Con tres sumarios concluyeron las fiscalizaciones realizadas el año pasado a las 23 empresas y plantas de tratamiento de aguas servidas de la Región. Ese fue el balance que entregó el seremi de Salud, Héctor Muñoz, respecto a la labor realizada por su cartera durante 2018.

Este año, anunció, ya se han registrado cuatro fiscalizaciones, sin dar inicio a sumario sanitario.

Los procesos investigativos del año pasado se focalizaron en la Planta Quilaco, Planta Llico y Planta Las Peñas. Muñoz detalló que "tenemos una planta en la provincia de Biobío y dos plantas en la provincia en Arauco que tuvieron sumario, fundamentalmente por el tratamiento de los lodos, que no queremos que generen olores a la comunidad".

El seremi dio a conocer la información durante una inspección a la planta de tratamiento de aguas servidas de Hualpén. Allí comunicó que nueve de las 23 inspecciones realizadas el año pasado se concentraron en la provincia de Concepción, nueve en Biobío y cinco en Arauco.

Controles

El seremi expuso que las causales habituales de sumarios dicen relación con mal manejo de lodos (rebalse en sitio de tratamiento), disposición final no correspondiente a lo establecido a resolución de autoridad sanitaria y condiciones de transporte inadecuada que genera foco de insalubridad por falta de hermeticidad.

Agregó que la ciudadanía está muy pendiente respecto a los malos olores, por lo tanto, el trabajo quieren enfocarlo más en la colaboración con las empresas para evitar episodios más que en aplicar sanciones.

Además recordó que para que las planta de tratamiento de aguas servidas entren en funcionamiento, la Seremi de Salud debe aprobar el proyecto de ingeniería, que debe dar cuenta del almacenamiento, tratamiento, transportes, disposición final y aspectos sanitarios de la aplicación de lodos al suelo.

Luego, en las inspecciones se verifica el cumplimiento de la clasificación sanitaria de lodos (Clase A o Clase B) declarada en el proyecto; que el almacenamiento de aguas servidas de lodos estabilizados sea inferior a 40 toneladas y por un plazo máximo de siete días, con posterior eliminación de acuerdo a lo aprobado previamente por la autoridad sanitaria, entre otros.

Lo que se revisa

La autoridad sanitaria revisa el manejo de lodos, la disposición de los residuos y las condiciones de transporte. El mal manejo de esto puede generar un foco de insalubridad.

Alejandro Riquelme, presidente de la Asociación Provincial de Taxibuses de Concepción, dijo que están a la espera de que el Gobierno les entregue la propuesta para avanzar en la regulación del transporte actual.

Reconoció que durante el gobierno anterior el trabajo fue más lento, pero que ahora están avanzando y espera que dentro de este año puedan lograr un acuerdo que permita poner en funcionamiento el también llamado Perímetro de Exclusión.

"Estamos pensando en renovar la mayor cantidad posible de buses, queremos incorporar nuevos que sean de piso bajo, para que la tercera edad, las personas con movilidad reducida o que trasladen coches, puedan utilizar el transporte público sin problemas", dijo.

Además, confirmó que están analizando la idea de incluir buses eléctricos, lo que también ha significado que el proceso tome más tiempo.

"Antes no teníamos acceso a esa tecnología, pero queremos incorporarla", finalizó.