Consejo de Rectores exige al ministerio definiciones sobre ajustes a gratuidad
La sesión mensual del Consejo de Rectores (Cruch) de este jueves, realizada en el ex Congreso Nacional de Santiago, era considerada como clave, ya que las máximas autoridades de los planteles tradicionales tomarían posición respecto a la implementación de la política de gratuidad. En particular, iban a abordar la situación de los más de 27 mil alumnos que perdieron el beneficio este año, tres mil de ellos de la zona.
Tras la sesión, los rectores enfatizaron su postura respecto a la necesidad de que el gobierno tramite una ley corta que modifique los plazos y evite que las universidades deban hacerse cargo en lo inmediato de los aranceles de estos alumnos, pues fijaron como solución para quienes están en esta situación que paguen el 50% del arancel y el plantel se haga cargo de la otra mitad. Todo esto, eso sí, sólo por un año.
El vicepresidente ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, respondió a la posición del Ministerio de Educación de no aumentar los recursos, señalando que "trabajaremos en una propuesta y le haremos llegar una carta a la ministra Cubillos. Obviamente discutimos que a los problemas sociales no hay que cerrarles la puerta, sino que evaluarlos y buscar las soluciones; creemos que el primer interlocutor en este diálogo es el gobierno y haremos llegar una propuesta, ya que es un problema social a raíz de un mal diseño de la política de gratuidad. Son familias que se encontrarán con esta dificultad, y nuestra voluntad es que se pueda solucionar".
El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, añadió que "tenemos una ley de Educación Superior que contempla una duración de la gratuidad hasta su ideal de las carreras. El proyecto que se presentó el año pasado de parte del gobierno contempla una expansión en tres semestres, lo que entendemos como que hay voluntad de revisarlo. Nuestra invitación al Ejecutivo es actuar con coherencia; será difícil que a nivel parlamentario se discuta el proyecto de financiamiento con las mismas condiciones que esta situación. El Cruch ha propuesto soluciones alternativas mientras se genera una definitiva; debe existir un acuerdo para dar garantías a las instituciones en su operación diaria".
Christian Schmitz, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, apuntó que "tanto en el G9 como en el Cruch tuvimos la oportunidad de escuchar el estudio que evacuó la comisión de expertos, y en definitiva se confirman las aprensiones que hemos tenido como rectores, en el sentido que a nivel de Cruch estamos perdiendo 11 mil estudiantes matriculados hasta el momento, y lo cual implica menores ingresos para nuestras universidades, en torno a los 24 mil millones".
Además, dijo que "lamentablemente, el gobierno ha adquirido una actitud bastante intransigente, en el sentido de no reconocer un problema social de su población, que va a aspirando al legítimo derecho de educación".