La llamada "Ley Corta" de Pesca busca generar amplios cambios en la asignación de derechos pesqueros. Un ejemplo de esto es que la iniciativa pretende eliminar la renovación automática de las Licencias Transables de Pesca (LTP) que hoy tiene una duración de 20 años, pero que son renovables si el titular ha cumplido con la legislación. De acuerdo a la industria, eliminar esto iría en contra de los fundamentos jurídicos y técnicos de la FAO. En esa línea, Rebeca Matzner, jefa del Departamento de Pesca y Acuicultura del organismo, sostuvo que "se necesita estabilidad del sector para pensar en sustentabilidad".
Adicionalmente, un análisis comparativo realizado entre 16 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) reveló la posición de Chile tras la entrada en vigor de la Ley de Pesca de 2013. El estudio, elaborado por el ex embajador ante la Organización, Raúl Sáez, indagó entre las naciones seleccionadas como ejemplos representativos de la regulación pesquera en Europa del Norte, Europa del Sur, Asia y Pacífico Occidental, Norteamérica y Sudamérica, y sobre la base de la importancia que tiene la pesca en cada uno de ellos como actividad económica.
DIMENSIONES
En el desarrollo del informe se analizaron cuatro dimensiones: Medidas de conservación y manejo, sistema de acceso a la pesca, asignación y características de los derechos de pesca y cobros por los mismos. Al realizar esta comparación se determinó que las nuevas iniciativas legales en Chile irían en contra de las políticas en materia de pesca de los países más desarrollados del mundo.
Los países pesqueros de la Ocde que fueron observados en este reporte tienen el acceso cerrado a la pesca. Es decir, no pueden incorporarse nuevas licencias de pesca, debido a que ya se ha alcanzado el estado de plena explotación del recurso. Adicionalmente, todos los países aplicaron cuotas individuales de pesca como modelo de manejo para recuperar o mantener las pesquerías. La asignación de derechos se realizó, en todos los países, -incluido Chile- en base a las capturas históricas. Además, en nuestro país se incorporó el concepto de capacidad de pesca para asignarlos y se dejó un espacio para licitaciones. Esto último no se realiza en ninguna de las otras naciones comparadas para la asignación inicial de derechos.
Asimismo, se concluyó que en todos los países los permisos o licencias de pesca son indefinidos o tienen plazos largos (10 o 20 años renovables), lo que permite reconocer los derechos históricos y generan certeza jurídica, que incentiva las necesarias inversiones del sector. En un tercio de los países estudiados, la vigencia de las licencias no caducan y son indefinidos. En todos aquellos donde tienen un límite de años (11 países), los derechos son renovables sin licitación.
Actualmente, en Chile, los derechos tienen límite de tiempo y son renovables, siempre y cuando el titular de la LTP haya cumplido con todos los requisitos, especialmente los de sustentabilidad del recurso.
SUSTENTABILIDAD
Estas conclusiones preocupan a la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G.), gremio que reúne a 109 empresas pequeñas, medianas y grandes del sector, que mostraron su inquietud en su último directorio de diciembre pasado, en cuanto a que un nuevo cambio en la Ley de Pesca despachada -de prosperar finalmente- generaría incertidumbre en el sector e impediría continuar con proyectos de inversión a largo plazo. "Debemos ser el sector que ha sufrido más cambios en las reglas del juego durante las últimas décadas. Estamos de acuerdo con que se regule la pesca, pero esto debe considerar la experiencia internacional y poniendo la sustentabilidad como el máximo principio", aseguró Osciel Velásquez, presidente de la federación gremial.
En esa misma línea, Velásquez remarcó el trabajo que ha hecho la industria para asegurar la sustentabilidad de la actividad mediante la certificación de todas las pesquerías de langostino y el avance en la del jurel. "Nosotros, voluntariamente, nos hemos sometido a los estrictos estándares del Marine Stewardship Council para certificar la sustentabilidad de nuestras pesquerías. Creemos en la pesca con futuro, pero para eso necesitamos que los parlamentarios y las autoridades nos ayuden legislando con ese foco y no haciéndose eco de eslóganes sin fundamentos", comentó.
Uno de los puntos en los que hizo especial énfasis el presidente de Sonapesca es que, tras la Ley de Pesca de 2013, las cuotas de pesca comenzaron a ser definidas por Comités Técnicos Científicos que, mediante el análisis de la biomasa de las especies, determinaron las capturas máximas de cada pesquería. "Eliminar los comités sería el peor error que podríamos cometer. Además de retroceder respecto de las políticas de los países reunidos en la Ocde, dejaríamos la definición de cuotas en manos de la política y no de la ciencia", enfatizó Velásquez.
Con todo, la industria hizo un llamado a los parlamentarios a recoger las políticas de los países de la Ocde y escuchar la voz de expertos para definir las nuevas legislaciones, ya que de lo contrario existiría un riesgo en la sustentabilidad de los recursos.
