Tolerancia cero al narcotráfico y la corrupción, nuevas tecnologías de seguridad, mejoras en la infraestructura y coordinación en los procesos de investigación entre Gendarmería y el Ministerio Público, son los ejes que aborda el Plan Antidrogas y Anticorrupción que está aplicando el Gobierno en las cárceles y que fue dado a conocer ayer por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.

Larraín aseguró que "uno de los puntos claves" lo constituye la tolerancia cero a la corrupción, "buscando la incautación de especies prohibidas y en particular estableciendo un cronograma de allanamientos. Se hará allanamientos en los recintos más peligrosos dos veces por semana, en los de mediana peligrosidad una vez por semana, y en los de baja complejidad una vez cada 15 días (…) Creemos que con esta intensidad, con la colaboración de todos los funcionarios penitenciarios, vamos a poder dar la señal de que no se acepta ni la corrupción ni el narcotráfico".

El ministro agregó: "Seguiremos trabajando para que la ciudadanía tenga tranquilidad y los planteles penitenciarios trabajen para custodiar y para preparar a los internos para la reinserción, no para que se cometan actos indebidos y eventualmente actos delictuales al interior de ellos".

Entre las medidas, el plan incluye compra de drones de seguridad y de dispositivos que desactivan drones, el bloqueo de la señal de teléfonos celulares dentro de las cárceles, la instalación de mallas anti lanzamientos en los principales recintos penitenciarios, la creación de las unidades de Inteligencia y de Investigación Criminal, la desvinculación inmediata de todos los funcionarios involucrados en actos de corrupción, y la revisión periódica de especies en poder de la población penal.

El Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana declaró nulas las elecciones efectuadas el 30 de mayo de 2017 en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en las que resultó ganadora la lista de la actual presidenta, Bárbara Figueroa.

"Se declara nula la elección efectuada en la Central Unitaria de Trabajadores el 30 de mayo de 2017, que estuvo destinada a la renovación del Consejo Directivo Nacional, debiendo la organización realizar un nuevo e íntegro acto eleccionario en el que se designará a la totalidad de los miembros del consejo directivo nacional y de los Consejos Territoriales, Provinciales y Zonales, que contemplan los estatutos", dice el fallo.

EXCEPCIONES

El dictamen añade que los dirigentes electos deberán dejar de ejercer sus cargos de inmediato, con la excepción "del presidente, secretario general, tesorero y vicepresidente de organización, quienes se mantendrán en sus cargos en carácter provisional y ejercerán las atribuciones que les competen, en todo cuanto fuere necesario para dar cumplimiento a lo ordenado".

La resolución declara que será el consejo electoral nacional de la Central Unitaria de Trabajadores el que dará inicio al proceso eleccionario, mediante la respectiva convocatoria a elecciones generales, en el término de treinta días contado desde que esta sentencia quede ejecutoriada.

La elección del 30 de mayo de 2017 tuvo como principal objetivo subsanar el proceso eleccionario de agosto de 2016, cuyas elecciones también fueron anuladas por el Tribunal Electoral tras comprobarse irregularidades.

En junio de 2017, dirigentes sindicales encabezados por Víctor Ulloa activaron un proceso judicial para impugnar las citadas elecciones en la que resultaron ganadores Bárbara Figueroa (PC) y la lista de Nolberto Díaz (DC). Esos reclamos surgieron después de que el Primer Tribunal Electoral fallara ante la causa activada por la disidencia de ese entonces, liderada por Andrés Giordano, presidente del sindicato de Starbucks, y otra demanda del propio Nolberto Díaz, que terminó con la anulación de la elección de agosto de 2016 por presentar irregularidades.

RESPUESTA

La directiva de la CUT rechazó el dictamen. "Vamos a apelar a esta situación porque tenemos la convicción de que la elección que realizamos fue cumpliendo en pleno mandato lo que el propio tribunal electoral nos había señalado", dijo la presidenta, Bárbara Figueroa.

"Al menos nos resulta llamativo que el mismo tribunal electoral que en su minuto señaló la necesidad de realizar la elección el 30 de mayo, hoy (ayer) la desconozca", continuó la líder sindical, quien afirmó que nadie dejará la directiva, porque es "legítima" y está "legalmente constituida".

Informó que contratarán un nuevo grupo de abogados "expertos en la materia" para enfrentar la apelación. "Entendemos que estamos frente a un proceso que tiene un curso de tramitación aún, que no es definitivo y, por lo tanto, llamamos a estar en calma y a la cautela en las opiniones. Nosotros queremos ser enfáticos, este es un fallo en primera instancia y, por tanto, todavía quedan procesos por recurrir", expuso Figueroa.

Cinco días tendrá la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores para presentar su apelación al fallo.