Los sectores pesquero y acuícola, además de instalaciones fabriles (celulosas, refinerías y otros) y energía ( termoeléctricas, hidroeléctricas y otros) se han concentrado las fiscalizaciones que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha realizado en los 6 años que lleva ejerciendo funciones fiscalizadoras y sancionadoras en la zona
Desde 2013 a la fecha, la plataforma digital del Sistema Nacional de Información Ambiental (Snifa) revela que en la zona se han realizado 1.447 fiscalizaciones a 139 empresas. El 69% de estos procesos se dieron en los sectores; pesquero y acuícola, instalaciones fabriles y energía.
La segregación de estas actuaciones se realizan en base a un programa anual diseñado participativamente con otros organismos sectoriales, como también a través de denuncias y de seguimiento ambiental a los proyectos regulados.
El Snifa además revela que en 6 años la Superintendencia ha iniciados 32 procesos sancionatorios, de los cuáles 11 terminaron con multas, lo que significó el pago en total de 11.319,2 Unidades Tributaria Anuales (UTA), que a cálculo de hoy correspondería a casi $6 mil millones en multas. Biobío es la segunda región que ha cancelado más recursos por incumplimientos ambientales, sólo lo supera la región de Atacama que acumula 21.062 UTA en multas. Es decir, más de $11 mil millones.
En la región actualmente hay 10,3 UTA (más de $5 millones) que no han sido canceladas por entidades principalmente pub y discotecas. Sobre esta última situación, la Superintendencia de Medio Ambiente informó que "el pago de la multa es una obligación de la empresa" y que "el cobro de esta le corresponde a la Tesorería General de la República y no la SMA" .
EVALUACIÓN
Pese a que existe un reconocimiento a la labor fiscalizadora que cumple la Superintendencia de Medio Ambiente, aún se considera que no han sido suficientes para abordar de forma rápida las temáticas medioambientales que se denuncian y que se deben investigar.
"Su rol es tremendamente valioso, sin embargo cuando hemos tramitado con ellos no hemos recibido una respuesta ágil. Consideramos que su capacidad de respuesta es tardía, y dependiendo de la urgencia esto puede ser fatal, o generar grandes dificultades a la hora de defender alguna causa ambiental", expresó el director nacional de Codeff, Luciano Pérez.
Los alcaldes de Coronel, Boris Chamorro y de Cabrero, Mario Gierke, apuntan que el trabajo que realiza la entidad fiscalizadora debe ser fortalecida para que efectivamente logre un mayor impacto. Es por eso que los jefes comunales llamaron al poder legislativo fortalecer el trabajo de la entidad
"Aún tenemos una institucionalidad débil, por lo que requiere tener una mayor cantidad de atribuciones que permitan garantizar que los ciudadanos vivan en un ambiente libre de contaminación", expresó Boris Chamorro.
Una misma postura es la que expresó el alcalde de Cabrero, quien detalló que estos cambios legislativos deben apuntar a endurecer la normativas ambientales previo a la instalación de las empresas y también cuando estas ya se encuentran operando.
"Mientras no exista una legislación que le exija más a la empresas, al momento de instalarse, vamos a seguir con estos problemas", precisó Mario Gierke.
Coronel y Cabrero son dos de las comunas de la región que acusado mayor problemas ambientales. En la comuna de la provincia de Biobío, por la instalación y ampliación de la Planta de Lodos y en la zona coronelina con las termoeléctrica Bocamina. Esta tiene dos multas por un valor total superior a las 9 mil UTA (más de $5 mil millones). Solo la empresa SCM Minera Lumina Cooper Chile con su proyecto Caserones que tuvo una sanción de 14.745 UTA, es decir, de casi $8 mil millones.
