A fines de julio, la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) presentó un recurso de protección en contra del intendente Sergio Giacaman y los gobernadores de las provincias de Concepción, Arauco y Biobío, así como de las autoridades de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Según alegaron los recurrentes, los jefes regionales han omitido sus obligaciones respecto al resguardo de la integridad física y psíquica de los trabajadores que se han visto envueltos en casos deviolencia rural.

Los cuatro recursos que en total presentaron los más de 40 representates forestales fueron declarados admisibles y, a la fecha, solo las intendencias de La Araucanía y Biobío han respondido a los requerimientos de la Corte, tal como asegura la Acoforag.

Según se desprende del escrito que la Intendencia del Biobío envío el 20 de agosto, "no existe ninguna omisión, en la cual hubiere incurrido (el intendente Giacaman)". Y agrega que el jefe regional ha ejercido todas las facultades mandatadas por Ley y que, "consecuentemente, no es posible configurar caso alguno de actuación arbitraria o ilegal, y menos aún, que ella pudiera traducirse en la afectación del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados".

Además, el documento ejemplifica una serie de medidas que se han llevado a cabo para frenar los hechos de violencia. Entre ellas destacan las reuniones de la "Macro Zona Sur" -que reúne al intendente con gobernadores y Carabineros-, la Mesa de Prevención y Control de Robo de Madera, los programas de reposición de actividades sociales, la atención a víctimas de violencia rural, el aumento de vigilancia en la comuna de Cañete, la realización trimestal del Comité Policial Provincial, entre otras.

Disconformidad

La respuesta, eso sí, no dejó conforme al gerente de Acoforag, René Muñoz. A su juicio, las medidas enumeradas en el documento no atacan el fondo del problema.

"No importa que haya una chorrera de medidas, lo que importa es cuál es la producción, el resultado, eso reclamamos. No hay resultados reales, concretos, que digan que efectivamente se está controlando esto. ¿Hay personas detenidas, condenadas?, ¿las querellas se están llevando a cabo, se están resolviendo? De eso no pasa nada hoy", criticó.

Como ejemplo, Muñoz afirmó que de los 59 ataques incendiarios registrados en la Región durante los últimos seis años, en solo uno se logró detener y procesar a los responsables. "O sea, la verdad es que eso es menos del 1%. Y, en el fondo, eso es lo que reclamamos, que no podemos trabajar porque hoy se están vulnerando nuestros derechos constitucionales. No estamos inventando cuestiones", planteó.

Sobre esta diconformidad, el intendente Sergio Giacaman respondió que como Gobierno Regional contestaron todo lo requerido por la Corte, relacionado, principalmente, al resguardo de las personas.

"Llevamos 20 años con este tipo de situaciones. Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo que ocurran. Por supuesto queremos que esto cambie, aunque para eso hay que cambiar la manera de hacer las cosas", comentó.

Justamente, la Intendencia hoy se encuentra elaborando una propuesta basada en los comentarios y solicitudes realizadas por los gremios, con el objeto de incorporar iniciativas que ayuden a crear nuevas formas que promuevan el turismo, las inversiones y la seguridad. Según Giacaman, esta línea de acción debiese ser presentada durante la semana del 9 de septiembre.

La situación de Arauco

Dentro de la Región, y de acuerdo al detalle del recurso presentado a fines de julio, las comunas con atentados más recurrentes son Mulchén, Los Álamos, Contulmo y Cañete. De ellas, las tres últimas pertenecen a Arauco, provincia liderada por la gobernadora María Bélgica Tripailaf.

Según la autoridad, existe un trabajo que se realiza de forma permanente en la zona y que está ajustado a los protocolos de Carabineros y la Ley, especialmente en materia de prevención.

No obstante, reconoció que existen situaciones que escapan de las manos, "pero para eso también estamos trabajando con la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, con el objeto de ir verificando los medios de prueba que nos van a permitir dar con los responsables".

Y añadió que si los contratistas forestales creen que las medidas ya adoptadas son insuficientes, "tendremos que reforzarlas aún más".

Con un pleno ampliado, la Corte de Apelaciones de Concepción despidió al ministro Freddy Vásquez Zavala, quien el sábado 24 abandonó el Poder Judicial luego de casi 48 años de labor.

Emoción y variadas muestras de aprecio de sus pares, jueces y funcionarios fueron los elementos de una jornada que continúa el acelerado recambio generacional que ha experimentado el tribunal de alzada penquista a contar de 2016.

"Ha sido emocionante y Freddy -en su estilo- se ha despedido, nos ha contado anécdotas, ha desclasificado informaciones, nos hemos reído, hemos llorado, así que contentos por despedirle como se merece, abrazarlo y no olvidarnos de él", afirmó el presidente de la Corte, Rodrigo Cerda.

El ministro Freddy Vásquez inició su trayectoria el 5 de octubre de 1971 como secretario titular del Primer Juzgado de Letras de Coronel. Fue en octubre de 1994, luego de una extensa trayectoria, que fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, la que presidió en 2002, y en donde se desempeñó hasta su jubilación por cumplir los 75 años que establece la ley.

"Me quedo con la satisfacción de haber servido en mi Poder Judicial de una manera que yo pensé que fue la mejor. Me quedo con la gran experiencia y conocimientos recibidos de muchas personas que me fueron ilustrando para poder desarrollar mi carrera", dijo el ministro Vásquez.

Una querella por el delito de daños ingresó al Juzgado de Garantía de Tomé la sociedad administradora de Pingueral en contra del seremi de Bienes Nacionales, Sebastián Abudoj, por ordenar la destrucción de la caseta de control que existía en el lugar hasta el 12 de agosto en el ingreso al exclusivo sector de Tomé.

La medida se ordenó durante la visita del ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, quien visitó la Región para realizar la apertura oficial del sector, luego de que un dictamen de Contraloría y otros informes ministeriales, concluyeran que la Avenida La Cumbre corresponde a un bien de uso público que permite el acceso a la playa Pingueral, otro bien de la misma índole.

Las acciones son parte de las medidas que la cartera está impulsando para asegurar el libre acceso a los balnearios del país. En la Región, la idea es que al inicio de la temporada estival esté asegurado el acceso a 10 playas que presentan dificultades para su acceso. Entre ellas está Pingueral, Pudá y Punta de Parra, las tres en la comuna de Tomé.

"VAMOS A COLABORAR"

La acción legal se ingresó el sábado 24 de agosto en el Juzgado de Garantía de Tomé en donde se alude como único responsable del hecho al seremi Abudoj, quien manifestó que a la fecha no ha sido notificado de la querella.

"No hemos sido notificados, estamos tranquilos porque la acción del Ministerio está amparada por la legislación vigente, por las resoluciones de los tribunales de justicia de Concepción y de la Corte Suprema, por el dictamen de julio de 2019 de la Contraloría, por las fiscalizaciones que la propia Contraloría efectuó", expresó Abudoj.

Añadió que "somos respetuosos del derecho que tienen todos los ciudadanos de presentar las acciones que estimen pertinente. Vamos a colaborar, vamos a presentar todas las informaciones que sean requeridas y, como siempre lo hemos hecho, vamos a respetar las acciones de los tribunales".

Aunque Abudoj es el único responsable sindicado en el escrito, la querella también está extendida a quienes resulten responsables por el hecho.

Incluso, en el escrito están individualizados las autoridades políticas que asistieron ese día a la actividad. Entre ellos, el intendente del Biobío, Sergio Giacaman; el gobernador de Concepción, Robert Contreras; y el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. Todos ellos fueron propuestos como testigos del hecho y recomendados para citarlos a declarar.

En cuanto a los daños, estos fueron avaluados en 40 UTM, equivalente a $1 millón 961 mil.