Durante el presente año se tiene considerado licitar las obras de los dos últimos Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) que están pendientes del plan de inversiones que se diseñó en el gobierno anterior y que continuó la actual administración del Ministerio de Salud, a través de los servicios de salud. Hay otros tres recintos que están en construcción.

En mayo de 2014 se anunció la edificación de 17 SAR en la Región del Biobío. A casi 5 años del anuncio realizado por el anterior gobierno, hay 12 recintos que están funcionado. Benefician a más de 500 mil pacientes de la zona.

Sobre los proyectos pendientes, la información entregada por los servicios de Salud (Concepción, Talcahuano, Biobío y Arauco) dio cuenta que los espacios contemplados en los Cesfam Juan Cartes Arias (Lota) y Boca Sur (San Pedro de la Paz) aún no se licitan.

El director del S.S. Concepción, Carlos Grant, contó que la obra en Lota considera dos estructuras complementarias; el SAR y la reposición del Cesfam Juan Cartes Arias. Su adjudicación debería estar lista en junio de 2019.

Grant mencionó que la infraestructura es de gran envergadura e involucra una inversión que bordeará los $6 mil millones, tanto en obras civiles como en equipamiento. Su construcción tomará un mínimo de 20 meses, por lo que estaría listo no antes de 2021.

En tanto, el inicio de obras de Boca Sur también se espera para el primer semestre de este año. El S.S. Concepción tiene en la actualidad los SAR de Candelaria, Tucapel, Víctor Manuel Fernández y Chiguayante operativos.

PARALIZADAS

De los otros tres proyectos que tampoco han concluido, los SAR Carlos Pinto de Coronel e Isabel Jiménez Riquelme de Tirúa se encuentran paralizados debido a problemas que tuvieron con las empresas constructoras que se adjudicaron la obra.

El recinto de Coronel está detenido desde noviembre de 2018, cuando se terminó el contrato con la empresa debido al retraso de un 60% que tenía la obra. Desde el S.S. Concepción informaron que "el proyecto se encuentra ad portas de iniciar trabajos de mitigación prioritarias (obras menores de mantención) para resguardar la construcción existente".

La entidad además comunicó que el proyecto será revaluado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, por lo que se estima que la obra se podrá retomar durante el segundo semestre de 2019.

En una situación diferente se encontraría el recinto de Tirúa, ya que si bien se licitó el reinicio de obras, las ofertas presentadas superan los recursos considerados para la iniciativa.

En tanto, el SAR de Los Cerros de Talcahuano se encuentra en proceso de toma de razón de la licitación, por lo que se espera el inicio de obras en los próximos meses.

"Con esto se concretan los cinco establecimientos proyectados y priorizados por el Ministerio de Salud", sostuvo el director del S.S. Talcahuano, Carlos Vera.

La autoridad añadió que los cuatro SAR que están operativos (Hualpén, Penco, San Vicente de Talcahuano y Tomé) realizaron más de 160 mil atenciones el año pasado.

Características

Estos dispositivos se idearon para descongestionar los servicios de urgencia de los hospitales, pues atienden a pacientes con patologías de baja complejidad.

Los SAR entregan atención médica en un horario que complementa el funcionamiento de los Cesfam y los Sapu. Atienden de lunes a viernes entre 17 y 8 horas, mientras que los feriados y fin de semana las 24 horas.

Cuentan con equipos de rayos osteopulmonar, kit de laboratorio básico y acceso a telemedicina para la población.

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $760 millones el monto total que deberá pagar el fisco a 11 víctimas de torturas, vejaciones, tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos por agentes del Estado en Concepción y Talcahuano, en diversos periodos entre 1973 y 1989.

Los jueces integrantes de la primera sala de ese tribunal confirmaron la sentencia dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago y que fue apelada, pero elevaron los montos indemnizatorios en consideración al tiempo que las víctimas estuvieron privadas de libertad y al daño que les causaron agentes de Estado.

En el fallo, el tribunal de alzada estableció que "esta Corte tendrá presente para efectos de la regulación del monto de la indemnización que corresponde fijar, el tiempo de privación de libertad y el consiguiente daño sufrido por los demandantes que se individualizarán, con el objeto que la indemnización cumpla con su finalidad reparatoria".

María Candelaria Acevedo Sáez, hija de Sebastián Acevedo, quien se inmoló frente a la catedral de Concepción en 1985, figura entre las 11 víctimas que deberán ser indemnizadas por el Estado.

Los montos que deberán ser entregados a los afectados van entre los $80 y $50 millones de acuerdo a lo que estableció el tribunal capitalino.