Los senadores del Partido Por la Demoracia (PPD) Adriana Muñoz y Guido Girardi anunciaron el lanzamiento de una campaña de recolección de firmas para unificar a la oposición en contra de las 126 indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto que reforma el Código de Aguas.

Fue el Ministerio de Obras Públicas, liderado por Juan Andrés Fontaine, el que ingresó un total de 126 indicaciones al proyecto que se tramita en el Senado, lo que, según aseguran Muñoz y Girardi, favorecería a quienes especulan con los recursos hídricos.

CAMBIO CLIMÁTICO

"Agua de todos" es el nombre que recibe la campaña que apunta a que dicho recurso "vuelva a ser considerado como un bien nacional de uso público, como es en la mayoría de los países del mundo", según informó Radio Biobío.

Girardi sustentó la propuesta en que "en esta situación de cambio climático, nos estamos jugando la vida", y acusó al Gobierno de Sebastián Piñera de pensar "el agua como un instrumento de mercado y favorecer a los grandes grupos económicos".

"En Chile, hay 79 comunas -dos millones de personas- que dependen de camiones aljibes, no porque no haya agua sino porque algunos se apropiaron de ella usando la modificación de Pinochet. Antes le pertenecía a todos y para otorgar una concesión se establecían prioridades de uso, primero consumo humano, saneamiento básico, agricultura y eso ya no existe", defendió Girardi.

NATURALEZA JURÍDICA

En palabras de Muñoz, "esta controversia tiene que ver fundamentalmente con la naturaleza jurídica del recurso hídrico. El Código de Aguas y el Código Civil lo consagran como un bien nacional de uso público, pero eso es distorsionado por la Constitución que establece que el agua se entrega como propiedad privada a los particulares. Y ahí está el nudo legislativo central que impide avanzar en esta materia".

La legisladora acusó que las indicaciones del Gobierno de Piñera serían un retroceso, ya que "va a retrotraer todo el debate que ya hicimos durante siete años, por cierto con visiones distintas (...) Se votó democráticamente e incluso hubo unanimidad en muchos artículos".

Chile se mantiene como el segundo país menos corrupto de América Latina, aunque descendió un puesto y se posicionó en el 27° lugar a nivel mundial, entre 183 países medidos por un ranking de la ONG Transparencia Internacional (TI), publicado ayer.

De acuerdo al 26° Índice de Percepción de Corrupción (CPI), Chile mantuvo los 67 puntos que obtuvo en 2017 -sobre un máximo de 100-, pero cayó de la posición 26 a la 27, lo que es una baja total de 6 puestos en los últimos cuatro años.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, la caída sostenida se debe sobre todo a la corrupción en Carabineros y las Fuerzas Armadas, y el financiamiento ilegal de la política.

"Desde 2014 se ve este shock que hemos vivido, de reconocer que en ciertos estamentos discrecionales que aún existen en el país había una corrupción mucho más importante. El caso de Carabineros es uno muy paradigmático y hemos visto cómo eso ha golpeado su confianza", comentó.

Añadió que "lo que se está investigando en general no es nuevo, en el caso de Carabineros es de hace diez años (...) También el financiamiento ilegal de la política viene de largo tiempo".

"No podemos ser tajantes en decir que hay menos corrupción, pero sí bastante enfáticos en que hoy la conocemos mejor", reflexionó Precht.

El Gobierno, en tanto, reaccionó a través de su ministra Vocera, Cecilia Pérez: "No somos un país corrupto, al contrario, hemos avanzado entre todos los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para ir perfeccionando nuestro sistema institucional, buscando mayor transparencia, que es lo que hoy exige la ciudadanía".

MEJORES Y PEORES

El informe considera a Somalia, Siria y Sudán del Sur como los peor calificados del mundo, respectivamente. Dinamarca y Nueva Zelanda ocupan el primer y segundo lugar como los más transparentes.

En Latinoamérica, el líder es Uruguay (puesto 23), seguido de Chile (27) y Costa Rica (48). Por su parte, Venezuela (168), Nicaragua (152) y Guatemala (144) son los peores.

Para mejorar la lucha contra la corrupción y reforzar la democracia, TIrecomienda a los gobiernos "fortalecer las instituciones" responsables de controlar al poder político, aplicar las leyes sobre delitos económicos, promover el activismo ciudadano y apoyar a los medios "libres e independientes".