Revuelo generó un video publicado esta semana por TVU en el que justo cuando se abordaba la violencia escolar en el Colegio República de Brasil, al fondo de la imagen se observaba a dos alumnas peleando.

Como este no es el único episodio, representantes del Centro General de Padres del establecimiento educacional se reunieron con el director de la Superintendencia de Educación, Rodrigo Yévenes, para solicitar apoyo en la generación de medidas para mejorar la convivencia escolar.

De acuerdo a lo informado por la Superintendencia, la reunión permitió que las apoderadas y la institución conversaran sobre las gestiones que se han realizado, incluyendo el seguimiento de los siete casos que han sido denunciados en la Supereduc durante este año.

Rodrigo Yévenes, director regional de la Superintendencia, se mostró satisfecho con el resultado de la reunión y sostuvo que en las próximas semanas se iniciará un trabajo intersectorial para apoyar al establecimiento. Esto, dijo, incluirá a todos los actores involucrados.

"La protección y el buen trato son claves en la educación de los niños y niñas y para ello la Superintendencia de Educación entrega piezas clave a través de la fiscalización y la transmisión de la normativa educacional. Queremos que los establecimientos vean en nosotros aliados en el acompañamiento, ya no una institución que fiscaliza buscando una serie de incumplimientos, sino resguardando los derechos de sus integrantes y libertades de las comunidades educativas", indicó

Yévenes recordó que fue el Centro General de Padres y Apoderados quien se acercó a la institución para solicitarle apoyo para una mejor gestión de la convivencia escolar.

Esto surgió luego de situaciones de violencia registradas en el recinto de educación municipal y que habrían sido abordadas de la forma debida por el establecimiento.

Yévenes recordó que independiente del trabajo que ellos realicen, a través de la Circular de Reglamento Interno, los establecimientos pueden encontrar de forma clara y concisa la forma en que deben abordarse las situaciones de convivencia escolar y los roles de cada integrante de la comunidad educativa.

Servicio Civil suena parecido a Registro Civil, pero su función es muy diferente. Este organismo está a cargo de todo el proceso de definición de cargos directivos adscritos al sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

En palabras simples, son quienes definen las bases de los concursos para elegir directores de hospitales, de colegios municipales y de servicios como el Sename o el INE. También se encargan de revisar los antecedentes y seleccionar a un mínimo de tres personas para presentar a los respectivos servicios. De allí sale quien ocupará finalmente el puesto.

Ya han pasado 15 años desde su creación y el sistema ha ido ganando madurez, aseguró Alejandro Weber, director del Servicio Civil. Muestra de aquello, mencionó, es que si en 2004 en la Región había 49 cargos definidos a través del sistema ADP, en la actualidad esa cifra llega a 72.

De ellos, agregó, existen nueve cargos adscritos ocupados por mujeres, de un total de 30 puestos que están con nombrados titulares.

A la luz de estas cifras, Weber mencionó que uno de los desafíos que se plantearán con fuerza a partir del próximo año es el incentivo para que más mujeres se incorporen a los cargos directivos. Para ello, dijo, se analizan algunos ajustes en los criterios de postulación y de evaluación para no castigar a aquellas profesionales que han hecho pausas en sus carreras cuando han tenido hijos.

Participación femenina

Weber detalló que en estos 15 años han recibido 24 mil 900 postulaciones para cargos en el Biobío. El peak se alcanzó este año con 3.442 postulaciones para 28 cargos. De ellas, 915 fueron mujeres, versus los 2.527 hombres que enviaron sus antecedentes.

Sobre esto, el director del Servicio Civil indicó que si bien los hombres postulan más, las mujeres tienen mejores resultados: "Si uno mira los nombramientos, proporcionalmente, las mujeres son más efectivas en su postulación".

Según Weber, "estamos significativamente mejor que en la empresa privada. En la encuesta longitudinal del ministerio de Economía, solo un 13% de cargos similares en el sector privado son ocupados por mujeres. En el Estado estamos hablando en un 30%".

Para incrementar estos números se impulsará una serie de iniciativas, como la creación de una red de mujeres líderes en el Estado y algunos ajustes a los perfiles de cargo.

"Por ejemplo, el sistema de ADP exige que los nombrados tengan cinco años de experiencia profesional después del título y los perfiles por sobre eso exigen de dos a cinco años en funciones directivas. Eso ya inhibe la postulación de muchas mujeres que decidieron ser madres en paralelo y eso nos parece injusto", explicó Weber.

Para resolver, planteó como alternativa evaluar la exigencia respecto de posiciones de liderazgo previa a postular a un cargo y privilegiar el potencial. Lo bueno, indicó, es que buena parte de estos cambios no requieren de iniciativas legales para llevarse a cabo.

Criterio político

Una de las principales críticas que ha recibido el sistema es que pese a que se pensó para asegurar calidad técnica en cargos públicas, aún prima lo político en el nombramiento. Esto puede verse cuando hay cambio de gobierno, donde se producen cambios en los puestos de Alta Dirección Pública.

Aunque el director del Servicio Civil reconoció que el componente político es parte del sistema -y así fue concebido, mencionó- esto se ha ido reduciendo. Si hace un par de años la duración promedio de un alto directivo público en el Estado era de dos años, actualmente es de 3,2 años.

"A esta misma fecha de 2014, las salidas no voluntarias de altos directivos públicos era del 50%. Hoy esa cifra se reduce a un 26%", añadió Weber.

Manifestó que si bien la salida está vinculada a una indemnización, los recursos están considerados al inicio de cada año fiscal. Por tanto, concluyó, la permanencia de los funcionarios tiene más relación con su capacidad de gestión que con la falta de fondos para pagar indemnizaciones.

De los 28 concursos realizados este año, 11 finalizaron y ya tienen su nombramiento. Hay otros 13 que están en evaluación y dos en nómina. El único que ha sido declarado desierto es el de director regional del Servicio Nacional de Menores.

En el contexto de su participación en el Seminario Internacional "Ciudades Amigables con las Personas Mayores", organizado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la diputada Francesca Muñoz (RN) anunció que realizará gestiones para que la Región del Biobío se sume a las zonas amigables con los adultos mayores.

Muñoz contó que en el seminario se informó que aunque Japón y Chile tienen las mismas tasas de envejecimiento de la población, nuestro país está retrasado 25 años en la materia.

"Nuestra responsabilidad por lo tanto es hacer de nuestras ciudades, lugares accesibles y amigables para ellos, donde puedan vivir más y mejor", planteó la parlamentaria.