"Este es un nuevo terremoto para nosotros, pero sin seguro. En el 27/F pudimos recurrir a esos fondos para reconstruir nuestra planta y poder recontratar a toda la gente, y esta vez estamos en una situación de bastante mayor fragilidad". Es lo que parte señalando Andrés Fosk, gerente general de Landes, al recordar la aprobación de la ley que otorga la captura de la jibia al sector artesanal, asegurando que no podrá mantener esa línea de negocio que representa un tercio de las operaciones de la compañía, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y la congelación de inversiones por unos US$6 millones previstas para Talcahuano.

"Como trabajador de la industria, como contribuyente y como votante, esperaría poder acceder a parlamentarios y a un gobierno que me protegiera para poder hacer mi actividad comercial e industrial de manera tranquila y no esto que es un desamparo completo. Instalaron un ambiente de buenos y malos que está lejos de acercarse a la realidad; al revés. Ungieron a un par de personas como representantes del mundo artesanal en Chile que son especuladores, dueños de plantas que manejan grandes cooperativas y cuando se den cuenta, ya no podrán echar pie atrás", afirmó Fosk.

Con esa desesperanza, el ejecutivo pesquero partió el viernes junto a los seis presidentes de los sindicatos de Pesquera Landes a una reunión con el alcalde de Talcahuano, Henry Campos. Los trabajadores preguntaron al edil "de qué manera el Gobierno se hará cargo de los compañeros y compañeras que perderemos nuestros empleos de aquí a agosto, cuando ya no podamos trabajar en la jibia".

Según el ejecutivo, entre agosto de 2018 y agosto de este año -cuando la empresa ya no pueda capturar jibia- se perderán 200 puestos de trabajo. Se tendrán que dar de baja dos barcos, desvinculando a su tripulación además de los equipos de mantenimiento y de apoyo, que suman otras 60 personas.

Fosk agregó que la destrucción organizada del mundo pesquero industrial no beneficia en nada al sector artesanal, sino que todo lo contrario. "Muchos en el Congreso piensan que producto del financiamiento irregular de la política, de las investigaciones o de lo que fuese, hay que castigar al sector industrial para quedarse del lado de lo políticamente correcto, pero esa generación de valor que hace la industria no se traspasa al mundo artesanal. Si hubo corrupción la justicia debe resolver, pero eso no implica hacer desaparecer un sector productivo".

Luego, señaló que "los artesanales pueden abastecer las pymes, pero una industria que exporta y que coloca un tercio de su producción de jibia en los mercados internacionales tras una trabajo de años, no puede abastecerse con lanchas artesanales. Es como pedirle a BHP Billiton (una de las compañías mineras más grandes del mundo) que lo abastezcan los pirquineros. Aquí hay una destrucción de valor grave", sostuvo.

respaldo gremial

Los gremios locales sacaron también la voz. Ricardo Gouët, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio de Biobío (CPC Biobío), dijo que la entidad se ha caracterizado por propiciar espacios de diálogo público-privado en pro del desarrollo regional, la generación de inversiones y el crecimiento económico, y precisó que para ello es fundamental contar con certezas jurídicas que garanticen la viabilidad del desarrollo de los proyectos en todos los sectores productivos.

"Desde esta perspectiva, sostenemos firmemente que no debiesen legislarse asuntos que afecten una actividad económica tan relevante como la pesca sin considerar las opiniones técnicas y científicas, tanto nacionales como internacionales y sostener como principales argumentos los diferentes matices políticos".

Gouët afirmó que "estaremos atentos a la propuesta del Gobierno anunciada por el ministro Valente, que esperamos contenga aspectos que verdaderamente den una solución satisfactoria para los distintos actores y releven la importancia que tiene el sector pesquero en nuestro país, un importante generador de empleo en la Región del Biobío y que ya ha comenzado a sentir los efectos de la legislación, con el anuncio de la empresa Landes que prevé el cierre de la línea de procesamiento de jibia, con el consiguiente despido de trabajadores y el congelamiento de inversiones, una situación que no se condice con el anhelo de transformarnos en capital económica del país".

En la misma línea, Carolina Parada, gerenta general de Irade, precisó que "tal como lo indicó el propio ministro de Economía, José Ramón Valente se trata de una ley "imperfecta" que requiere modificaciones. Pero más allá de los aspectos técnicos que tienen muy complicadas a algunas de nuestras empresas socias, sería importante mejorar el proceso de discusión legislativa, porque nos parece que hasta ahora la industria no ha sido lo suficientemente escuchada. Si bien el saber técnico no es el único en la sociedad, los actores científicos deben estar presentes en la toma de decisiones, sobre todo cuando se trata de nuestros recursos renovables y de sustentabilidad".

"En una región que aspira a convertirse en capital económica de Chile sería importante trabajar para aunar visiones entre el Gobierno Regional, parlamentarios y empresas, con un horizonte de largo plazo, entendiendo que la industria pesquera es relevante para la economía, la empleabilidad de la región y también para la naciente identidad gastronómica del Biobío", precisó la ejecutiva.

Desde el otro frente, el diputado Gastón Saavedra (PS) y el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, refutaron los argumentos respecto de la norma legal así como la decisión de la empresa de cerrar sus operaciones.

"No veo por qué tendrían que paralizar las embarcaciones y cerrar las plantas, porque hay otras especies que también se procesan. Las embarcaciones que pescan jibia también pueden pescar otras especies como merluza o camarones", dijo Saavedra.

El parlamentario agregó que aunque haya habido una ley que prohíbe el arte de pesca de arrastre de media agua, esa ley tiene que ver también con los compromisos de sustentabilidad que el país tiene que cumplir y el sector pesquero industrial no se puede eximir de eso.

En tanto, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, pidió no confundir a la opinión pública con el anuncio de despidos de Landes. Esa ley -aclaró Riquelme- "no entra todavía en vigencia y, por lo mismo, los posibles despidos en Landes no pueden atribuirse a esa norma, iniciada en una moción parlamentaria que el Gobierno jamás apoyó".

La autoridad advirtió que las actuales dificultades en torno a la jibia obedecen al hecho de que ese molusco no ha llegado a las costas, por razones climáticas durante la presente temporada, lo que afecta por igual a los sectores pesqueros artesanal e industrial.

"Hoy la situación para el mundo industrial es la misma de siempre. La única diferencia es que, tanto para ellos como para el mundo artesanal, la jibia, hasta hoy no está, cuestión que no había ocurrido y respecto de la que nadie puede aventurar hasta cuándo se extenderá", acotó. "Si hoy hubiera jibia, la planta de Talcahuano, muy probablemente, no estaría anunciando los despidos. Dicho de otra manera, el problema es la ausencia del molusco y no la ley", dijo Riquelme.

Respecto a lo anterior, Saavedra, dijo que eso no responsabilidad de ningún parlamentario ni de la ley de pesca. "Hubo una votación en la Cámara de Diputados que fue generalizada y transversal a todos los partidos políticos: no hubo aquí representantes de la oposición que votáramos de forma premeditada contra la industria pesquera sino que hubo un debate serio y se tomó esa decisión".

Sí advirtió que en el país se tiene que dar una nueva ley de pesca, en donde el eje principal tiene que ser los efectos del cambio climático y la sustentabilidad , porque el sistema de administración pesquera que tenemos carece de temas importantes como el factor social que no se pondera.

Y agregó: "las condiciones en que se aprobó la actual Ley de Pesca y las formas que se usaron se terminaron en el país. Nunca más pidan que los legisladores defendamos intereses particulares. Creo que la ley tiene que apuntar a un nuevo sistema de administración pesquera porque la ley vigente no está resolviendo los problemas. Aquí no puede haber ningún sector protegido por una ley, porque lo que tenemos que cautelar es el bien común. El Estado no puede tener permanentemente, y por no tener un sistema de administración pesquera sustentable, aportar los recursos de todos los chilenos para resolver las crisis que finalmente son pagadas por el mundo social", concluyó.