En pleno desarrollo de la política energética de Honduras, un grupo de profesionales del Ministerio de Energía se contactó con sus pares chilenos para conocer la experiencia nacional en el desarrollo de proyectos energéticos, y sobre todo en las áreas de políticas de responsabilidad social empresarial y manejo de conflictos socioambientales.

"Nos contactaron mediante los departamentos internacionales de cada ministerio, y a nosotros nos pareció muy interesante el poder compartir nuestra experiencia, y de esta manera colaborar en el desarrollo de sus propios planes y política energética", explicó Cecilia Dastres, jefa de la Unidad de Contenidos de Metodología y Asociatividad de la División de Participación y Relacionamiento Comunitario del Ministerio de Energía de Chile.

La primera actividad de este proyecto de colaboración implicó la visita de los profesionales hondureños a Chile para mostrarles los enfoques e instrumentos aplicados por nuestro Ministerio. La visita consideró además una salida a terreno para conocer proyectos exitosos de diálogo y relacionamiento comunitario.

La delegación conoció algunos atractivos del Parque Angostura como el Centro de Visitantes, el Arboretum y la playa de libre acceso de Quilaco. Además se dio la oportunidad que los profesionales chilenos y hondureños compartieran un conversatorio con representantes de la comunidad de Santa Bárbara y Quilaco. Participaron dirigentes de organizaciones sociales funcionales (APR, comité de vivienda y Comité de reasentados) y territoriales (Juntas de vecinos del área de influencia directa), entre otros.

Buena experiencia

"Uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos es el relacionamiento temprano con las comunidades", detalló Vera Matute, jefa de la unidad de RS del Ministerio de Honduras.

Existen muchos focos según la última cuenta pública y el tiempo pasa, y ya van 9 meses de conversar sobre esta nueva reforma tributaria, o modernización como le llama el gobierno, pero sin acuerdos, sin aprobaciones o más bien con rechazos, partiendo con lo propuesto por el gobierno sobre los cambios a la Norma Antielusión.

El proyecto presentado por el gobierno propone, entre otros, que sea un comité u órgano colegiado que defina la aplicación de la norma, lo que podría considerarse razonable puesto que son varios actores que opinarían, considerando aspectos tanto tributarios, como económicos y financieros. Es una figura que existe en varios países y sería prudente analizar este cambio. Recordemos que la norma busca impedir que mediante figuras se logre evitar el pago de impuestos como único objetivo, por lo tanto, se debe analizar el fondo económico de las operaciones realizadas y que estas tengan una razón legítima de negocio.

Establecer cuál es el fin y probarlo es la dificultad y actualmente es el Servicio de Impuestos Internos (SII) quien define preliminarmente la aplicación de esta norma, pero el SII es experto en materias tributarias y creo que incorporar otros estamentos permitiría un análisis más desarrollado y no dejando en sólo una institución el peso de probar si existe una operación elusiva, situación que es riesgosa en materias de independencia y control.

El SII ha estado trabajando duro en ir dando visibilidad a qué figuras podrían considerarse anti-elusivas. Asimismo, ha estado informando a través de diversos medios a los contribuyentes, pero queda un largo camino por crecer en este conocimiento y ser el único ente responsable me parece que es acotar el análisis y dificultar el cierre de conflictos que deben ser evaluados a mi parecer por expertos en las diferentes materias.

Pilar Cabello, directora Auditoría de Cabello & Compañía Abogados Tributarios.