Biobío es una de las regiones que registra mayores problemas por abastecimiento de agua, y además cuenta con zonas enfocadas a la agricultura y silvicultura como principal fuente económica.
Ambas características hacen que la tenencia de los derechos de agua cobren mayor relevancia, sobre todo porque el gobierno anunció que esta semana enviará una indicación sustitutiva para modificar aspectos contenidos en el proyecto sobre la materia que en 2014 presentó Michelle Bachelet.
En la zona hay posturas encontradas sobre el tema. Mientras diputados oficialistas locales adhieren a la opción de que los derechos de agua que queda por distribuir en el país -aproximadamente el 10%- se hagan a través de licitación y a perpetuidad o indefinidos, los parlamentarios de oposición aseguran que estos no deben ser entregados a través de una licitación y no deben exceder los 30 años de duración, tal como propuso Bachelet en 2014.
Posturas
El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, explicó el domingo que a través de una indicación sustitutiva, que sería presentada por el gobierno esta semana, el Ejecutivo quiere modificar el proyecto sobre el Código de Aguas.
Éste está actualmente en tramitación en la comisión de Recursos Hídricos del Senado y ya se visó en la Cámara de Diputados.
El diputado UDI, Enrique van Rysselberghe, planteó sobre la iniciativa que "la propuesta del gobierno de establecer que los derechos de aguas sean perpetuos significa simplemente mantener el régimen jurídico actual. La propuesta del gobierno de Michelle Bachelet, de establecer concesiones, perjudicaba a pequeños y medianos agricultores, al eliminar la certeza jurídica y fomentar la especulación y mal uso del agua".
En tanto, el diputado PS Manuel Monsalve indicó que "lo que hay detrás de esto, en la práctica, es un enfrentamiento entre el mercado y el Estado respecto del derecho estatal a tener la facultad de terminar con una concesión de aguas. También está el hecho de que se quiere licitar, es decir, entregar a quien coloque más dinero sobre la mesa los derechos de agua que quedan".
realidad regional
Según la página web de la Dirección de Recursos Hídricos, hay 15.504 derechos de agua que se han cedido en la Región.
Sin embargo, desde la Dirección Regional de Recursos Hídricos se aseguró que no hay certeza de cuántos derechos más se pueden otorgar, aunque se dijo que la mayoría de los derechos de aprovechamiento de agua (sin precisar un número) están entregados a usuarios respectivos.
Esta falta de precisión, indicaron, se debe a que aún están en proceso de actualización de la información, que se inició el año pasado y que depende de los Conservadores de Bienes Raíces, lo que ha demorado el proceso.
En todo caso, se informó que en las cuencas de los ríos Biobío y Laja no se pueden otorgar más derechos.
redistribución
Según el diputado Monsalve, el proyecto que busca modificar el Código de Aguas se origina en que había muchas personas que, en posesión de dichos derechos, hacen uso indebido de ellos, como especulación para su posterior venta.
"Por eso, soy partidario de que los derechos de agua sean todos concesionados a un plazo fijo. La concesión no quita certeza jurídica, sino que establece requisitos, como por ejemplo, que las persona ocupen ese derecho para el fin que lo adquirió", detalló.
Agregó que "si alguien no cumple con eso, el Estado debe tener el derecho a quitarle eso".
Su par ecologista, Félix González, enfatizó en que debe haber una redistribución total de los derechos de agua, la cual debe considerar una priorización en base a consumo humano, agricultura y, al final, otros fines, donde se incluye otros sectores productivos, como el energético.
"Hay ejemplos del mal uso del agua como lo que pasa en Copiapó, en que el funcionamiento de las mineras tiene a esa comuna casi sin líquido. También en la Región tenemos lo que pasa con las comunas que reciben agua a través de camiones aljibe. Hay que ver lo que pasa con el cambio climático", dijo González, quien es integrante de la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja.
La diputada DC del distrito 21 Joanna Pérez comunicó que tampoco está de acuerdo con la indicación sustitutiva: "El agua es un bien nacional de uso público y eso debe estar reflejado en la legislación. Soy partidaria de que estos derechos no sean a perpetuidad. También debería analizarse si deben ser redistribuidos y, por supuesto, dando prioridad al consumo humano".
Finalmente, la diputada de RN, Francesca Muñoz, dijo que pese a que no está de acuerdo con que los derechos sean a perpetuidad, el que "sean de duración indefinida (como dice Fontaine) quiere decir que se pueden perder por ciertas causales, como por ejemplo, el mal uso".
