En la reanudación de la discusión de la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, uno de los principales expositores de la sesión fue Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

El líder empresarial enumeró una serie de propuestas que a su juicio debe contener el proyecto de modernización tributaria, entre ellas, una rebaja del impuesto corporativo y un mayor tributo a las plataformas digitales del que propone el propio proyecto del Gobierno.

"El único país miembro de la OCDE que subió la tasa de impuesto corporativo fue Chile, subimos 12 puntos (del 15 al 27%), mientras todos los países miembros de la OCDE bajaron su tasa de impuestos corporativo. Proponemos bajar la tasa corporativa cuando baje el déficit, sobre todo en un entorno en que estamos bastantes más caro en términos de hacer empresas que la OCDE y en contexto de guerra comercial", dijo Swett.

Indicó que "proponemos integrar el 100%, al reponer norma de reinversión y evaluar depreciación instantánea permanente". Respecto de los impuestos a las plataformas digitales, el presidente de la CPC explicó que estos deben tener una tasa de "a lo menos" 19%, es decir, sobre el 10% que propone la modernización tributaria.

Swett sostuvo que los bienes y servicios que se entregan por vía digital a consumidores sean clasificados como una importación de servicios (Spotify-Netflix), importación de bienes (Alibaba-Amazon) o como servicios profesionales (Airbnb-Uber).

Carabineros desalojó la Municipalidad de Ercilla tras doce días de toma por parte de comuneros mapuches que piden que su alcalde, José Vilugrón, asuma su responsabilidad política en el crimen de Camilo Catrillanca.

La toma se inició el 27 de diciembre pasado y terminó ayer en la madrugada cuando la policía sacó a todos los manifestantes y detuvo a seis personas, informó Radio Cooperativa.

En el operativo participaron 70 efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, apoyados por personal de la PDI. El mayor David López, a cargo del operativo, dijo que se detuvo a seis personas, pues "se opusieron tenazmente".

El director de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, el abogado Luis Torres, fue removido de su cargo por el fiscal nacional, Jorge Abbott, tras la finalización del sumario en su contra por una denuncia de acoso sexual.

Abbott firmó la remoción el 4 de enero, en base a la formulación de cargos y la conclusión a la que se llegó del sumario que se aplicó a Torres.

La resolución aún no ha sido notificada a Torres porque no ha sido posible hacerlo en persona, pero la Fiscalía evalúa hacerlo vía carta certificada.

El domingo, Torres escribió un correo a varios miembros del Ministerio Público, informándoles de su renuncia y anunciando que se defenderá "de las falsas acusaciones" en su contra "hasta agotar todos los recursos legales y administrativos". De paso, criticó a Abbott por no escucharlo.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dijo que espera que la Fiscalía tenga "a la brevedad posible" todos los antecedentes que permitan dar con el paradero de los responsables del bombazo que dejó cinco heridos en Santiago el viernes pasado, uno de ellos una mujer en estado grave, pero sin riesgo vital.

El objeto que estalló habría sido confeccionado con niple (tubo) y pólvora, y fue dejado en un basurero de un paradero de Transantiago, hecho que fue adjudicado por la agrupación eco terrorista "Individualistas Tendiendo a lo Salvaje".

En conversación con T13, la subsecretaria manifestó que "el solo hecho de decir 'yo cometí este acto terrorista' no es suficiente. Hoy se requiere pruebas y esperamos que el Ministerio Público pueda tener a la brevedad posible los antecedentes necesarios para detener a las personas que estuvieron involucradas".

Martorell añadió: "No estamos acostumbrados en Chile a que exploten artefactos, menos en sectores públicos". Según explicó, "conversamos con Carabineros y teníamos desplegado el GOPE a nivel nacional", así como "preparado" y "acuartelado" para poder llegar "a todos los llamados que se hicieran". Reconoció, luego, que "es muy natural que la ciudadanía sienta miedo".

"Esperamos por el Gobierno, en realidad por todos los chilenos, que se tenga lo antes posible todos los antecedentes de quiénes fueron las personas involucradas", agregó.

"DIFÍCILES DE PESQUISAR"

A raíz del ataque explosivo, el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, dijo que este tipo de atentados son delitos "difíciles de pesquisar".

Por lo mismo, en entrevista con Radio Universo, respaldó la idea proveniente de algunos expertos en criminología de crear un registro nacional de compradores de elementos explosivos y así facilitar la persecución de los responsables de esta clase de hechos.