Un análisis topográfico a la Laguna Chica, en San Pedro de la Paz, para determinar la cantidad de playas que tiene el espejo de agua, ayudará a que el Ministerio de Bienes Nacionales determine para qué casos solicitará al intendente del Biobío, Jorge Ulloa, la creación de pasos peatonales libres, como lo estipula la ley.

Esto, porque tras el episodio en el Lago Ranco, las denuncias por restricciones a las playas del Biobío aumentaron a 236 en lo que va de la temporada, posicionando a la Región como la con más reclamos en esta materia.

Aunque la Laguna Chica ocupa el cuarto lugar en el listado de playas más denunciadas del Biobío, hasta ahora es la única que no ha tenido una solución, por lo que el seremi de Bienes Nacionales, James Argo, confirmó que están haciendo análisis para determinar los cursos de acción a fin de permitir el acceso liberado al espejo de agua.

"Estamos haciendo un análisis bastante concienzudo, espero que dentro de la próxima semana tengamos el informe acabado, porque hemos encontrado que aparentemente hay más de una playa y eso estamos estudiando ahora desde el punto de vista topográfico", expresó.

Dependiendo de los resultados, las acciones no sólo afectarían al balneario municipal, sino también a otros recintos que están alrededor de la laguna como los Campos Deportivos Llacolén o las viviendas que están a la orilla del espejo de agua, quienes deberían eventualmente abrir un paso público para acceder a la playa.

"Donde detectemos playas en la Laguna Chica de San Pedro, tendremos que darles acceso por donde sea necesario, sin importar si son espacios públicos o privados", afirmó Argo.

Tras contactar el municipio de San Pedro de la Paz, declinaron referirse al tema.

COMPLICACIONES

La autoridad de Bienes Nacionales explicó que, de acuerdo al artículo 594 del Código Civil, se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas, por lo que allí radica la importancia del análisis.

"Hemos pedido apoyo topográfico, porque no es tan sencillo determinar dónde empieza y termina una playa y en eso estamos trabajando", argumentó.

Según explicó, el estudio de estos casos podría terminar incluso en una solicitud al Gobierno para mejorar la tipificación de las playas, sobre todo porque el estado de las mismas es cambiante y depende de la marea, lo que podría variar cada año.

"Se han generado situaciones que podrían ameritar un cambio a la Ley, porque la aprobación reciente sólo establece que se apliquen multas, pero no cómo se fija la playa", dijo Argo.

OTROS CASOS

Punta de Parra, la desembocadura del río Biobío, Pingueral, y Pudá son los otros casos que concentran las denuncias en la Región y que actualmente se encuentra analizando Bienes Nacionales. De estos, en la mayoría la situación está resuelta, sin embargo, además de la Laguna Chica en San Pedro de la Paz, el acceso al Parque Pedro del Río Zañartu sigue generando dudas entre los penquistas que no comprenden por qué se debe pagar por ingresar al recinto, independiente si el destino final es la playa.

Al respecto, el gobernador de Concepción, Robert Contreras, explicó que el parque es un recinto privado y que el acceso peatonal al recinto está asegurado, lo que incluye también la playa.

Detalló que los $3 mil que pagan los automóviles cuando ingresan al Parque sirven "para la mantención del parque, los servicios higiénicos, la limpieza y también la mantención del museo. Todos estos costos asociados se tienen que cubrir con el pago por el ingreso de los vehículos".

Eso sí, Contreras no descartó que se pueda analizar la creación de otro sendero que permita acceder directamente a la playa sin tener que atravesar por todo el parque, el que podría ser gratuito para cumplir con la normativa vigente.

Sin embargo, el seremi de Bienes Nacionales dijo que "esto se tiene que revisar con cuidado, porque tampoco podemos pasar a llevar la condición de Santuario de la Naturaleza que tiene este recinto, por lo que no es llegar y trazar un nuevo camino".

Una capacitación para postular a los fondos de cultura y deporte del Gobierno Regional realizó el municipio de Santa Juana a sus vecinos, a fin de evitar que sean rechazados por la institución durante el proceso de selección.

Para esto, los asistentes aprendieron de aspectos claves como la correcta elaboración de los proyectos, las fechas de cierre, la rendición de gastos, entre otros aspectos fundamentales para obtener el financiamiento necesario para ejecutar las iniciativas de los vecinos.

Johana Aguirre, una de las asistentes a la capacitación, valoró la creación de estos talleres y manifestó que "es clave contar con este tipo de iniciativas, que permiten ampliar la visión y conocimiento que tienen los dirigentes, para afinar los detalles de los proyectos que presentaremos por intermedio de las agrupaciones".

Carmen Chávez, también beneficiada con la capacitación, expresó su satisfacción con el taller, ya que aprendió aspectos claves para concretar postulaciones exitosas y poder ejecutar las iniciativas a las que postula con su agrupación.

Por su parte, el alcalde Ángel Castro manifestó que la municipalidad siempre presta apoyo a los dirigentes para la elaboración de los proyectos desde el punto de vista técnico.

Destacó además que la ejecución de estas iniciativas es muy relevante para las agrupaciones de la comuna. A ello se suman los fondos concursables que dispone la propia municipalidad.

Un total de 692 personas componen el registro de personas inhabilitadas para trabajar con niños en la Región del Biobío. Del total, 414 son varones y tres mujeres con sentencia perpetua.

La información, que puede ser consultada a través del Registro Civil, permite a los padres "saber que las personas que trabajan con sus hijos, ya sea un profesor particular o el conductor del transporte escolar no se encuentran en el registro de inhabilidades, por eso es importante que ante cualquier duda consulten en nuestro sitio web", expresó el director regional de la institución, Cristian San Martin.

El seremi (s) de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Escobar, recalcó que, "los establecimientos educacionales y organismos cuya labor esté vinculada a menores de edad tienen la obligación de verificar los datos de sus postulantes antes de ser contratados".

Añadió que "el Registro Civil dispone de un registro público que informa a la comunidad sobre las personas que tienen inhabilidad para trabajar con niños, por lo tanto, el llamado es a que los padres y madres, especialmente en este periodo en que los niños están por ingresar al colegio y necesitan contratar a alguna persona para un empleo o cargo que involucre relación directa con sus hijos, consulten antes en la página web del Registro Civil".

Otro de los puntos que debe ser verificado antes de contratar el servicio de transporte para menores de edad, es si el vehículo o su conductor cuentan con toda la documentación en regla para poder ejercer ese trabajo.

Al respecto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jaime Aravena, dijo que "los papás pueden ingresar a la página del Ministerio de Transporte y constatar si el furgón que contratan está inscrito o no, de manera que les dé la seguridad de que cumple con toda la normativa que se le exige".

Agregó que es importante revisar "no tan solo la revisión técnica, sino que el conductor posea la licencia que lo acredita para manejar un furgón escolar, esto es para los antiguos con clase A1 y los nuevos con clase A3".

Actualmente en la Región hay 3.596 furgones escolares debidamente inscritos en Transportes.