En una instalación dispuesta por el Gobierno estadounidense para jóvenes migrantes, una joven de 20 años que mintió diciendo que tenía 17, logró robar una aguja durante una clase de costura para cortar su piel. En otro caso, cámaras de seguridad grabaron a un joven pateando repetidamente a un niño en la cabeza, después de discutir en el campo de fútbol, según documentos que denuncian el maltrato de los niños y jóvenes inmigrantes en los centros de reclusión.

Expedientes obtenidos por Associated Press (AP) muestran algunos de los problemas que se viven en las instalaciones provistas por la Casa Blanca para los migrantes menores de edad, a la espera de la regularización de sus documentos y los de sus padres o adultos a cargo, en momentos en que el Gobierno de Donald Trump decide sobre el futuro de estos niños.

Actualmente hay unos 14 mil menores distribuidos en más de cien instalaciones en todo el país. De ellos, unos 5.900 niños están en Texas, lugar donde muchos cruzaron la frontera sin sus padres y han tenido que esperar más tiempo en los centros antes de ser entregados a parientes o tutores, quienes sienten miedo de presentarse ante la Justicia por la posibilidad de ser detenidos y deportados.

Cientos de estos menores, sin embargo, hace unos meses fueron reunidos con sus familias, tras la indignación mundial por la separación. Luego, el Gobierno presentó a los centros como lugares seguros para los niños inmigrantes, pero los expedientes muestran un sistema saturado: los menores se rebelan, a veces golpeándose entre ellos e intentando escapar, y los funcionarios tienen problemas para lidiar con estas situaciones.

Los médicos advirtieron hace meses las consecuencias de esta política sobre la salud de los pequeños, sobre todo después de que la mayoría huyó de la violencia y la pobreza en Centroamérica.

Los expresidentes brasileños Luiz Inácio "Lula" da Silva, encarcelado desde abril; y Dilma Rousseff, destituida en 2016, serán enjuiciados por asociación ilícita en un caso de corrupción, informaron fuentes oficiales del país liderado actualmente por Michel Temer -quien asumió el cargo tras la salida de la exmandataria, y a la espera del traspaso de mando a Jair Bolsonaro.

El juez Vallisney Oliveira, de Brasilia, aceptó esta semana la denuncia formulada por la Fiscalía contra los exmandatarios en un proceso que afecta a antiguos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), relacionado con la corrupción destapada al interior de la petrolera estatal, Petrobras.

El magistrado de primera instancia también aceptó los mismos cargos contra los exministros Antonio Palocci y Guido Mantega, junto al extesorero del PT, Joao Vaccari Neto.

La denuncia, presentada en septiembre del año pasado por el entonces fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, produjo una investigación para confirmar si el PT creó una organización criminal para desviar dinero desde la empresa estatal.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

De acuerdo con la acusación, y con base en "pruebas documentales", los investigados integraban "hasta el año de 2016" una "organización criminal" como miembros del partido entonces oficialista, desde donde habrían cometido "diversos delitos contra la administración pública", entre ellos corrupción y lavado de dinero, según detalló el juez.

La denuncia consideró entonces que los dirigentes del PT recibieron en aquella época alrededor de US$ 387 millones, mediante sobornos procedentes de las arcas públicas.

"Lula", quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, cumple desde el pasado 7 de abril una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, sentencia de otro proceso penal, también ligado a los desvíos que ocurrieron en la firma petrolera.

El exmandatario, quien lidera desde prisión la formación progresista -inclusive aconsejando al ahora excandidato a la Presidencia, Fernando Haddad, tras no haber podido presentar la propia-, mantiene abiertos otros procesos legales por asuntos de corrupción.

Rousseff, que ya había sido salpicada por el escándalo, fue jefa de Estado entre 2011 y 2016, año en que fue destituida por el Congreso brasileño por irregularidades en el manejo de los presupuestos.

El escándalo en Petrobras, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil destapado hace más de cuatro años, ha enviado a prisión a importantes políticos y empresarios, rozando inclusive a Temer.

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, asistirá a la cumbre del G-20 prevista para el próximo viernes y sábado en Buenos Aires, Argentina, según la prensa árabe, pese a las acusaciones sobre su responsabilidad en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, cuyos restos aún no son encontrados.

La reunión de las veinte economías más grandes del planeta sería el primer viaje de Bin Salman al exterior desde la desaparición del corresponsal de The Washington Post el pasado 2 de octubre en el consulado del reino en Estambul, Turquía. En Buenos Aires, el monarca se encontraría con los mandatarios de EE.UU., Canadá y otros países de la Unión Europea que han pedido una respuesta pública sobre el destino de Khashoggi. En la cita también estará el Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien ha mantenido la presión internacional sobre Arabia Saudita.

El Partido de los Trabajadores (PT) acusó "persecución política" tras la nueva orden del poder judicial contra los exmandatarios "Lula" da Silva y Dilma Russeff, "que no se sostiene en hechos ni pruebas", según una publicación en su página web. Los magistrados, a juicio de la organización, "cometen, en colusión organizada y jerarquizada, un crimen contra la democracia, contra el derecho de libre organización política" al "perseguir" a los actuales líderes opositores, en "complicidad de la Red Globo y de los grandes medios" de comunicación del país, señalaron.