"El nivel de coordinación" existente entre lo público y privado, así como el trabajo realizado por los propios vecinos, clubes deportivos y los dirigentes de establecimientos educacionales -mediante las Redes de Prevención Comunitaria- son los elementos que han ayudado a concientizar a la población sobre los incendios", dijo ayer el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, quien visitó la Región de Ñuble para conocer en terreno cómo ha funcionado el trabajo público privado en la prevención y combate de incendios.

A primera hora en Chillán, Ugarte sostuvo un encuentro con el intendente regional Martín Arrau, oportunidad en que señaló que Ñuble se ha visto afectada por un total de 319 incendios, cifra que representa un aumento del 12% respecto a la temporada anterior.

Sin embargo, destacó que gracias al trabajo conjunto público privado realizado entre Conaf y Corma, la superficie afectada mantiene niveles similares a los de la última temporada.

La autoridad regional coincidió con esta visión e indicó que el trabajo público-privado desarrollado en materia de incendios "lo evalúo de una manera muy positiva". "Tenemos que mejorar siempre en los esfuerzos de coordinación, pero estamos conformes. Hay menos hectáreas quemadas por incendio rural, y eso es una estrategia de actuar más rápido que está dando sus frutos", explicó Arrau.

Durante el encuentro, tanto Arrau como Ugarte hicieron un llamado a la población para concientizar sobre el peligro de este tipo de catástrofes. Además, enfatizaron sobre el importante aumento de la intencionalidad.

"Lo que nos preocupa es cómo alguien puede ser tan inconsciente de prender el fuego, porque ese fuego no discrimina, no distingue cercos, animales o personas. El llamado es a tener un poquito de conciencia y pensar en los demás", comentó el intendente.

Según información compartida por el presidente de Corma, poco más del 70% de superficie quemada corresponde a "bosque nativo, pastizales y territorios agrícolas", generando un contraste respecto a los cultivos forestales, cuya afectación por este tipo de eventos alcanza el 30%.

Respecto al combate que actualmente realizan más de 2 mil 500 brigadistas en el país, el líder gremial explicó que la inversión corresponde a una "cifra histórica" en cuanto a la mitigación de los focos. "Son 85 millones de dólares, significa un 60% de aumento con respecto a los últimos cinco años", detalló.

Tras el encuentro con la autoridad regional, el presidente nacional de CORMA donó, a nombre de las empresas forestales socias, 500 raciones de combate a los bomberos de Ñuble para agradecer su apoyo en la lucha contra los incendios.

BRIGADAS NOCTURNAS

Un ejemplo del aporte de las empresas privadas al combate de los incendios forestales son las brigadas nocturnas de la firma Arauco, que están conformadas por 204 personas especialmente capacitadas para desarrollar labores de combate, contención y liquidación del fuego, en condiciones de baja visibilidad y sin apoyo de unidades aéreas.

En medio de la oscuridad del bosque y mientras la mayoría de las personas descansa, el grupo inicia su jornada laboral. Se trata del desconocido trabajo de las brigadas forestales nocturnas, quienes son parte de una estrategia de combate y extinción de siniestros implementada esta temporada por la firma Arauco.

Guillermo Mendoza, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, explicó que "estos equipos especializados cumplen una tarea esencial, ya que es en horas de la noche cuando la mayor humedad y bajo viento permiten tener una ventana para lograr el control de un incendio que no fue posible doblegar durante el día".

Cada brigada nocturna está conformada por ocho integrantes. Se movilizan en medio de la oscuridad y por caminos rurales en un carro de combate que reúne las condiciones para internarse en las zonas adversas con presencia de amenaza de fuego o hay incendios en curso.

En cada una de estas acciones el objetivo es uno: complementar las tareas de extinción que dejaron los brigadistas que trabajaron durante el día y avanzar cuando no es posible trabajar con otros recursos, como aviones y helicópteros.

Esta estrategia de combate de incendios también ha favorecido la integración de inmigrantes, ya que hay brigadas conformadas por ciudadanos haitianos, venezolanos, argentinos, entre otros.

La política tributaria de un país es un instrumento de desarrollo económico, político y social. Por lo tanto, la utilización razonada de ella, sumado al gasto público y a la gestión de deuda, entre otros, inciden necesariamente en los resultados económicos de cualquier país.

Una errada decisión en política tributaria no provoca necesariamente la desaceleración económica, pero sí influye en ella. Aquello, porque los sistemas tributarios son precisamente los que proporcionan los recursos y seguridad para efectuar las inversiones y las transformaciones estructurales que permiten el crecimiento económico en plenitud.

En definitiva, yerra el senador Montes al afirmar que el proyecto de modernización tributaria no sería condicionante para el crecimiento económico. Primero, porque no resulta cierto desde una perspectiva teórica. Segundo, porque no hay cómo saberlo con la correspondiente seguridad empírica en el análisis previo (ex ante). Y, tercero, porque desde la óptica macroeconómica el año de crecimiento sin Reforma Tributaria al cual alude (2018), no conlleva a una constante que se repetirá necesariamente en los años venideros. Esto último, sin perjuicio de que los cambios impositivos ven recién sus luces y sombras años después de sus implementaciones finales.

Sin embargo, lo que sí podemos indicar con certeza, es que los sistemas tributarios son medidos por su equidad y eficiencia. La Reforma Tributaria de 2014 dio prioridad a lo primero, dejando de lado lo segundo. Por ello, si tuviéramos que analizar nuestra realidad con sinceridad, rápidamente concluiríamos que existía una necesidad subyacente de otorgarle mayor equidad al sistema, pero que una de las fórmulas elegidas por el legislador, como la existencia de dos regímenes de tributación en paralelo (14 A y B), generó una ineficiencia innegable en estas materias. De esta forma, si bien intentamos avanzar en igualdad social, nos alejamos de la neutralidad al distorsionar las decisiones de los agentes económicos y, asimismo, de la añorada simplicidad tributaria en temas de gestión, legislación y política.

Por otro lado, en lo que respecta a la afirmación del ministro Larraín (sobre los efectos adversos en caso de no aprobarse la iniciativa de modernización tributaria), cabe preguntarse ¿qué factor del proyecto de modernización podría generar la tan temida desaceleración? En otras palabras ¿cuál es la principal razón para que un proyecto de ley que descansa en el Congreso desincentive la inversión? En esta opinión, aquello no está dado por el aumento de las tasas, ni por la modificación de las bases de cálculo o el establecimiento de nuevas obligaciones o impuestos. Muy por el contrario, el desincentivo está en modificar cada dos años el régimen impositivo aplicable en el país.

El legislador siempre ha cometido errores. Pero el mayor problema es que el parlamentario contemporáneo incurre en ellos de manera periódica y, por ello, los intenta subsanar. Esto se ha denominado por los expertos como "errores procedimentales". Y, en definitiva, es lo que genera la inseguridad económica y jurídica desde la cual se inicia o no cualquier inversión, ya sea social, política, económica o cultural.

abogado asociado de Cabello Abogados y Magíster en Derecho Tributario.

En respuesta a la caída de los niveles de agua dulce en las zonas desérticas, Chile busca proteger un recurso natural que se ha desgastado tras décadas de actividad minera.

En medio del aumento de las quejas de comunidades locales y el empeoramiento de los efectos del cambio climático, el mayor productor mundial de cobre planea implementar medidas que dificultarán a las mineras el bombeo de agua dulce.

La Dirección General de Aguas (DGA) duplicará con creces las denominadas zonas de prohibición en todo el país este año de 30 a por lo menos 70, según su director general, Óscar Cristi. No se pueden otorgar nuevas licencias dentro de las zonas de prohibición y cualquier extensión de los permisos existentes deberá ser aprobada por autoridades ambientales.

"Hay áreas donde hay minería que van a estar dentro de las nuevas zonas de prohibición. En algunos lugares, las mineras pueden extraer más que el nivel de recarga y eso amenaza la sustentabilidad del acuífero", explicó Cristi, quien declinó identificar las áreas para evitar posibles especulaciones sobre los derechos de agua.

El desierto de Atacama en el norte del país, el lugar más árido de la Tierra, alberga algunas de las minas de cobre y litio más grandes del planeta. Si bien ocasionalmente se ve azotada por lluvias intensas e inundaciones, la región se ha vuelto más seca en las últimas décadas, según la DGA.

Al mismo tiempo, se espera que la demanda de agua de las mineras aumente a medida que disminuyen las leyes de los minerales, lo que obliga a procesar más material para mantener los niveles de producción. En respuesta, las mineras construyen grandes plantas desalinizadoras y se espera que el uso de agua de mar se triplique de aquí a 2029, según el pronóstico más reciente de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Pese a eso, el uso de agua dulce en las minas gigantes del país crecerá un 12% para 2029, agregó Cochilco.