La Fiscalía de Perú aceptó cambiar a arresto domiciliario la orden de prisión preventiva dictada durante 36 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien permanece internado en una clínica de Lima por padecer una dolencia cardíaca.

El anuncio lo hizo el fiscal Hernán Mendoza en la audiencia de apelación a la prisión preventiva, que se celebró en la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción, que deberá tomar la decisión final sobre este pedido.

Aunque el fiscal remarcó que la edad no es un requisito para aplicar el arresto domiciliario, tal como argumentó la defensa de Kuczynski, quien tiene 80 años, indicó luego que la Constitución peruana "señala que todos tienen derecho a la protección de la salud".

Mendoza dijo que el arresto sería "bajo la custodia de la autoridad policial en su domicilio y, en caso que se requiera, será trasladado las veces que sea necesario" a un centro médico.

"Insistimos en los 36 meses", agregó el fiscal sobre el plazo del arresto antes de pedir que se le imponga una caución de 100.000 soles (unos 30.300 dólares) "acorde con las exigencias del proceso".

A su turno, el abogado del exgobernante, César Nakazaki, solicitó que se cambie la medida por la comparecencia restringida, que Kuczynski venía cumpliendo desde hace más de un año, pero pidió que si los jueces consideran que deben mantener la prisión preventiva ordenen que sea en arresto domiciliario.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, el tribunal suspendió la audiencia y señaló que tomará su decisión "al voto" y la informará en los próximos días.

El jueves, la clínica en la que está internado el expresidente desde el 16 de abril advirtió que puede sufrir una "fibrilación ventricular y muerte súbita", como efecto de los males cardíacos que padece.

Kuczynski está imputado por su presunta implicación en lavado de dinero recibido por consultorías ofrecidas a la constructora brasileña Odebrecht cuando fue ministro del exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006).

En momentos en que hay varias iniciativas a favor de las armas mayormente varadas en el Congreso, el Presidente Donald Trump anunció que retirará a Estados Unidos de un tratado internacional de comercio de armas, en su discurso en el encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA). A ésta le dijo que el pacto "está sumamente equivocado".

Trump hizo el anuncio al tiempo que prometió luchar por los derechos de posesión de armas de fuego e imploró a los miembros de la organización -que enfrenta problemas para mantener su influencia- que respalden su reelección.

"Está bajo ataque", dijo acerca del derecho constitucional a poseer armas de fuego. "Pero no mientras estemos aquí", añadió.

FIRMADO POR OBAMA

Trump dijo que va a revocar el estatus de Estados Unidos como signatario del Tratado de Comercio de Armas de la ONU, que regula el comercio internacional de armas convencionales, desde pistolas hasta tanques, aviones de combate y buques de guerra.

El Presidente Barack Obama lo firmó en 2013, pero no ha sido ratificado por el Congreso. La NRA lo ha rechazado desde hace mucho tiempo.

"Bajo mi gobierno nunca le cederemos la soberanía estadounidense a nadie", dijo Trump, antes de firmar un documento en el que pide al Senado que suspenda el proceso de ratificación. "Nunca permitiremos que diplomáticos extranjeros pisoteen la libertad de la Segunda Enmienda (constitucional)".

La Segunda Enmienda a la Constitución de EE.UU. garantiza el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas.

Los activistas a favor de las armas criticaron el tratado cuando se negociaba, diciendo que era una violación de los derechos de los ciudadanos de poseer armas, pese al principio legal de que ningún tratado puede sobreseer la Constitución ni las leyes de EE.UU.

El tratado busca combatir el comercio ilegal de armas cortas, reduciendo así la violencia en algunas de las regiones más agitadas en el mundo.

ASOCIACIÓN VULNERABLE

La decisión contra el tratado se anuncia en momentos en que Trump trata de avivar una organización que fue clave en su victoria en las elecciones de 2016, pero que, tres años después, trastabilla dividida y disminuida hacia la próxima elección, el año próximo.

Es un cambio de fortunas que ha asombrado a los observadores y genera interrogantes sobre el poder de la agrupación para los comicios de 2020.

"Nunca he visto a la NRA tan vulnerable", opinó John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety, un grupo que promueve medidas de control de armas.

En los meses que siguieron a la elección de Trump, la NRA parecía tocar el cielo. Tras gastar decenas de millones de dólares en la contienda presidencial, su candidato llegó a la Casa Blanca. Los republicanos controlaban las dos cámaras del Congreso. El grupo tenía planes ambiciosos para aflojar las regulaciones de armas a niveles nacional y estatal.

En lugar de ello, gran parte de la legislación que la NRA deseaba se ha estancado, en parte debido a una serie de tiroteos graves, entre ellos la masacre en una escuela en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos y lanzó un influyente movimiento juvenil contra la violencia con armas de fuego.

Al mismo tiempo, la organización lidia con luchas internas, está perdiendo dinero y enfrenta una serie de investigaciones sobre sus prácticas, incluso acusaciones de que agentes rusos encubiertos que querían influir en las elecciones de 2016 cortejaron a sus funcionarios y canalizaron fondos a través del grupo. De hecho, antes de que Trump hablara ayer ante la NRA, Maria Butina, una declarada agente rusa, fue sentenciada en Washington.

La NRA, opinó Adam Winkler, un profesor de derecho de UCLA y experto en políticas de armas, además ha cambiado drásticamente sus mensajes en los últimos dos años. Su servicio NRATV ha estado promoviendo ideas políticas de extrema derecha que han alejado a algunos de sus miembros.

Y el estado de ánimo de la ciudadanía ha cambiado. Un sondeo en marzo de AP-NORC halló que un 67% de los estadounidenses creen que las leyes de armas de fuego deben ser más estrictas.

El diputado venezolano Gilber Caro, copartidario del líder opositor Juan Guaidó, fue detenido ayer por agentes de inteligencia casi un año después de haber sido excarcelado. "En horas de la madrugada (...) la dictadura secuestró al diputado Gilber Caro, violando su inmunidad parlamentaria", señaló en Twitter Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos.

A su vez, el presidente encargado señaló que "no podrán detener a todo un pueblo determinado a lograr el cese de la usurpación" y convocó para el 1 de mayo a la marcha "más grande en la historia" en su empeño por sacar del poder al Mandatario Nicolás Maduro.

El Parlamento de mayoría opositora responsabilizó al Gobierno por "la vida e integridad" del legislador de 45 años. Caro fue arrestado en un restaurante del sector de Las Mercedes, en Caracas, dijo la diputada Adriana Pichardo. "No tenemos idea de a qué se debe esta detención, pensamos que podrían montar otra olla (farsa), tratar de involucrarlo en otro plan macabro", afirmó la parlamentaria. Pichardo añadió que al parecer fue conducido al Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano.