Las cuatro víctimas fatales por influenza A de la última semana mantienen en alerta a las autoridades de Salud, más aún cuando la inmunización es menor a la esperada para los grupos de riesgo y porque más de 2 mil usuarios han rechazado formalmente la dosis contra el virus.

El registro de la Subsecretaría de Salud Pública refleja que en la Región del Biobío sólo 412 mil de los 517 mil usuarios que deben recibir la vacuna para prevenir la influenza A se la han aplicado, siendo la cobertura de un 79,69%, que se considera insuficiente para tener una protección total en la población de riesgo y general.

A este escenario, el seremi de Salud Héctor Muñoz le sumó otra preocupación: que al 30 de mayo, un total de 2.195 personas pertenecientes a los grupos de riesgo (adultos mayores, niños entre 6 meses a 5 años de edad, embarazadas a partir de la semana 13 de gestación, pacientes crónicos entre otros) han rechazado formalmente la vacuna.

"Nos preocupa, porque las personas que están en el grupo objetivo deberían vacunarse. La idea es que no rechacen la inmunización", planteó la autoridad regional de Salud.

Según Muñoz, los factores que inciden en esta decisión son los grupos antivacunas, que desinforman, y la posición de algunos adultos mayores, que dicen que se van a enfermar igual.

"La vacuna es para prevenir la influenza tipo A, que es peligrosa y grave, y esa información es la que estamos tratando de reforzar en este grupo que tiene baja cobertura, que son los mayores de 65 años", sostuvo el seremi.

La dosis ayuda a que el paciente tenga defensas y una respuesta inmune más rápida contra la enfermedad, reduciendo de esa forma el riesgo de fallecimiento.

RECURSOS DE PROTECCIÓN

Ante esta escenario y principalmente por la afectación a menores de edad, la subsecretaria de Salud Pública, Paulina Daza, anunció hace unas semanas atrás que evalúan presentar recursos de protección en contra de los padres que nieguen la aplicación de las vacunas a sus hijos.

No obstante, esta decisión se relaciona con que las inoculaciones contempladas en el Plan Nacional de Inmunización (PNI) son obligatorias, por lo que no es una opción no vacunar. El Código Sanitario, en su artículo 32 establece la obligatoriedad de su aplicación.

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, contó que la medida sigue en evaluación y recordó que es una acción que han adoptado en otros países para obligar a las personas a inmunizarse contra virus que están generando problemas, como ha sido el caso del sarampión a nivel mundial.

La encargada regional Programa Nacional de Inmunizaciones, Paola Sepúlveda, recordó que se considera un rechazo cuando los padres firman un documento que se llama "rechazo informado".

Antes de este procedimiento, los equipos de salud realizan consejerías para cambiar la decisión en los padres que la rechazan. Si esto no funciona, se podría aplicar acciones legales.

"Frente a un caso en que los padres rechacen vacunar a su hijo y el niño tenga un alto riesgo de enfermar o no ha recibido ninguna vacuna, los equipos y autoridades, según la legislación vigente, pueden interceder por ellos", sostuvo Sepúlveda.

Desde la Seremi de Salud informaron que la única excepción para evitar la vacunación de forma temporal es exhibiendo un certificado médico que lo justifique. El documento deberá ser visado por la Autoridad Sanitaria.