Estudio fija calidad y baja matrícula como prioridades para nuevo servicio educativo
La puesta en marcha del proceso de desmunicipalización de la educación escolar en la Región del Biobío -con la instalación del Servicio Local de Educación Andalién Sur (SLE) desde enero de 2020- ha traído consigo una serie de discusiones, reuniones y preocupaciones latentes.
La más inmediata tiene que ver con la situación de los funcionarios de las direcciones de Educación Municipal (Daem) de las cuatro comunas involucradas, pues la ley sólo considera a un tercio de la actual planta, por lo que casi un centenar de ellos sean despedidos.
La unidad se hará de cargo de más de 90 establecimientos, que reúnen a 17 mil alumnos de Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui.
Sin embargo, hay otras preocupaciones que rodean la instalación de un nuevo servicio. Una de ellas es la baja sostenida de la matrícula, que asciende a dos mil 523 alumnos entre 2014 y 2019.
Según un estudio de Acción Educar, otros temas relevantes a considerar por este nuevo servicio, el primero que se instalará en una capital regional, están relacionados a la ruralidad, la baja de matrícula y el nivel de los establecimientos que conforman el territorio.
Juan Luis Fuentes, investigador del centro, explicó que el tema de la pobreza es relevante y "se ve reflejado también en la proporción de alumnos SEP (subvención preferencial) que tienen sus establecimientos municipales, sobre el 90% si es que no se considera a Concepción".
Además, comentó que "en el territorio Andalién Sur un 36% de los establecimientos son rurales y varios establecimientos tienen menos de 30 alumnos en total. Respecto a la PSU, el promedio alcanza los 500 puntos y eso puede ser reflejo de que sólo un subgrupo de estudiantes la rinde, probablemente de Concepción y zonas urbanas en su mayoría".
Fuentes también hizo hincapié en que al 2017 "el 7,5% de establecimientos ha tenido tres calificaciones insuficientes en los procesos de ordenación pasados. Esto es particularmente importante, ya que son establecimientos con alto riesgo de perder el reconocimiento por no cumplir con los estándares mínimos".
Directrices
En su primera semana en el cargo, el director provisorio del SLE Andalién Sur, Samuel Domínguez, explicó que "junto a los alcaldes y todos los actores identificaremos las necesidades educativas de cada territorio y sus particularidades; es distinto entregar un servicio educativo en Hualqui o Florida. Por ejemplo, en el área urbana hay un tema de conversación patrimonial que tenemos que relevar y a nivel rural ver el tema de la conectividad y servicios para entregar formación de calidad".
Jorge Roa, alcalde de Florida, reconoció que tras la primera reunión de los alcaldes con el director recién asumido surgió una serie de preocupaciones, más allá de la situación coyuntural de los funcionarios de los Daem.
"Hay un tema relevante, ya que si bien estamos hablando de la reducción del personal, también nos interesa saber cómo se enfocará la calidad de la educación, porque una cosa es el traspaso pero, también no es menos importante que se continúen las acciones que ya hemos ejecutado, siempre enfocados en lo pedagógico", dijo.
SITUACIÓN FUNCIONARIA
Uno de los puntos más inmediatos de preocupación para los alcaldes y actores involucrados en el proceso de traspaso tiene que ver con los cambios que sufre el proceso gracias a la ley miscelánea para los asistentes a la educación, aprobada a mediados de mes.
Hugo Olave, director de Educación Municipal de Chiguayante, los explicó que "la ley cambia un aspecto clave, ya que originalmente todos los profesores y funcionarios pasan sin solución de continuidad a los servicios locales; pero ahora pone un punto excluyendo a quienes fueron contratados después del 31 de diciembre de 2017".
Agregó que los que están después del periodo, la ley obliga a despedirlos y en caso de mantenerlos, el municipio será quien se encargue de su sueldo por cinco años.
El directivo manifestó que "nos sentimos engañados, traicionados y que se juega con todo el trabajo que han hecho los funcionarios estos años. Se nos dijo que las cosas serían de una forma, y esta ley lo que hace es que nos cambia las reglas del juego".
Esta situación afectaría al menos a una treintena de asistentes de la educación de las cuatro comunas, lo que abre otro foco de conflicto, a ocho meses de que el proceso de desmunicipalización se inicie en la Región.
El alcalde Jorge Roa dijo que "si el traspaso se hace ahora, se debe hacer bien. Acá podría ocurrir un efecto boomerang, en que una política necesaria como es la vuelta de la educación al ministerio, se convierta en un problema".