Un grupo de 30 personas llegó a la plaza de la Independencia en Concepción para manifestarse en contra del Sistema de Admisión Escolar (SAE) del Ministerio de Educación, que este año debuta en la zona. Particularmente, los padres convocados por redes sociales cuestionaron los criterios de selección que el sistema online tuvo para entregar las vacantes, considerando que tres de cada cinco postulantes del Biobío quedaron en su primera preferencia (63%) y 2.909 postulantes no lograron quedar en ninguna preferencia, en un universo de 35 mil estudiantes de la zona.

Yessenia Correa, apoderada del colegio Dama Blanca de Talcahuano, explicó que "mi hija tiene promedio siete, con el primer lugar en el colegio. Díganme si no es vulneración de derechos el que no tenga un cupo para seguir estudiando, pese a haber postulado a siete preferencias".

Además, la apoderada confidenció que su hija, que cursa octavo básico en el establecimiento chorero, "está con siquiatra porque no entiende por qué pasó esto. Me siento discriminada, ya que la mayoría de sus compañeras tiene asegurada su matrícula. Es una falta de respeto, ya que estoy comprometida con la educación de mi hija y no se reconoce a la gente que se esfuerza".

El abogado Daniel Canteros, que asesora a algunas de las familias, explicó que "los recursos judiciales tienen plazos más extensos de lo que los padres necesitan. Necesitamos impugnar la constitucionalidad de la norma, pero eso demora muchos meses, pese a contar con los argumentos".

Además dijo que para resolver esta situación se debe "tener voluntad política. Muchas veces los legisladores demoran 24 horas para hacer cambios. Ojalá tengan voluntad para respetar la Constitución; la gente siente que hoy tiene una letra muerta".

Desde la Seremi de Educación explicaron durante la semana pasada que entre el 3 y 7 de diciembre se abrirá un proceso adicional para que los apoderados postulen en caso de no conformarse con la selección que entregó el sistema.

Tras la noticia de que la Fiscalía abrió una investigación de oficio sobre eventuales coimas y pagos irregulares en el financiamiento de campañas políticas, denunciadas por Claudio Eguiluz en contra del director del Fesur, Gabriel Torres, el expresidente regional de Renovación Nacional (RN) anunció que entregó al Ministerio Público los antecedentes que respaldan sus dichos, los que fueron publicados en Facebook.

En tanto, Gabriel Torres reafirmó que se trata de una acusación falsa y que su abogado prepara una acción judicial por injurias en contra de Eguiluz, la cual será presentada en los próximos días.

Pese a que no quería profundizar sobre este tema, Claudio Eguiluz se remitió a decir que "le entregué los antecedentes a la Fiscalía, como dije que lo iba a hacer. No me voy a referir más a este tema porque sólo le hace daño a RN".

Agregó que "se abrió la investigación, entregué los antecedentes que me hicieron llegar y que si no los hacía llegar, me podía meter en un problema. Eso es todo lo que puedo decir".

La polémica se generó la semana pasada cuando Eguiluz publicó un comentario en la cuenta de Facebook de Gabriel Torres, donde lo amenazó y le exigió bajar una publicación que contenía una noticia relacionada con la exigencia a RN de mantener la suspensión de militancia del ex líder regional por su condena en el caso SQM.

"Caíste muy bajo Gabriel Torres y tienes que estar muy desesperado para recurrir a esto", dijo Eguiluz en el texto que publicó como comentario en la cuenta de Facebook de Torres, la que horas más tarde fue borrada.

"Tú fuiste uno de los que más plata le pasé, de las que conseguí con SQM para todos los candidatos. Sin embargo, como sabes que yo nunca he querido involucrar a nadie, para no dañar a mi partido...", añadió el ex timonel del partido en la misma red social.

Además, en la publicación Eguiluz insistió en su inocencia en el caso SQM y dijo que recurriría a la Fiscalía para presentar antecedentes por presuntos delitos, entre ellos audios que probarían la presunta recepción de coimas por parte del integrante del directorio de Fesur y de su hermano Rodrigo Torres, quien fue seremi de Energía. Los antecedentes entregados a Fiscalía tendrían relación con el ex seremi .

Desde Fiscalía se confirmó ayer que se inició una investigación a raíz de lo publicado en medios de comunicación regionales y que el fiscal José Patricio Aravena se hará cargo del caso.

falsedad

Ante los dichos de Eguiluz, Gabriel Torres indicó que "es falso con mayúscula, jamás he recibido plata del señor Eguiluz (…) Fui parte un tiempo de la directiva hasta fines de 2011 o inicio de 2012. No tengo relación de nada, por eso en los próximos días me voy a querellar, porque no puede ser gratuito que te ofendan e involucren en hechos en donde lamentablemente está embarrado hasta el cuello y quiere meter a más personas en el charco".

El director de Fesur compite en el balotaje por la presidencia regional de su partido contra la lista que lidera el hijo de Claudio Eguiluz (quien tiene el mismo nombre), comicios programados para el próximo 8 de diciembre.

Sobre la indagación de oficio anunciada por Fiscalía, Torres dijo que "Eguiluz es injurioso. Es mentira todas estas falsedades que señala y que tendrá que responder en tribunales. Por eso es bueno que Fiscalía actué por oficio si él dice que fue así como lo señala, porque si no, tendrá que enfrentar a la justicia para responder por qué motivo llegó al extremo de mentir de manera realmente desquiciada".

Torres calificó de graves los hechos que le imputa Eguiluz y exigirá que los pruebe en la querella. "Uno tiene que hacerse responsable de lo que dice y, al menos, así he actuado yo, en consecuencia, lo cual me hace estar tranquilo, pero con mucha molestia. No puede ser que un tipo me diga, de manera gratuita, que me había pasado plata", enfatizó.

Claudio Eguiluz fue condenado en noviembre del año pasado a 800 días de pena remitida por delito tributario en el caso SQM.

A principios de noviembre, el Tribunal Supremo del partido decretó la suspensión de militancia de Eguiluz, derivado de esa condena. Eso determinó que también fuera apartado de la presidencia regional de RN, además que no pudo inscribir su reelección a timonel regional.

Fue la actividad "Diálogos sobre Modernización del Estado", organizados por la fundación República en Marcha y que se realizó en la Universidad Andrés Bello, lo que trajo hasta concepción a Ramiro Mendoza, excontralor nacional y actual presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Modernización del Estado.

El abogado llegó a la zona un día después de que los diputados Jaime Mulet y Daniel Núñez anunciaran que pedirán al Presidente Sebastián Piñera la renuncia del excontralor al Consejo, por su presunta responsabilidad en la anulación de un sumario a Carabineros en 2010. Esto, considerando las irregularidades que se han detectado en la institución vinculadas a presupuesto.

Sobre aquello, Mendoza dijo que "no tengo ningún comentario que hacer. Yo tengo todos mis argumentos para dar mis explicaciones". Agregó que él concurrió a la Fiscalía en calidad de testigo y que el fiscal le pidió que no hablara sobre la información entregada. Por eso, argumentó, no se referirá al tema.

Sólo planteó que está tranquilo con el trabajo que realizó en la Contraloría y que en su declaración a Fiscalía "dejo entrever que después de la reunión con el general Gordon yo tomo una decisión en un determinado sentido y eso es lo que está explicado ahí".

Mendoza añadió que mientras estuvo a cargo del órgano contralor se hicieron cientos de auditorías, tanto al Ejército como a la Fuerza Aérea, la Armada y Carabineros. "Les pido que busquen las que se hicieron durante mi periodo, lo que además fue advertido en cada una de las cuentas públicas que hice en la administración civil, militar, municipal y regional, así que está ahí", remató.

Indicó que al menos las responsabilidades administrativas se persiguieron durante su gestión, pero que Contraloría no puede hacerse cargo de los delitos, pues esa función le corresponde a otras instituciones del Estado.