La carencia de un lenguaje común y la falta de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y otras entidades públicas de la zona fueron solo dos de las razones que llevaron a la Fiscalía Regional del Biobío a diseñar un inédito protocolo para atender a mujeres que solicitaran la interrupción voluntaria del embarazo por una violación.

En septiembre de 2017 se promulgó la ley 21.030 que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, en tres causales: riesgo de la madre, inviabilidad fetal o violación. En cuanto a esta última causal, desde la puesta en marcha de la normativa se han presentado siete casos en el Biobío, de acuerdo a los registros del Ministerio Público.

Fue en abril de este año, cuando la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, Uravit, de la Fiscalía regional tomó contacto con los representantes de los cuatro Servicios de Salud del Biobío para establecer un trabajo conjunto, que permitió desarrollar un documento que definió las formas de denuncia, los equipos responsables, los procedimientos para las tomas de muestras y el correcto traslado de los antecedentes hasta el Servicio Médico Legal para el posterior peritaje.

Actualmente el protocolo se encuentra en funcionamiento en los cinco hospitales públicos que cuentan con unidad de alta complejidad obstétrica para este tipo de procedimientos.

La iniciativa de la Fiscalía Regional hoy es mirada desde otras regiones y su desarrollo podría ser replicado de igual manera en otras zonas del país.

EN MARCHA

Alicia Salgado, abogada asesora de la Fiscalía Biobío, explicó que el protocolo definió las formas sobre cómo debe proceder el personal médico frente a una denuncia realizada en el Hospital y la eventual solicitud de interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la tercera causal. "Si la víctima es menor de edad quien denuncia es el director del hospital ante la fiscalía, con ciertas indicaciones específicas, un relato de los hechos y la semanas de embarazo", indicó.

Salgado agregó que en el caso de las mayores de edad no existirá una denuncia, pero sí el caso deberá ser reportado a la fiscalía por medio de una notificación que realizará el mismo director del recinto. "En ese caso se genera la denuncia a través del director del hospital que es quien envía este oficio vía correo electrónico a los administradores de las fiscalías locales", detalló.

Junto con ello, la abogada asesora comentó que el documento estableció la forma y el resguardo de los restos embrionarios y las muestras de sangre para los peritajes posteriores. En ese trabajo se incluyó al jefe regional del Codis del Servicio Médico Legal, SML, de Concepción.

"Una vez en el SML, el material es ingresado al Codis para, por ejemplo, identificar a un imputado que pudiera ser desconocido (…) cuando el sospecho es conocido, lo que se hace es un comparativo de ADN", mencionó.

Salgado comentó que a la fecha no se han presentado casos de mujeres que manifiesten la interrupción voluntaria del embarazo por esta causal desde la puesta en marcha. Asimismo, afirmó que contar con el protocolo también podría ayudar a detectar eventuales denuncias falsas de violación. "En esos casos tenemos la obligación de investigar el delito de aborto", dijo.

MENOS REVICTIMIZACIÓN

María Alejandra Monsalve, jefa de la Uravit Biobío, señaló que este trabajo permite visualizar de manera inmediata a una víctima y a mejorar los canales de comunicación entre las distintas unidades que intervienen de este proceso.

"Eso nos ayuda que desde la unidad de víctima podamos dar la asistencia y protección que corresponde a esa persona y por otro lado nos permite no sobreintervenir de manera que si ya hubo una acción desplegada desde una psicóloga o trabajadora social del hospital no repetir la intervención, porque es victimizante", precisó.

Junto con ello, Monsalve destacó que el tiempo de respuesta también espera verse acortado. "El hospital Las Higueras era el único que tenía un protocolo establecido internamente, los otros quedaban al criterio y el conocimiento del profesional que le tocó atender a esa víctima sobre la manera de actuar. Eso entorpecía la información desde el hospital a la fiscalía", indicó.

Alrededor de 10 meses transcurrieron desde la desaparición de la joven de 21 años Tamara Zurita Ortega hasta sus funerales, realizados ayer tras un oficio en la parroquia San José de Concepción.

De esta manera la familia de Tamara Zurita pudo cerrar un duelo que comenzó a fines de septiembre del año pasado y que continuó con una larga búsqueda. Finalmente, en enero de este año se pudo ubicar el cuerpo de la joven de Chiguayante en el río Biobío, zona cercana al lugar donde fue vista por última vez con vida.

La investigación por el deceso de Zurita se mantiene abierta. El fiscal Jorge Lorca, a cargo de las indagatorias, explicó que las pericias efectuadas a los restos no evidenciaron participación de terceros en su fallecimiento. También se descartó la presencia de sustancias ilícitas, según reveló el informe toxicológico.

Sí aún está pendiente determinar las causas del fallecimiento, lo que tiene que ser informado por el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, la única unidad en el país que cuenta con las herramientas para examinar restos óseos, que es prácticamente lo que se encontró de la muchacha.

También se aguarda el resultado de un informe entomológico encargado a la Universidad de La Frontera de Temuco. Este trabajo permitirá fijar la data de muerte de Tamara Zurita, pese a que la Fiscalía ya cuenta con una fecha presunta de muerte.

EN ESPAÑA

Además de lo anterior se está a la espera de resultados que deben emanar desde la Universidad de Murcia, en España respecto a determinar si Tamara Zurita estaba o no embarazada.

No hay fecha exacta para que lleguen esos resultados, dijo Lorca. Por la tecnología presente en Chile es imposible comprobar o descartar esa situación, pero en el país europeo sí se poseen esos avances. Existe un convenio entre el Servicio Médico Legal de Chile y Murcia, lo cual fue aprovechado para esta instancia.

Los restos de Tamara Zurita estuvieron cuatro meses y medio en Santiago, periodo en el cual se estuvieron practicando las pericias requeridas para el caso.

Durante la tarde del viernes los restos llegaron a Concepción y fueron entregados a su familia para los servicios fúnebres que se efectuaron ayer. Sus padres prefirieron enterrarla y no cremarla como se quiso en un principio, ante la eventualidad que se requiera en el futuro hacer una pericia más.

DEPORTISTA

El caso de Tamara Zurita generó gran expectación durante fines del año pasado a raíz de los extensos operativos de búsqueda que se desarrollaron por toda la ribera norte del río Biobío.

Solo en enero de este año se lograron encontrar restos óseos y algunas prendas de vestir. Gracias a pericias odontológicas se logró determinar la identidad de la joven.

La familia de la joven la describe como una chica tranquila, amante de los deportes como artes marciales y el fútbol. Esa inclinación la hizo estudiar para ser preparadora física, carrera que no terminó.

También se destaca su lado más social y religioso, siendo integrante del programa EJE (Encuentro de Jóvenes en Espíritu) desarrollado en la parroquia San José. Además de aquello acudió los veranos como voluntaria a la Teletón de San Pedro de la Paz, acción que había comenzado a realizar de manera más constante antes de desaparecer.