Hualqui es una de las comunas que tiene más piscinas autorizadas en la Provincia de Concepción, pero también, según la recién formada asociación que reúne a dueños de piscinas, balnearios, restaurantes y eventos, es la que tiene mayor cantidad de recintos operando sin resolución sanitaria.

Las proyecciones de los empresarios turísticos es que de las 60 mil personas que llegan a disfrutar de las piscinas en temporada estival -entre noviembre y marzo, sólo 15 mil ingresan a recintos que tienen autorización de funcionamiento por parte de la Seremi de Salud. El resto, aseguraron, veranea en centros clandestinos.

Esta fue justamente una de las situaciones que llevó, hace seis meses atrás, a formar esta asociación, que quiere ponerle fin a este problema que les afecta hace tres años.

Los empresarios turísticos de Hualqui estimaron que la merma de turistas es de un 50% en los últimos años.

REGULARIZAR

Patricio Veloso, presidente de la organización, comentó que han sostenido reuniones con la Autoridad Sanitaria, Servicio de Impuestos Internos y la Municipalidad, para levantar un catastro que identifique a los recintos que incumplen las normas, con el fin de que sean fiscalizados.

"La próxima semana se debiera entregar (el catastro) porque este tema se denunció hace cuatro meses atrás", declaró el dirigente de los empresarios turístico de Hualqui.

El alcalde, Ricardo Fuentes, reconoció la situación y expuso que efectivamente están trabajando en regularizar a los que están incumpliendo las normativas vigentes. "No sólo estamos realizando un catastro, sino que regularizando todo lo que tiene que ver con piscinas (…) Estamos trabajando con un equipo de funcionarios para que ojalá todo esté en regla con los que no tienen ningún permiso o los que tengan parte de estos", sostuvo la autoridad comunal.

REALIDAD

Actualmente, la Seremi de Salud tiene autorizadas nueve piscinas y seis campings en la comuna, pero el presidente de la organización, Patricio Veloso, sostuvo que son más de 50 los recintos que trabajan sin permisos.

Para Liliana Muñoz, administradora de las Piscinas Las Tinajas, esta situación ha llevado a que la temporada sea poco auspiciosa: "Ha comenzado lento porque la gente se está yendo a los sectores clandestinos, que obviamente tienen un costo bajo (…) La gente no toma conciencia de la seguridad sanitaria, se preocupa más del bolsillo".

Carolina García, administradora de Piscinas Castañares, planteó que en los últimos años la afluencia de público se ha reducido. Los lugares que incumplen normativa sería parte de la explicación.

La administradora contó que habían decidido cerrar después de 30 años de funcionamiento, pero que diversos llamados de clientes los llevaron a replanteárselo. "Si en dos años sigue lo mismo, la verdad es que no vale la pena abrir", expuso.

La administradora de Piscinas Castañares declaró que si bien la municipalidad les ayuda a tener cursos para los salvavidas a un precio menor, las patentes, impuestos y otros cobros son elevados.

Los recintos autorizados cobran entre 3 mil (niños) y 5 mil (adultos) por persona. Liliana Muñoz dijo que los lugares que operan sin autorización cobran un 50% menos que ellos.

Carolina García reconoció que fiscalizar a los recintos ilegales es compleja, ya que no está el personal suficiente en las reparticiones para hacerlo, pero cree que es injusto que sólo se inspeccione a los que están dentro del marco legal.

USUARIOS

Marcelo Olivares, apoderado de un colegio, dijo que prefería los locales establecidos porque "el recinto sanitariamente es espectacular (…) Vimos unos que no estaban autorizados y dejaban mucho que desear. Acá estamos muy bien atendidos y todo está bien coordinado" .

Para Romina Rodríguez, cuando uno sale con la familia debe asegurarse que el lugar cumpla con los requerimientos sanitarios. Dijo que ella busca información sobre los permisos antes de reservar. "Buscamos una seguridad sanitaria por los niños, por el tema del hanta virus (…) Es importante que estemos resguardados y acá en Los Castañares está limpio y cumple con las normas", contó la penquista.

Hasta $5 millones de multa deberán pagar las personas que impidan el acceso a las playas del país. La iniciativa es del Ministerio de Bienes Nacionales y busca hacer valer el derecho constitucional de acceso a las costas del país a todos los ciudadanos.

Aunque actualmente existen mecanismos que permiten restituir el tránsito a las playas, cuando éste se ve interrumpido por propietarios de terrenos colindantes con la costa, no hay forma de multar a las personas que se oponen a que otros lleguen hasta los bordes costeros.

El seremi de Bienes Nacionales, James Argo, explicó que "desde el Gobierno estamos próximos a entregar un proyecto de Ley que permite multar hasta con $5 millones a quienes impidan el acceso a las playas. Por ahora, nosotros sólo podemos pedir que se haga la fijación de playas por parte de la Intendencia, o accionar para que el acceso se restablezca, pero no multar a quien impide el paso".

La iniciativa es adicional a la campaña "Que no te falte playa", que está promoviendo la cartera para difundir los derechos de acceso a las costas nacionales, invitando a las personas a denunciar cuanto se les ha impedido el ingreso a un balneario público.

"Si a alguien le turban su derecho de acceder al mar, puede hacer la denuncia en el sitio web del Ministerio", detalló Argo.

NO BOTAR BASURA

Paralelo a ello, el pasado 10 de diciembre entró en vigencia la nueva disposición legal que multa hasta con 4 UTM -cerca de $193 mil- a las personas que sean sorprendidas botando basura en las playas. La medida también rige para otras áreas de conservación de la biodiversidad

"Hace pocos días se publicó un cambio al Código Penal que permite castigar con multas de hasta 4 UTM a quienes boten, ensucien o abandonen basura o materiales de desecho en playas, ríos, lagos, parques nacionales, monumentos o en áreas de conservación de la biodiversidad. En el entendido que ya es una mala práctica botar basura, en estos lugares es entendido como una situación grave".

Al tratarse de una modificación al código Penal, Argo explicó que es Carabineros quien tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y aplicar las multas, las que luego serán derivadas a un tribunal y se realizarán las investigaciones respectivas para dictar una sentencia.

Agregó que "muchas veces las denuncias por el acceso a las playas van asociadas a otras por el mal uso de éstas, lo que se traduce en basura. En la Región tenemos muchas reservas que están administradas por la Conaf, por lo que es probable que coordinemos alguna acción con ellos para que conozcan esta nueva legislación y ellos puedan hacer las denuncias en caso de que haya gente que bote basura en los parques nacionales".

Acceso a playas

Bienes Nacionales dispuso de

un espacio en su sitio web para

recibir denuncias en caso de que se prohíba el acceso a las playas.

Coordinación

El seremi de Bienes Nacionales, James Argo, dijo que coordinarán acciones con la Conaf para promover la aplicación de la norma en reservas nacionales.