Forestales critican respuesta dada por Intendencia ante casos de violencia
A fines de julio, la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) presentó un recurso de protección en contra del intendente Sergio Giacaman y los gobernadores de las provincias de Concepción, Arauco y Biobío, así como de las autoridades de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Según alegaron los recurrentes, los jefes regionales han omitido sus obligaciones respecto al resguardo de la integridad física y psíquica de los trabajadores que se han visto envueltos en casos deviolencia rural.
Los cuatro recursos que en total presentaron los más de 40 representates forestales fueron declarados admisibles y, a la fecha, solo las intendencias de La Araucanía y Biobío han respondido a los requerimientos de la Corte, tal como asegura la Acoforag.
Según se desprende del escrito que la Intendencia del Biobío envío el 20 de agosto, "no existe ninguna omisión, en la cual hubiere incurrido (el intendente Giacaman)". Y agrega que el jefe regional ha ejercido todas las facultades mandatadas por Ley y que, "consecuentemente, no es posible configurar caso alguno de actuación arbitraria o ilegal, y menos aún, que ella pudiera traducirse en la afectación del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados".
Además, el documento ejemplifica una serie de medidas que se han llevado a cabo para frenar los hechos de violencia. Entre ellas destacan las reuniones de la "Macro Zona Sur" -que reúne al intendente con gobernadores y Carabineros-, la Mesa de Prevención y Control de Robo de Madera, los programas de reposición de actividades sociales, la atención a víctimas de violencia rural, el aumento de vigilancia en la comuna de Cañete, la realización trimestal del Comité Policial Provincial, entre otras.
Disconformidad
La respuesta, eso sí, no dejó conforme al gerente de Acoforag, René Muñoz. A su juicio, las medidas enumeradas en el documento no atacan el fondo del problema.
"No importa que haya una chorrera de medidas, lo que importa es cuál es la producción, el resultado, eso reclamamos. No hay resultados reales, concretos, que digan que efectivamente se está controlando esto. ¿Hay personas detenidas, condenadas?, ¿las querellas se están llevando a cabo, se están resolviendo? De eso no pasa nada hoy", criticó.
Como ejemplo, Muñoz afirmó que de los 59 ataques incendiarios registrados en la Región durante los últimos seis años, en solo uno se logró detener y procesar a los responsables. "O sea, la verdad es que eso es menos del 1%. Y, en el fondo, eso es lo que reclamamos, que no podemos trabajar porque hoy se están vulnerando nuestros derechos constitucionales. No estamos inventando cuestiones", planteó.
Sobre esta diconformidad, el intendente Sergio Giacaman respondió que como Gobierno Regional contestaron todo lo requerido por la Corte, relacionado, principalmente, al resguardo de las personas.
"Llevamos 20 años con este tipo de situaciones. Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo que ocurran. Por supuesto queremos que esto cambie, aunque para eso hay que cambiar la manera de hacer las cosas", comentó.
Justamente, la Intendencia hoy se encuentra elaborando una propuesta basada en los comentarios y solicitudes realizadas por los gremios, con el objeto de incorporar iniciativas que ayuden a crear nuevas formas que promuevan el turismo, las inversiones y la seguridad. Según Giacaman, esta línea de acción debiese ser presentada durante la semana del 9 de septiembre.
La situación de Arauco
Dentro de la Región, y de acuerdo al detalle del recurso presentado a fines de julio, las comunas con atentados más recurrentes son Mulchén, Los Álamos, Contulmo y Cañete. De ellas, las tres últimas pertenecen a Arauco, provincia liderada por la gobernadora María Bélgica Tripailaf.
Según la autoridad, existe un trabajo que se realiza de forma permanente en la zona y que está ajustado a los protocolos de Carabineros y la Ley, especialmente en materia de prevención.
No obstante, reconoció que existen situaciones que escapan de las manos, "pero para eso también estamos trabajando con la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, con el objeto de ir verificando los medios de prueba que nos van a permitir dar con los responsables".
Y añadió que si los contratistas forestales creen que las medidas ya adoptadas son insuficientes, "tendremos que reforzarlas aún más".