públicas.
"La mitad del directorio de Codelco y de Enap es seleccionada por ADP, junto a una serie de cuerpos colegiados que se van conformando, como el Fondo de Infraestructura, que administra una cartera de US$ 30 mil millones en el Ministerio de Obras Públicas, o el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación, hace dos semanas se nombró a la Comisión Nacional de Aranceles, que son siete las personas que van a definir el precio de las carreras en la educación técnico universitaria", comentó.
-Exactamente. En mayo del año pasado el Presidente lanzó la Agenda Mujer, que tiene una serie de medidas concretas con metas y resultados. Dentro de esas es lograr que más mujeres asuman posiciones de liderazgo, tanto en el Estado como en el mundo privado. En ese sentido, hemos desarrollado dos iniciativas potentes con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Una es que el Estado tenga un registro para mujeres en directorios de empresas, con el objetivo de reducir las asimetrías de información y visibilizar el talento y capacidad de tantas mujeres que por distintos motivos no han podido llegar a esos lugares y para aquellos que toman decisiones en los directorios se atrevan a buscar mujeres con capacidad demostrada. Además, como segundo punto, lanzamos una red de líderes en el Estado, que busca ser un programa de talento que acompañe con 50 mentoras de reconocido prestigio a 100 mujeres que hoy trabajan en el sector público y que aspiran a fortalecer sus carreras para ocupar posiciones de liderazgo en el Estado.
- Consuelo Raby es un gran ejemplo de mujeres talentosas y que han decidido dedicar su vida al servicio público. Hoy en los directorios de las empresas públicas el 42% de las posiciones de directorio son ocupadas por ellas, que es muy superior al cerca del 9% que tienen en los directorios del Ipsa (Bolsa de Comercio) y, además, a nivel gerencial, al mirar la última encuesta longitudinal del Ministerio de Economía, cerca del 12% de los puestos gerenciales en el sector privado son ocupados por mujeres versus el 34% del sector público.
- Lo que queremos hacer desde el sector público es predicar con el ejemplo, porque estamos convencidos que esto arrastra. Por eso estamos impulsando este programa de talentos para que hombres y mujeres compitan en igualdad de condiciones.
- Así es, porque seguimos teniendo una brecha salarial entre hombres y mujeres que según distintas mediciones está entre el 15% y el 20%. Eso ha ido bajando, hemos dado pasos en la dirección correcta como Estado y país, pero debemos seguir haciendo cosas adicionales.
- Uno de los objetivos de la ADP es lograr que las personas con las mejores competencias asuman posiciones de liderazgo, pero al mismo tiempo los altos directores públicos deben mostrar un alineamiento muy importante con los programas de gobierno, porque ellos son los responsables de implementar esas políticas, que son definidas, en su mayoría, en un programa de gobierno legitimado por la ciudadanía. Ahora, respecto a la rotación de estos cargos públicos hoy tenemos más continuidad que en el pasado. Por ejemplo, hace 4 años un alto directivo duraba dos años, que es muy poco, tomando en cuenta que algunos vienen del sector privado a entender la lógica pública. Hoy duran 3,3 años, lo que implica un aumento de casi 50% y además estamos extendiendo los brazos del mérito en la administración. Por ejemplo, en la eficiencia del RS en los primeros 16 meses del actual gobierno, el Presidente nombró a través de las nóminas entregadas por la ADP cerca de 130 altos directivos de primer nivel jerárquico o directores de empresas. En el gobierno anterior, en el mismo periodo, se nombraron a 85 directivos. Es decir estamos aumentando en un 50% la capacidad de instalación de este sistema.
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- Pero estamos avanzando. Doy otra cifra. En el 2014, el 22% de los altos directivos públicos venía del sector privado y actualmente el 60% es del mundo privado. Por ende, estamos generando un puente entre ambos sectores. Ojalá esto siga así, esto es una política de Estado que ha avanzado en todos los gobiernos. De hecho, el actual ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, anunció que el gobierno ingresará un proyecto que expandirá la ADP a los municipios y gobiernos regionales, lo cual significa más mérito en el Estado, avanzar en productividad e igualdad de condiciones para todos.
- Hay varios elementos que nos permiten decir que aun cuando el Estado tiene que seguir avanzando en muchas cosas, también ha dado pasos interesantes. Por ejemplo, si uno ve la encuesta del INE los trabajadores ganan en promedio $560 mil bruto y un funcionario público llega a $1.460.000 bruto. También la permanencia es importante, pese a que la contrata es un empleo que la ley define como transitorio, un funcionario permanece como promedio 13 años en el Estado. Y en los últimos años todos los vacíos han sido llenados por dictámenes de la Contraloría y por los tribunales de justicia. En ese contexto, el Presidente lanzó la agenda de modernización del Estado y una de las prioridades es generar un reforma al empleo público. El 24% del PIB se explica por lo que hace o deja de hacer el sector público.
