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Contraloría investigará a Guaidó y se refuerza presencia militar en frontera

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La tensión política en Venezuela no decrece: ayer, la Contraloría General de Venezuela anunció la apertura de una investigación sobre el patrimonio del líder opositor Juan Guaidó -declarado Presidente interino el pasado mes-, en una nueva escalada de la pugna entre el Gobierno y la Asamblea Nacional.

En declaraciones difundidas por la televisora estatal, el contralor general, Elvis Amoroso, dijo que se tomó esta decisión tras detectar que Guaidó supuestamente "ocultó o falseó datos" en su declaración jurada y recibió dinero de entidades internacionales "sin ningún tipo de justificación".

NO DAN DETALLES

Al justificar el proceso, Amoroso, quien hasta el año pasado se desempeñó como segundo vicepresidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, dijo que los diputados del Congreso no pueden recibir "ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo público o privado", pero no ofreció detalles.

La acción de la Contraloría General, un órgano manejado por el Gobierno que tiene a su cargo la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, se da a menos de dos semanas de que el Tribunal Supremo de Justicia prohibiera a Guaidó la salida del país, congelara sus cuentas bancarias y le prohibiera enajenar y gravar bienes en atención a una solicitud de la Fiscalía General, que investiga al líder opositor por hechos violentos sucedidos en enero.

Desde el mes pasado, el Gobierno y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, mantienen una pugna luego de que el Parlamento declarara que el Presidente Nicolás Maduro usurpa el cargo al ser reelecto en comicios que la oposición considera una "farsa".

Las tensiones se han acrecentado en los últimos días ante el plan que impulsa el Congreso para ingresar al país ayuda humanitaria con el apoyo de Estados Unidos y Colombia. Maduro ha rechazado el plan de ayuda y ha acusado a la oposición de montar un show para propiciar una intervención militar en Venezuela.

Las autoridades venezolanas bloquearon hace unos días un puente fronterizo que une la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado suroccidental del Táchira para impedir que entre la ayuda humanitaria.

El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, anunció que fue reforzada la presencia militar en la frontera, pero no ofreció detalles. Padrino López planteó que el reforzamiento está vinculado a los delitos que se cometen en Colombia como el contrabando, el narcotráfico y el "paramilitarismo", los que estarían afectado a Venezuela.

En Washington, el emisario del gobierno opositor ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, adelantó que, esta semana, Guaidó pedirá a ese ente colaboración para celebrar comicios presidenciales en caso de que Maduro abandone el poder. Tarre presentó informalmente la solicitud al reunirse con Francisco Guerrero, secretario de fortalecimiento de la democracia en la OEA. El pedido incluye también el envío de una misión de observación.

APOYO DE CAPRILES

Una importante arista de la crisis es que, a juicio de muchos críticos de Maduro, ha provocado una hambruna. En entrevista con EFE, la diputada en el exilio Gaby Arellano afirmó:"Lamentablemente, los corredores humanitarios se activan en países en guerra o con catástrofes naturales. En nuestro país no ha pasado ninguna de las dos cosas, pero se tiene que activar porque la hambruna sobrepasa los estándares de esos países".

Más del 61% de los venezolanos pasó a vivir en la pobreza extrema y afirmó haber perdido más de 10 kilos de peso en 2017, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida que realizan anualmente las principales universidades del país y fue divulgada el mes pasado.

Arellano, quien milita en el partido Voluntad Popular -el mismo de Juan Guaidó y de Leopoldo López-, dijo que para ingresar la ayuda humanitaria se trabaja con "dos países más" y se abrirán otros puntos en la frontera con su país.

Gobierno español aprobará este viernes la exhumación de Francisco Franco

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El Gobierno español aprobará este viernes la orden para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle del los Caídos, el complejo monumental donde está enterrado desde su muerte en 1975. El Ejecutivo, presidido por el socialista Pedro Sánchez, dará a partir de entonces un último plazo de 15 días a la familia de Franco para que fije un lugar para su traslado definitivo, aseguraron fuentes gubernamentales a la agencia de noticias EFE .

El Gobierno de Sánchez inició en agosto de 2018 los trámites para la exhumación del cadáver del general Franco (1892-1975) -en el poder en España desde el término de la guerra civil, en 1939, hasta su muerte- con la pretensión de que pudiera ser llevada a cabo antes de acabar ese año.

memoria histórica

Para ello aprobó un decreto que modifica la Ley de Memoria Histórica de 2007, una fórmula con la que pretendía blindar la exhumación desde el punto de vista legal y evitar que eventuales recursos puedan hacerla descarrilar.

"obstrucción"

Sin embargo, el procedimiento legal necesario se ha dilatado más de lo previsto, un retraso que las fuentes atribuyen al "comportamiento obstruccionista" de los familiares de Franco y de la Fundación que lleva su nombre, así como de los monjes benedictinos que custodian la sepultura.

Uno de los escollos que tendrá que salvar el Gobierno español será el anhelo de los nietos de Franco de trasladar el cadáver de su abuelo a la cripta que tienen en la catedral de La Almudena, en Madrid, ya que "supondría evidentes riesgos para el orden público y la seguridad ciudadana".

Por ello da un plazo de 15 días para que indiquen un nuevo lugar y, en caso contrario, será el Gobierno el que determinará donde será enterrado.

La exhumación de Franco es una de las prioridades del Gobierno de Sánchez y ha sido siempre motivo de polémica en España. Franco ordenó construir el Valle de los Caídos, a 50 kilómetros de Madrid, donde también están depositados los restos de miles de combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil.