Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó y despachó ayer al Senado el proyecto que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La iniciativa establece como definición de violencia contra las mujeres como "manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres", reconociendo sus distintas formas y los ámbitos en que puede ejercerse.

MEJORA RESPUESTAS

A su vez el proyecto tiene por objeto mejorar las respuestas institucionales que se ofrecen a las víctimas de violencia intrafamiliar; regular nuevas figuras tendientes a reconocer las distintas formas que adopta la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad y generar un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación.

Asimismo, el texto avanza en el reconocimiento de las distintas formas que adopta la violencia contra las mujeres y los diversos ámbitos en que puede ejercerse, ampliando las concepciones actuales que recoge el ordenamiento jurídico.

DEBERES DEL ESTADO

Considera un amplio catálogo de deberes para distintos órganos del Estado en estas materias, y regula obligaciones de prevención de la violencia contra las mujeres para todos estos organismos, en la medida en que desarrollen iniciativas relacionadas con la violencia contra las mujeres. Además amplía la facultad del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en dos sentidos: aumenta el abanico de casos en que puede asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia, y se le permite deducir querella en casos de femicidio.

"Celebramos la aprobación de este proyecto que busca establecer el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia. Nuestro gobierno está cumpliendo con uno de sus compromisos prioritarios: tolerancia cero a la violencia y, para ello, impulsamos una reforma que reconoce que la violencia contra las mujeres se ejerce no sólo en la familia, sino también en el espacio público; fortalece la institucionalidad para combatirla y contribuye al cambio cultural" aseguró la ministra Isabel Plá.

Los diputados del Frente Amplio (FA) anunciaron que no respetarán el acuerdo administrativo que comprometieron en marzo de 2018 con el resto de la oposición y decidieron de forma unánime no respaldar la presidencia del demócrata cristiano Gabriel Silber, quien debiera asumir el liderazgo de la Cámara en marzo próximo.

El vocero del bloque, el diputado Félix González, explicó la razón: "La Democracia Cristiana o parte de la Democracia Cristiana y el Partido Radical han estado votando con el Gobierno en proyectos que son claves también para el programa del Frente Amplio y esperábamos también para el programa de la oposición y, como eso ha ocurrido, tenemos que decir que es lamentable".

"No estamos contentos con esto y tenemos que transparentar al país que no hay una mayoría de oposición en esta Cámara. Por lo tanto, tenemos la convicción como bancada de que no podemos seguir en un acuerdo de oposición con gente que no se comporta como oposición, que no es oposición, y que han sido funcionales al Gobierno de Piñera".

COMISIONES

El representante del Frente Amplio señaló que esta determinación tiene "costos" para ellos, ya que el acuerdo comprende que los integrantes de la ex Nueva Mayoría los respaldarían con los votos a favor para que sus miembros presidan las comisiones de la Cámara.

El FAargumentó que de los 27 proyectos presentados por el Gobierno, la totalidad ha tenido el respaldo de la DC.

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Matías Walker, salió en defensa de Silber acompañado por todos los legisladores de la Falange y advirtió: "No vamos a aceptar que no se cumplan los acuerdos, no vamos a aceptar vetos. Nosotros de buena fe hemos votado por todos los presidentes de comisiones del Frente Amplio y confiamos en la honorabilidad y en la palabra empeñada para que se siga cumpliendo este acuerdo por el bien del país".

Dijo que el acuerdo busca "generar un contrapeso al poder del Ejecutivo " y "es indispensable" para la democracia". A su juicio, "no hay nada que conversar" ni "hay que dar garantías a nadie".