La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados evalúa citar al fiscal nacional, Jorge Abbott, para que aclare el acuerdo que el Ministerio Público y la Conferencia Episcopal suscribieron para la colaboración y el intercambio de información con miras a favorecer las investigaciones de delitos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia Católica chilena.

"Vamos a evaluar la posibilidad de invitar al fiscal nacional para que pueda aclarar todas las dudas y, por supuesto, recibir los cuestionamientos de parte de los diputados. La verdad es que fue una muy mala decisión del Ministerio Público, yo creo que el fiscal nacional estuvo mal asesorado en esta cuestión", dijo el presidente de la comisión de Constitución, el demócrata cristiano Matías Walker, según consignó Radio Cooperativa.

"Esto puede ser una traba en la administración de justicia en materia de abuso sexual, más que una ayuda a ese propósito, por lo tanto, nos sumamos al clamor de las víctimas para que este acuerdo se deje sin efecto", agregó el diputado falangista.

CONSTITUCIÓN Y LEYES

Según añadió el medio radiofónico, el diputado y también miembro de la comisión de Constitución Jorge Alessandri (UDI) coincidió con la idea de solicitar la comparecencia del fiscal nacional Abbott en dicha instancia de la Cámara Baja y cuestionó el acuerdo firmado entre el Ministerio Público y el Episcopado.

"Lo que me extrañó a mí es que también la Fiscalía entrega información a una institución como la Iglesia, que es un potencial investigado, entonces me parece que se sale un poco del objetivo que le mandan la Constitución y las leyes en nuestro país", comentó el legislador gremialista.

Jorge Alessandri dijo que si el diputado Matías Walker propone invitar al fiscal nacional a la comisión, "es una buena idea" para que Jorge Abbott explique "si este tipo de convenios va en la línea de lo que la ley autoriza a la Fiscalía Nacional" o más bien responde al hecho de estar "compartiendo información con un potencial y futuro investigado".

ASOCIACIÓN DE FISCALES

El sábado, a través de la red social online Twitter, la Asociación Nacional de Fiscales calificó como un error el convenio firmado entre la entidad persecutora y la organización religiosa.

Ayer, su presidente, Claudio Uribe, se explayó en el reproche: "Es un acuerdo absolutamente innecesario. Si somos fieles al artículo 182 del Código Procesal Penal en cuanto a la reserva de investigación, la verdad es que la información que se puede entregar es absolutamente genérica y de dominio público".

"No se requiere un convenio para entregar esa información, por lo mismo, nosotros esperamos que se cumpla lo que se ha dicho en cuanto a que se va a revisar este acuerdo; sinceramente creemos que fue un error firmarlo, y eso hay que corregirlo del mejor modo posible", complementó el dirigente de los persecutores.

De tal modo, Claudio Uribe aludió al anuncio hecho el viernes tras la reunión que el fiscal nacional sostuvo con integrantes de la Fundación para la Confianza y la Red de Víctimas de Abuso. Luego del encuentro, se informó que habrá una revisión del convenio.

La fundación, de hecho, solicitó a Abbott que el acuerdo con la Conferencia Episcopal quede sin efecto.

La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, analizará un proyecto de ley que busca obligar a los jueces de familia a escuchar a los niños, niñas y adolescentes con medidas de protección vigente, determinando sanciones para los magistrados que no cumplan.

La propuesta de normativa, además, establece parámetros para que las audiencias resguarden los derechos de los menores.

El diputado Andrés Celis, quien impulsa la moción legislativa, dijo que "la ONU fue clara en su informe de junio 2018. Chile vulnera los derechos de los niños y debemos avanzar legislativamente para que esto cambie. No puede ser que actualmente no se les informe ni se verifique que comprendieron sus propios procesos judiciales. Este proyecto plantea que los menores puedan y deben tener acceso al juez o al abogado, con protocolos claros para expresar sus quejas".

La propuesta legislativa, pretende que se modifique el actual artículo 79 de la Ley de Familia, que como está, según indica el parlamentario, sólo regula el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, cambiándolo por el deber de los jueces de escuchar a todos aquellos que tengan medidas de protección vigentes.

"Este proyecto trae varios cambios necesarios, en primer lugar, propone audiencias especiales para los menores, con ciertos resguardos como un registro adecuado para impedir la revictimización, aceptar solicitudes de reserva de identidad por parte de los niños, obligar a audiencias hasta dentro de seis meses en ciertas medidas de protección. Algo más que me parece atractivo, es que los magistrados podrían ser sancionados si no cumplen con la periodicidad que se determine para cada audiencia", explicó Celis Montt.

"Lo importante acá es que vamos a poner por encima de todo a los niños, priorizando su opinión y sus derechos, lo lógico es que los jueces revisen constante y directamente si sus medidas judiciales están causando el efecto que esperaban", indicó el diputado Celis, respecto de los objetivos que busca el proyecto presentado.-