El Gobierno español aprobó ayer una serie de medidas sociales, inversiones y gestos simbólicos hacia la región de Cataluña, en una reunión en Barcelona que fue acogida con protestas e incidentes provocados por los independentistas radicales catalanes.

La reunión del Consejo de Ministros en la capital catalana supone un "acto de afecto" a Barcelona y a Cataluña, declaró la ministra vocera, Isabel Celaá, al término de la sesión.

En una reunión protegida por un fuerte despliegue policial, el Ejecutivo aprobó varias medidas hacia esa comunidad autónoma española, como inversiones en varios campos y gestos simbólicos, como el cambio de nombre del aeropuerto de Barcelona, que se llamará Josep Tarradellas, en honor al el primer presidente del Gobierno regional catalán tras el retorno de la democracia.

En el terreno social, el Gobierno aprobó una fuerte subida del 22,3% en el salario mínimo y otra del 2,25 % en el sueldo de los funcionarios públicos, que forman parte de su programa de mejora de la situación de la población.

La jornada de protestas en Barcelona terminó con 11 detenidos y 32 heridos.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer que su país siempre protegerá los derechos humanos de los migrantes, tras la medida de devolver extranjeros al país latinoamericano para que aguarden allí el desarrollo de su proceso de asilo en territorio estadounidense.

"Queremos mantener una relación de entendimiento y amistad con el Gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo defender los principios de la política exterior de México", indicó el Mandatario en su conferencia de prensa matutina.

AMLO, como es conocido el Presidente mexicano, aseveró que esta política exterior consiste en "ser defensores de derechos humanos y en todo momento dar protección a los migrantes". "Este es el marco en que vamos a atender este asunto", agregó el líder izquierdista.

El Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que devolverá a México a los inmigrantes que accedan al país irregularmente por la frontera común, incluidos los solicitantes de asilo, mientras se completan sus procedimientos migratorios en Estados Unidos.

Ante esto, México dijo que, en respuesta "soberana", aceptaría y daría atención a estos migrantes, incluso con visas de trabajo, en tanto se completa el proceso en territorio estadounidense.

Por otro lado, el canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró que el Gobierno dará este lunes una postura "definitiva" sobre la medida, siempre considerando los derechos humanos.

Dos fiscales solicitaron ayer que sea elevada a juicio una causa contra la ex Presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y otros 18 imputados por presunto lavado de activos y asociación ilícita en relación a supuestas irregularidades con empresarios de obras públicas a través de una empresa familiar.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los procuradores Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que los imputados sean sometidos a juicio oral por la denominada causa Hotesur.

El pedido firmado ayer alcanza, entre otros, a los hijos de la ex Presidenta y actual senadora, Máximo y Florencia Kirchner, y al empresario Lázaro Báez, dedicado al sector de la construcción, con estrechos vínculos con la familia Kirchner y en prisión desde 2016 por otra causa.

En mayo pasado, el juez a cargo de la causa, Julián Ercolini, ya había procesado, entre otros implicados, a Cristina Fernández, sus hijos y su sobrina Romina Mercado por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

En la investigación se busca determinar si la familia de la ex Presidenta recibió pagos por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de habitaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur, en la que participan Cristina y sus dos hijos.

En noviembre de 2017, la ex Mandataria declaró por esta causa, negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal.

El conocido como "caso Hotesur" se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada opositora Margarita Stolbizer.

"causa de los cuadernos"

Esta petición contra la actual senadora llega un día después de que fuese procesada formalmente por la conocida como "causa de los cuadernos". El caso investiga una presunta red de cobro de sobornos para adjudicar obras públicas durante los Gobiernos Kirchner y cuenta como prueba más simbólica unos cuadernos elaborados por el chófer de un antiguo alto cargo. En ellos, figura supuestamente el dinero que se entregaba y se cobraba para la adjudicación de contratos durante las Presidencias de Néstor Kirchner y su mujer.

La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el jueves el procesamiento de la ex Presidenta como responsable de una asociación ilícita y 27 cargos de cohecho, lo que la sitúa un paso más cerca de la cárcel. Su condición de aforada, sin embargo, le salva por ahora de cualquier medida de prisión preventiva.

Ante este anuncio judicial, Cristina Fernández reaccionó a través de Twitter, donde ha acusado al tribunal de seguir los dictámenes que había publicado la semana pasada el periódico Clarín. "Digo yo: ¿dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, 'Clarín' y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta", escribió en la red social.

Además de la ex Presidenta, también está acusado en la misma causa Julio de Vido, ex responsable de Planificación, así como un exsecretario de Obra Pública y un antiguo subsecretario de Control y Coordinación. Todos ellos están ya detenidos a la espera de que avance el proceso.