Ya sea porque los modelos de seguridad informática son nuevos o porque todavía es un tema desconocido, la ciberseguridad en las empresas y en las industrias es todavía una asignatura pendiente. Sin duda, todos tenemos mucho que aprender y, sobre todo, comenzar a mirar con atención la evolución del ambiente de las Tecnologías de la Información y las Tecnologías de la Operación.

Para ver cómo es la ciberseguridad de nuestra empresa, una opción es recurrir a un autodiagnóstico rápido que está disponible en sitios especializados, lo que nos podrá orientar en los niveles que estamos y dónde tenemos las debilidades más urgentes.

Sin embargo, el rol de los ejecutivos se vuelve sencillamente fundamental en la planificación estratégica de la seguridad de la información de sus compañías. La información es lejos hoy el capital más importante y las nuevas leyes que vienen, más la ya aprobadas, convierten esta actividad en una mezcla entre mirada jurídica y mirada técnica, complejizando los niveles de decisión y mayor aún la inversión. Ahora la falta de control o la falta de medios de gestión es un agravante en el caso de vulneración o usurpación de los medios TI, siendo el Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Económica Europea un ícono de esta condición, que ya ha multado a varias compañías, entre las cuales podemos mencionar a Facebook y Google, con valores que pueden llegar al 4% de los ingresos anuales.

Las empresas chilenas están también sujetas a esta reglamentación, especialmente las que exportan hacia Europa, las que tienen capitales Europeos o las que manejan información de personas o empresas de la Comunidad Económica Europea.

Mirar el horizonte es una política muy sana en estos aspectos, pero la acción debe comenzar ahora, antes que nuestros datos sean expuestos o tengamos de lamentar pérdidas económicas de consideración en su empresa.

Académico

Ingeniería en

Ciberseguridad

Inacap Concepción-Talcahuano

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó hace una semana la indicación del Gobierno que busca crear el Consejo Administrador de los Seguros Sociales (Cass), ente que se hará cargo de licitar, no administrar, el 4% adicional de cotización obligatoria a cargo del empleador que establece la reforma a las pensiones.

Sin embargo, algunos expertos coinciden enque esto no resuelve el problema de fondo, que son las bajas pensiones que reciben hoy los chilenos.

"Es un pequeño paso hacia un sistema mixto, es decir, uno donde realmente exista la posibilidad de optar entre organismos públicos y privados para la administración de las cotizaciones. Sin embargo, es solo un paso, dado que en realidad no existirá la capacidad de elegir, puesto que el 10% de las cotizaciones seguirá siendo administrado por las AFP. Esta capacidad de optar entre organismos públicos o privados existe total o parcialmente en la mayoría de los países", dice Gonzalo Chávez Cerda, magíster en Finanzas y académico de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián (USS).

Agrega que la reforma no parece abordar dos aristas importantes para la ciudadanía: las comisiones fantasmas o dobles que representan el costo de operar con brokers nacionales e internacionales, pagados directamente por el cotizante, y alguna solución para las personas que hoy o pronto estarán jubilando con pensiones por debajo del mínimo para subsistir.

En esa misma línea, Marco Kremerman, investigador de la Fundación SOL, argumenta que independientemente de quién administre el 4%, si es un ente público, un ente público que licita, o un ente público que administre otros potenciales seguros sociales, lo que no se hace con esta reforma es cambiar la lógica de la capitalización individual para concebir la estructura del sistema de pensiones, y por lo mismo, lo más grave y lamentable a su juicio es que no va a significar mejores pensiones, lo cual debería ser el objetivo central de la reforma.

LÍNEA DE LA POBREZA

Precisa que "las personas que hoy día jubilaron están en su mayoría recibiendo pensiones por debajo de la línea de la pobreza, incluso de las 125 mil personas que se pensionaron el año pasado, la mitad de ellas pudo autofinanciar una pensión inferior a $50 mil y que entre comillas se beneficiaron de una rentabilidad histórica de las AFP de casi 8%".

Precisó que esta última década esta rentabilidad por año en términos reales ha promediado menos del 4%, y por cada punto menos de rentabilidad que una persona recibió en su trayectoria laboral, significa que su pensión baja un 20%.

Siendo optimistas, señala Kremerman, y si es que la rentabilidad no sigue bajando sino que se mantiene en los indicadores de la última década, quien se jubile en 40 ó 45 años más, cuando entre en régimen esta reforma y sea una persona que cotizó siempre 14%, va a sacar menor pensión que aquella que cotizó 10% y se jubila hoy. De hecho, hay que llevar la tasa de cotización a 18% recién para establecer las condiciones actuales, que ya son miserables, asegura.

Fernando Ávila, asesor previsional y ex gerente de Operaciones de la Asociación de AFP, concuerda en que no hay aspectos positivos a la creación de este ente autónomo. Es más, cree que esta idea obedece a una transacción política que hizo el Gobierno por tener una minoría en Parlamento y por lo tanto, "cuando uno cede para hacer políticas públicas de largo plazo donde no se considera el punto de vista técnico que es lo que corresponde, por supuesto que la solución deja de ser eficiente".

Sorprende también a este experto la creación de una entidad pública para fines específicos la haga un Gobierno de centroderecha. "Crear nuevas organizaciones públicas para ejecutar tareas que perfectamente se pueden traspasar al sector privado más aun teniendo presente que las AFP, que uno podrá discrepar de ellas desde otros aspectos como de información, rentabilidad o los precios de las comisiones, pero del punto de vista de la gestión de los recursos de los trabajadores, los resultados por sobre 30 años de UF+8% es incomparable con cualquier otro instrumento a igual riesgo. Por lo tanto, privar a los trabajadores actuales y futuros de gestores que han demostrado mucha eficiencia es preocupante", puntualizó Ávila.

LAGUNAS PREVISIONALES

-Creo que es hay consenso respecto de cuáles son las causas que explican la baja en las pensiones. Aquí no hay doble opinión y la principal causal por la que las pensiones son bajas tiene que ver con las lagunas previsionales que son los periodos que los trabajadores no cotizan por distintas razones".

Las cifras de quienes se han pensionado en los últimos periodos indican que las mujeres en el mejor de los casos cotizan 16 años en promedio de 40 años laborales y los hombres 22 de 45 que es más o menos una vida laboral normal. Entonces si tenemos trabajadores que están aportando a su fondo de pensiones menos de la mitad del tiempo que trabaja y no resolvemos ese tema, aunque se cree el ente que sea, se aumente la cotización a cargo de los empleadores y de quien sea, todo lo anterior serán solo soluciones menores.

El círculo virtuoso, señala, es que mientras más trabajo tengamos constante y permanente todo el país se beneficia. "Yo no he visto nada dentro de la propuesta relacionada con medidas que incentiven la contratación, la formalidad del trabajo o para las cotizaciones de los independientes, que son la gran fuerza de trabajo y pareciera ser que el tema de la pensiones no es relevante para ese sector", advierte Ávila.

Impacto en los salarios

Otro elemento importante es el impacto que tendría el aumento en el porcentaje de cotización en los salarios y las contrataciones futuras.

Según Gonzalo Chávez, es difícil predecir el impacto de una reforma tan global. Si bien se presupone que el 4% extra será financiado por el empleador, en la práctica será financiado por el participante más inelástico del mercado laboral y que en el fondo es la capacidad de adaptación que tienen los participantes de un mercado frente a cambios en el precio. En el caso del mercado laboral, los participantes menos inelásticos tienden a ser los trabajadores, por lo que probablemente el 4% tienda a bajar el salario y a aumentar el desempleo. Pero, hay que ver no solo el aumento o la disminución, sino la cantidad en que variarán los salarios y/o el desempleo y considerar cuánto aumentarán las pensiones por este costo social.

Kremerman afirma que nadie puede determinar su magnitud exacta, "por eso en general los economistas se equivocan en sus proyecciones, pero sí hay una salvaguarda que estaba tanto en la propuesta anterior -del segundo gobierno de Michelle Bachelet- del proyecto que no prosperó, como en este, que el aumento de la cotización es gradual, no se hace en un año ni en dos, sino que se hace en 8 años, y eso permite amortiguar los supuestos efectos tanto sobre los salarios como sobre el empleo".

Para Ávila en cambio "todo tiene un costo y de alguna parte se tiene que pagar. Hoy el empleador cotiza para la seguridad social casi un 5%, que se distribuye en un 1,51% para el seguro de invalidez y sobrevivencia; un 2,4% para la AFC y 0,95% como mínimo para la ley de accidentes del trabajo. En suma estos guarismos llegan casi al 5%, y a eso le agregamos un 4% adicional o un 5 o un 6%, entonces el costo de un empleador por cada trabajador contratado puede bordear el 10% al 11%. Entonces no es que vaya a ser un 4% a cargo del empleador, sino que hay que sumarlo a los costos vigentes.