Representantes locales de las candidaturas a la presidencia de la UDI de la senadora Jacqueline van Rysselberghe y del diputado por O'Higgins, Javier Macaya, comentaron la desestimada idea de autorizar que militantes gremialistas inhabilitados por el Servel puedan votar en la elección interna de este domingo.

La propuesta fue oficializada durante la mañana de ayer por la senadora del Biobío y fue dirigida al diputado Javier Macaya con el objetivo de que el Tribunal Supremo del gremialismo autorizara que todo el padrón regional pueda votar el fin de semana. Sin embargo, Macaya desestimó la idea.

Jorge Fuentes, actual presidente regional del partido y candidato a secretario general del gremialismo en la lista de la parlamentaria del Biobío, dijo que "con respecto a la votación del domingo, esperamos que el proceso se dé de manera positiva. Aquí la única que debe salir fortalecida es la colectividad".

Agregó que "en la Región del Biobío, el padrón total es de 8.999 militantes inscritos y de esos, 3.801 militantes están habilitados para votar el domingo".

Fuentes explicó que las inhabilitaciones para votar se deben principalmente a que "según el Servel, hay militantes que antes del refichaje aparecen inscritos en el partido, pero que deben haber renunciado para luego ser refichados. Hay un grueso de eso y el Servel interpreta que deben realizar ese proceso".

Fuentes señaló que este problema también lo viven otros partidos. "Por lo tanto, a raíz de que hay muchos militantes que son de la UDI y que están inhabilitados para votar, es que la senadora le mandó la carta a Javier Macaya para pedirle que, con autorización del Tribunal Supremo, puedan votar", aclaró Fuentes.

comando de macaya

Luis Santibáñez, consejero regional de la UDI y uno de los voceros regionales de la campaña del legislador por O'Higgins, explicó las razones de la negativa de aceptar que el padrón total de la UDI pueda votar el domingo.

"Nos parece muy poco atendible el solicitar a pocos días de la votación el incorporar a militantes suspendidos", dijo Santibáñez.

Añadió que "esta tarea pudo realizarse por la directiva actual hace bastante tiempo. No resulta lógico pretender aplicar una medida parche, la cual no tiene un fin integrador, sino más bien uno electoral".

Finalmente, el core destacó que "esperamos que se respete la institucionalidad del proceso, para así dar la señal correcta a la ciudadanía y a los propios militantes".

También, ayer se oficializó que habrán 19 locales de votación y según Jorge Fuentes, se espera que lleguen a votar más de dos mil personas en la elección de timonel nacional UDI.

A través de una resolución fechada el 22 de noviembre pasado, la Corte Suprema ordenó al Gobierno Regional del Biobío la reincorporación de un funcionario que fue despedido a fines de marzo pasado, además del pago de todos los sueldos devengados desde el día de la desvinculación, lo que alcanzaría a $27 millones.

De acuerdo al fallo del tribunal superior, el despido decretado el 27 de marzo fue considerado arbitrario y se desestimó el argumento de la "falta de necesidad de los servicios prestados" por parte del ingeniero civil Miguel Sáez como razón de su salida, por lo que se determinó su reintegro lo antes posible, lo que debería producirse previo a fin de año.

Desde el Gobierno Regional, la seremi de Gobierno, Francesca Parodi, indicó que "hasta ahora el Gore no ha recibido la notificación del fallo, por lo que no podemos referirnos a este tema".

Sáez presentó el recurso de protección el 27 de abril de este año y a fines de julio fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción.

acogió argumentos

"La Corte Suprema acogió todos nuestros argumentos. Todos los actos que se realizaron son ilegales. El despido sin aviso anticipado, sin los informes como corresponde, que hay un principio de confianza legítima porque se trata de un funcionario que lleva más de diez años trabajando en el servicio público. Son alrededor de $27 millones por sueldos devengados", dijo Pablo Ríos, abogado del ex funcionario público.

Agregó que "estamos felices con el fallo. Pese a que la Corte de Apelaciones de Concepción no nos había dado lugar, la decisión fue revocada. Creo que la Corte de Apelaciones, de aquí en adelante, va a recoger lo que establece la Suprema, ya que se sienta un precedente importante".

En tanto, Lorena Lobos, presidenta regional de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos (Anef), destacó que se trata del primer fallo irrevocable de este tipo que la justicia ha ordenado a nivel regional, desde el cambio de gobierno el 11 de marzo.

"Para nosotros es muy significativo que se corrijan muchas injusticias que en materia laboral se cometieron en contra de funcionarios públicos que fueron despedidos", dijo Lorena Lobos.

Agregó que espera que las decisiones de los tribunales se multipliquen en los otros casos en que trabajadores desvinculados presentaron acciones para reclamar eventuales injusticias.

"En la Región se siguen produciendo despidos y casos como este son los primeros desvinculados. Ya tenemos varios fallos a favor en primera instancia", destacó.

Marcos Mellado, dirigente regional y secretario nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Gobiernos Regionales, también valoró la decisión judicial y enfatizó que se esperan más resoluciones a favor de los trabajadores.

"Desde el Gore se han despedido alrededor de 30 funcionarios desde el cambio de gobierno, por lo que esperamos que la justicia siga fallando a favor de sus demandas", destacó Mellado.

Añadió que "a lo menos tengo conocimiento de diez causas que en primera instancia se han fallado a favor de los trabajadores en tribunales laborales. Esperamos que, tras ser apeladas, se resuelvan de la misma manera".

error de redacción

En el texto judicial aparece que la desvinculación de Miguel Sáez fue por parte de la Subsecretaría de Servicios Sociales y no del Gore, como señala el recurso de protección presentado en junio pasado. También, en la última página, del fajo de ocho hojas, aparece otro nombre en lugar de Miguel Sáez Millán.

En todo caso, ambos errores son calificados como de tipeo por parte del abogado Pablo Ríos y ayer motivaron el ingreso de un recurso de aclaración a la misma Corte Suprema para enmendarlas. "Nosotros ya presentamos un recurso dentro del plazo para que se rectifique. Pero, en ningún caso le restará validez a la resolución de la Corte Suprema", dijo el jurista.