A casi una semana de un encuentro realizado en la Provincia de Arauco, ayer se concretó la entrega de una propuesta realizada por distintos gremios de esa provincia, en el marco de la violencia rural que afecta principalmente al cono sur de ese territorio.
El documento, en el que se priorizan solicitudes vinculadas a seguridad y reactivación económica, fue entregado por el intendente Sergio Giacaman en La Moneda como parte de los acuerdos alcanzados en el encuentro en el que también participaron diputados y senadores de ese distrito y que se realizó hace unas semanas.
Carlos Silva, presidente de la Cámara de Comercio de Cañete, organismo que propició el encuentro, manifestó que la seguidilla de episodios violentos en la zona han ido en desmedro de la economía local. Esto, precisó Silva, ha generado pérdidas cercanas a los US$45 millones durante el primer semestre.
Sergio Giacaman informó ayer que junto a la entrega de la propuesta, se concretaron distintas reuniones para analizar la situación de Arauco. "Tenemos que avanzar de manera paralela. Por un lado, ocuparnos de las víctimas para reparar en alguna medida el daño causado a través de los programas que tiene el Estado; por otro lado, debemos mejorar la seguridad y, por cierto, apoyar el fomento productivo", señaló la autoridad.
El Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena del primer semestre de 2019 de la Multigremial de La Araucanía detalló que en el caso del Biobío la cantidad de hitos violentos pasaron de 15 el año pasado a 19 en lo que va de 2019. De esa última cifra, 13 corresponden a incendios o atentados incendiarios. La mayoría de los casos se concentraron en Cañete con 10 episodios.
FIJAN PRIORIDADES
Carlos Silva afirmó que en casi siete meses la reactivación económica en la Provincia de Arauco ha sido totalmente baja. La situación, dijo, empeoró tras la muerte de Lemuel Fernández el 19 de julio en Tirúa.
"Luego de los últimos hechos que han ocurrido, hicimos una cuantificación de las pérdidas. Solo este año van US$ 45 millones de dólares perdidos en inversión en la zona. La gente no puede invertir y no va a querer invertir, inclusive hay familias de la zona que se están yendo del territorio", detalló.
El diagnóstico fue compartido por Miguel Jara, director nacional de Transporte Chile y vicepresidente del gremio del transporte forestal en Biobío. El vocero señaló que el Estado de Chile no ha cautelado la seguridad pública, la libertad de tránsito y con ello, la libertad de trabajo. "La mayoría de las microempresas están quebradas y endeudadas con la banca que no perdona, sin la posibilidad de obtener seguros".
La seguridad también fue uno de los aspectos priorizados en la propuesta. Sobre eso, el presidente de la Cámara de Comercio sostuvo que las policías no han dado el ancho en el territorio.
"Dentro eso mencionamos que las FF.EE. de Carabineros salgan de Cerro Alto, en Los Álamos, porque vemos que es una caja pagadora y en realidad toda la inversión en la unidad no se ha traducido en resultados. Acá no hay inteligencias ni capacidad de anteponerse a los hechos", mencionó.
Miguel Jara comentó al respecto que debe existir una prevención vinculada a detectar los actos violentos o maliciosos.
"Las fuerzas de inteligencias o Fuerzas especiales no pueden estar a 70 kilómetros de los sectores donde ocurren los hechos violentos", enfatizó.
FALTA DIÁLOGO
El diputado UDI, Iván Norambuena, fue uno de los tres diputados que participaron de la reunión convocada por los gremios. Se sumó la senadora Jacqueline van Rysselberghe.
El parlamentario gremialista manifestó sobre la reunión realizada hace unas semanas que echó de menos un pronunciamiento más claro del intendente Giacaman, como representante del Presidente, en medidas concretas.
"Más que nada se dedicó a escuchar, que me parece bien, pero cuando has tenido muchos episodio de violencia en un corto tiempo, con pérdida de patrimonio, lo que la gente espera son pronunciamientos más concretos y en eso entiendo o interpreto que al intendente le faltó complicidad con las víctimas y conocimiento sobre seguridad en la zona", indicó.
Respecto a las propuestas, Norambuena sostuvo que el Gobierno ha dispuesto distintas herramientas y mecanismo para reforzar los emprendimientos en la zona. "Vamos a estar todos disponibles en materia presupuestaria para que si el gobierno así lo estima, pudiera entregar otras líneas de financiamiento y ayuda", dijo.
El diputado PS, Manuel Monsalve, reconoció un alza de los hechos de violencia y una pérdida de la productividad en la zona. Afirmó que lo primero que debe enfrentarse es un debate político frente sobre las problemáticas en la zona.
"En materia de seguridad lo que creo es que el clima mejora cuando hay diálogo y una de las cosas que plantee al intendente es que cuando se produce paz es cuando el Estado se hace presente con el diálogo. Creo que hay que reponer el diálogo del Estado", señaló.
El parlamentario indicó que la Ley Antiterrorista ha sido vista como una eventual solución, sin embargo, enfatizó que no resuelve el problema y no permite adelantarse a la ocurrencia de los hechos. "La ley corta va bien encaminada, pero no va a modificar lo que se necesita para alcanzar la paz social. La gran falencia hoy es la Agencia Nacional de Inteligencia, que el Gobierno aún no aborda ni resuelve", concluyó.
Las modificaciones a la Ley Antiterroristas fue otro de los temas abordados en el encuentro, temáticas que también fueron incluidas en el documento entregado por Sergio Giacaman. Las inquietudes fueron planteadas por el intendente a los parlamentarios en una visita realizada ayer al congreso Nacional.