El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cumplió ayer seis meses en el poder con la economía al borde de otra recesión y una compleja relación con el Parlamento, de cuya aprobación dependen sus planes para intentar encarrilar al país.
El primer gobernante de ultraderecha que tiene Brasil ha roto con el llamado "presidencialismo de coalición", modelo mediante el cual los gobiernos anteriores distribuían ministerios entre los partidos a cambio de apoyo parlamentario y eso le ha pasado factura.
El Congreso ha asumido un papel de "regulador" de la política y anulado varios decretos dictados por Bolsonaro, quien ha llegado a sugerir que los parlamentarios aspiran a convertirlo en una especie de "reina de Inglaterra", que encarna al Estado pero no gobierna.
La opción de Bolsonaro por los decretos ejecutivos, incluso para algunos asuntos sensibles como la liberación de la venta y el porte de armas, suspendidos luego por el Senado, se explica en la falta de una base parlamentaria oficialista sólida, que el Gobierno aún no ha podido estructurar en sus primeros seis meses.
Esa construcción es difícil por la existencia de una treintena de partidos representados en el Congreso, pero se complica todavía más con la decisión de Bolsonaro de formar un gabinete "técnico" en el que priman los militares, que son mayoría entre sus 22 ministros.
Ello origina problemas políticos que han repercutido en el ánimo de los sectores económicos que en la elección de 2018 se volcaron en favor del capitán de reserva del Ejército.
Tras la grave crisis del período 2015-2016, en el que la economía brasileña perdió siete puntos porcentuales, y tras un bajo crecimiento del 1% en 2017 y 2018, el Producto Interno Bruto cayó un 0,2% en el primer trimestre del año y se teme que ocurra lo mismo en el segundo, lo que supondría una nueva "recesión técnica".
El Banco Central ya redujo su proyección de crecimiento para 2019 al 0,8%, desde el 2% que proyectaba en enero.
