La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección que la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) presentó a inicios de esta semana, en apoyo al funcionario del Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente que fue sancionado por una denuncia de maltrato.

La presidenta regional del gremio, Evelyn Betancourt, dijo que el recurso judicial tiene como objetivo "revertir la medida sancionatoria impuesta al dirigente Adolfo Bécar y visibilizar los vicios del procedimiento que tenía el sumario administrativo y los errores que no se ajustan a derecho".

El director del Hospital Regional, Carlos Capurro, aseguró que como institución pública cumplirán con los requerimiento y se entregarán todos los documentos correspondientes en el plazo de los ocho días establecidos por la corte.

La medida incluyó una orden de no innovar mientras se revisa el proceso, lo que deja sin efecto las sanciones al funcionario, que consisten en la reducción de la mitad del sueldo desde julio y una suspensión laboral por tres meses.

efecto en atenciones

Paralelo al recurso, la Fenats se mantiene en paro en el Hospital Regional. El director del recinto contó que debido a la paralización de actividades el martes y miércoles, se suspendieron 59 cirugías. Sobre el impacto de esto, indicó que "tengo entendido que el Consejo Consultivo presentó o presentará un recurso de protección para estas personas.

También planteó el recinto ha funcionado con normalidad, ya que la adhesión al paro ha sido baja. Incluso, detalló que ayer sólo 104 funcionarios -de los más de 1.300 que trabajan en el horario de mañana y mediodía- estuvieron en paro.

Betancourt explicó que los trabajadores movilizados de los demás recintos de salud en la Región han recibido amenazas tras la paralización de actividades como apoyo al funcionario amonestado.

Lorenza Cayuhán, la mujer que dio a luz estando engrillada, está a la espera de que se fije fecha para la audiencia en la que se realizarán los alegatos por el recurso de nulidad que presentaron su abogado, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh).

Esta acción judicial, presentada el 5 de junio, busca que se repita el juicio a Christian Pino, Cristina Segundo y Andrea Concha, los tres gendarmes que fueron acusados del delito de vejaciones injustas en contra de Cayuhán, tras el procedimiento efectuado en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán el 14 de octubre de 2016.

En ese momento ella estaba recluida en la cárcel de Arauco cumpliendo condena por robo con intimidación.

Desde la Corte de Apelaciones confirmaron que el 21 de junio, la primera sala declaró admisibles los recursos de nulidad interpuestos por el abogado de Lorenza, la fiscalía y el Indh.

En los próximos días debería definirse la fecha de la causa, la que debería fijarse dentro del mes de julio.

Argumentos

Nelson Vigueras, fiscal de Delitos Funcionarios de la Fiscalía Regional, detalló que el recurso se sustentó en el artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal, que determina que puede solicitarse la nulidad de un proceso "cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo".

También se invocó el artículo 374 letra e), que plantea la solicitud de la nulidad "cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e)". En este caso, la valoración de la prueba, detalló Vigueras.

Lo que piden, detalló, es que se anule el juicio y la sentencia y que se realice un nuevo proceso penal.

Carolina Alvear, abogada del Indh, contó que en el caso de su organización, ellos también invocaron el artículo 373 sobre la aplicación errónea del derecho. "Sí estaba justificado el delito de vejación injusta", aseveró.

El juicio

El 16 de mayo el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dio a conocer el veredicto absolutorio para los tres gendarmes que acompañaron a Cayuhán durante su proceso de parto. El procedimiento correspondió a un juicio simplificado y se extendió durante un mes.

En su acta de deliberación, el juez descartó la existencia de un dolo eventual en el caso y argumentó que "la doctrina es unánime en la exigencia del dolo directo, ya que es imposible vejar a un tercero con ningún otro propósito que no sea el que implica este tipo de dolo".

El dictamen agregó que "con ello, cayendo esta última situación en lo referente al dolo, ya que no se apreció este tipo de dolo en ninguno de los requeridos penalmente, no es posible arribar a una sanción, por lo que se debe emitir un veredicto absolutorio".