"Nos preparamos durante todo el año pasado y parte de este para enfrentar los nuevos desafíos, especialmente de tipo operacional, en cuanto a lo que es la atención en plataforma, lo que nos lleva a que hoy estemos sin problemas".

Así lo apreció en Concepción el director nacional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Manuel Cañón, sobre lo que ha sido el incremento de un millón a 1.550.000 las personas que deben atender debido a la incorporación de los trabajadores que emiten boletas de honorarios a los regímenes de protección social.

Esto comenzó el pasado 1 de julio, una fecha clave para el ISL, pues soportó de buena forma el ingreso de esas más de 500 mil personas y que no tenían cobertura, pero que ahora poseen el seguro de invalidez y sobrevivencia, la ley Sanna, que permite que los padres puedan hacer uso de una licencia médica si tiene algún hijo con alguna enfermedad terminal o un trasplante, la de accidente del trabajo o enfermedades profesionales, la salud común y la pensión de vejez.

El directivo sostuvo en conversación con este medio que para esto han creado software para mejorar la atención presencial y habilitaron un sitio para que los trabajadores hagan sus consultas.

De ese nuevo universo, unas 50 mil personas corresponden al Biobío, cifra que se podría incrementar en cada operación renta, aunque aquellos contribuyentes que no entraron este año, lo pueden hacer de manera voluntaria.

- Al principio hubo bastante resistencia, porque la gente sintió que le estaban quitando algo, pero desde que comenzó la ley, llevamos 60 casos entre accidentes del trabajo, de trayecto y enfermedades profesionales, que hace 28 días no tenían ninguna cobertura y la que entregamos es de 100%, en que la persona no paga absolutamente nada, el concepto de copago no existe.

- Eso es muy importante, porque la ley incorpora a estos trabajadores al paragua de la protección social y la gente le toma valor cuando utiliza el sistema, pero es más trascendente cuando el afectado accede a la salud frente a un accidente.

- Hubo un gran hito en la seguridad laboral en 1968, cuando se promulga la ley 16.744. En ese año las tasas de accidentes eran del 30% al 40%. De ahí se comenzó a avanzar y otro hito se produjo el 2010 con el accidente de la mina San José, cuando las tasas eran de entre 6% y 7%. En esa oportunidad se puso el tema de la prevención de manera muy fuerte y con objetivos muy claros, lo que se ha traducido en que las tasas sean hoy del orden del 3%, cifra similar en Biobío, y a nivel de Latinoamérica somos líderes. Ahora, evidentemente aún nos falta, porque en Europa es de 1,7% y nuestro objetivo es llegar a cero accidente.

- Así es y nosotros también. Nuestros prevencionistas cuando salen a terreno se enfocan en que las empresas se sumen a eso.

- Sí, las empresas lo han ido incorporando, pero aún falta. En el segmento que abarcamos es un poco más complicado, porque son unos 600 mil los empleadores que cotizan todos los meses en Previred y de ese número, 360 mil lo hacen con el ISL, es decir, tenemos más del 65% de los empleadores, lo que implica un millón de trabajadores, por lo que tenemos una plaza de 2,7 trabajadores por empresa, muy atomizado en el país, así que llegar a toda esa gente es complicado. Por eso estamos innovando con la web o los teléfonos inteligentes, usar el concepto de viralización para aplicar la prevención de la manera más masiva posible.

- Somos un organismo administrador como son las mutualidades. La diferencia es que ellas tienen instalaciones propias y nosotros tenemos convenios, como con toda la red pública, la Achs y con clínicas privadas a lo largo de Chile. Cuando alguien tiene un accidente, entra a nuestro sitio web, ve los prestadores y acuden a una oficina nuestra para obtener la asesoría.

- Por ejemplo, en la minería la tasa es baja, pero cuando ocurre un accidente es muy grave. Ahora, los rubros más complicados son la construcción, transporte, agricultura por el tema de los fertilizantes o los buzos que se dedican a la pesca o extracción .