La Municipalidad de Hualpén pidió la paralización de las actividades de la planta ENAP, ubicada en su comuna, a raíz del emanaciones de gases que generaron nauseas y dolores de cabezas a los vecinos, el pasado sábado 13 de julio. A través de un recurso de protección presentado ayer, la alcaldesa Katherine Torres y dirigentes vecinales, afirmaron que quieren proteger la salud de las personas que viven cerca de la empresa.

Torres señaló que se tomó contacto con la Autoridad Sanitaria que inició un sumario y agregó que "la empresa tiene que considerar que en Hualpén viven personas, familias, adultos mayores y niños, por lo tanto tienen que modernizar sus procesos".

"A principio de este año ocurrió un evento similar y la respuesta, siempre por parte de la empresa, a través de su comunicado, es que está todo reparado y todo resuelto. Hoy día vemos que no es así".

El sábado pasado, a las 13 horas, personal de la empresa detectó la filtración de líquido en la línea colectora de drenajes de planta y olores en las inmediaciones de la refinería. Los vecinos acudieron al Cesfam de la comuna y a la municipalidad, producto del olor a gas, que generó malestares en la población. La respuesta por parte de la empresa llegó a las 17 horas, cuando desde ENAP afirmaron que desarrollaron el plan de emergencia, dando por superada la contingencia interna, tras completar la reparación de la tubería y asegurando que la situación no representaba un peligro para las personas en torno a las instalaciones.

La presidenta de la Junta de Vecinos 43 B de Hualpén, Patricia Riquelme, afirmó que "acá hay claramente una responsabilidad del Estado". "Estas partículas contaminantes y las emanaciones que se están presentando van a traer consecuencias y es necesario que se investigue, que se asuman las responsabilidades, que se apliquen las multas, las sanciones correspondientes y que también se haga un estudio en la población".

VERSIÓN DE LA EMPRESA

A través de una declaración pública, ENAP lamentó los hechos ocurridos y señaló que se está impulsando un plan de inversiones a cinco años, por un total de US$150 millones, cuyo objetivo es mejorar la seguridad de sus operaciones y suavizar los impactos ambientales que puedan generar. Además, se agregó que estuvieron en contacto tanto con los vecinos como con las autoridades comunales durante todo el periodo en el que se desarrollaron las reparaciones correspondientes.

Paralelo a las acciones directas que tomó la municipalidad por la situación ambiental, se está elaborando el Plan Regulador Comunal que busca establecer zonas de protección y limitar la intervención de la industria. Este se viene elaborando desde el año 2017 y hoy se encuentra en su penúltima etapa. El plan regulador que rige actualmente para la comuna de Hualpén, data desde 1982 y obedece a la comuna de Talcahuano.

Integrantes de gremios y de agrupaciones que reúnen a víctimas de violencia rural de la Provincia de Arauco fueron críticos respecto del beneficio anunciado por el Gobierno para la condonación de intereses y multas en deudas tributarias y de contribuciones, por considerarlo insuficiente. Aseguran que no representa una ayuda real a la situación que afecta a la zona sur de la Región del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Hace algunos días los ministros de Hacienda, Felipe Larraín; de Interior, Andrés Chadwick, y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel dieron a conocer la opción, la cual implica condonar hasta en un 100% las multas e intereses en contribuciones y deudas tributarias, previa evaluación de la Tesorería General de la República.

Solange Echepare, quien forma parte de la agrupación "Paz y dialogo Biobío", la cual reúne a miembros de gremios de Cañete, Contulmo, Los Álamos y Tirúa que fueron afectados por la violencia rural, recordó que este beneficio fue planteado en 2016 por la entidad "Mujeres por La Araucanía".

En esa ocasión la propuesta era congelar el pago de las contribuciones a quienes habían sufrido la toma o quema de sus campos, o alguna otra situación similar.

"Con el tiempo esto se fue dilatando y lo que se logró ahora se relaciona solo con las multas o intereses. No es un gran aporte, porque Tesorería ya puede hacerlo hasta en un 80%, por lo que no afecta mayormente", aseguró la integrante de "Paz y diálogo Biobío".

En una línea similar se expresó René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag). También mencionó que la institucionalidad tributaria ya está habilitada para hacer condonaciones como las anunciadas por el Gobierno.

Agregó que una medida de real apoyo para quienes han sufrido alguna merma por ataques en la zona de la Provincia de Arauco apunta a financiamiento o un seguro del Estado que pueda sea aplicable a la zona.

"Los seguros han subido su valor tres veces y los montos que se pagan disminuyen. Eso encarece a toda la industria. Un verdadero apoyo sería hacerse cargo de las pérdidas, pero eso no se aprecia en la realidad. Estas son cosas que se anuncian con bombos y platillos, pero que muchas veces no llegan a las víctimas", opinó Muñoz.

OTRAS ALTERNATIVAS

La gobernadora de la Provincia de Arauco, María Bélgica Tripailaf, defendió los esfuerzos del Gobierno respecto a los beneficios que se han diseñado para víctimas de los ataques ocurridos en el extremo sur de la Región.

Señaló que la actual administración del Estado es la primera que plantea un beneficio tributario como el descrito, además que es uno entre varios otros que se han aplicado en la provincia.

"Se está trabajando con el Ministerio del Interior para buscar todas las alternativas para remediar las problemáticas de las víctimas. Esta es una de ellas pero hay otras más, por ejemplo con la reposición de equipos y maquinarias a través de Sercotec. Para quienes sufrieron la pérdida de la vivienda en la cual residían de manera permanente (no una segunda vivienda) hay subsidios con el Ministerio de Vivienda. También hay créditos blandos con el BancoEstado para la reposición de equipamientos", detalló la autoridad provincial.

María Bélgica Tripailaf sostuvo que en la Provincia de Arauco hay aproximadamente una veintena de personas que ya accedieron a colaboraciones de distinto tipo. Respecto a las condonaciones criticadas, la autoridad recordó que es una opción que recién se trabaja, por lo que hoy se chequea la información acerca de las personas que tienen morosidad con Tesorería.

Desde otra de las agrupaciones que asocia a víctimas, "Paz en Lleu Lleu", se puso en duda el cumplimiento del beneficio anunciado. Se argumentó que en ocasiones anteriores otras instancias pensadas para colaborar no se cumplieron a cabalidad por falta de información o por una serie de "trabas" que se imponen para alcanzar el apoyo ofrecido.

Como punto a favor se destacó el trabajo de Indap, institución que ha entregado subsidios por montos de $5 millones por persona.

Carlos Silva, presidente de la Cámara de Comercio de Cañete, opinó que se colabora, pero no en la medida de lo requerido. Comentó que se requiere colocar inversión y tratar de generar instancias que ayuden a terminar con la violencia rural, ya que el resto "son medidas paliativas", dijo.

Silva contó que hace tres semanas se reunió con el intendente de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, ocasión en la que también estuvieron presentes representantes del gremio del transporte y el alcalde de Cañete, Jorge Radonich.

En ese encuentro se le presentaron propuestas a la autoridad para atraer empresas a la zona, generar trabajo y reducir los índices de pobreza. "Eso para que la cadena productiva empiece a funcionar, porque con este tipo de violencia solo se consigue que el turismo, el comercio y el transporte sufran mermas", afirmó.