"Llegaremos hasta las últimas consecuencias". Esa fue la advertencia que realizaron los funcionarios de Gendarmería, que desde el lunes se encuentran movilizados a nivel nacional, y también en el Biobío. Piden una mejora en la carrera funcionaria dentro de la institución, entre otras demandas que se trabajan actualmente con el Ministerio de Justicia.
El ingreso al Complejo Penitenciario Concepción (CCP) fue el masivo punto de encuentro de los gendarmes, quienes ayer recibieron el apoyo de distintos servicios vinculados a Justicia durante el tercer día de movilización en la zona, entre ellos las Asociaciones de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y el Servicio Médico Legal (SML).
Carlos Torres, vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios de Concepción, explicó que ante el lento avance en el diálogo con el Gobierno determinaron acuartelarse a partir de las 20 horas de ayer, lo que implicará la adhesión total de los funcionarios a la paralización. Eso sí, agregó, resguardando la integridad y el sistema al interior de los recintos penales.
Entre los efectos de la movilización se cuentan la suspensión de audiencias, cierre del Centro de Internación Provisoria y la permanencia de imputados en prisión preventiva al interior de comisarias de Carabineros en Lota y Arauco. Por ese motivo, la defensoría presentó recursos de amparo constitucional para resguardar el derechos de los acusados.
SUMAN RESPALDOS
El vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios de Concepción, Carlos Torres, valoró el respaldo entregado por las distintas instituciones que arribaron ayer hasta el penal Biobío.
"Los actores que se están sumando son de la misma cartera. Entendemos que eso es una muestra de los grandes problemas que se viven dentro del Ministerio de Justicia", afirmó.
Respecto a las demandas, Torres insistió en que "esta carrera funcionaria viene a salvaguardar y dignifica nuestra labor, que por años ha sido postergada. Lo que buscamos es un reconocimiento de la deuda histórica que tiene el Estado en poner en valor la labor del gendarme".
Iván Arriagada, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Sename (Anfup), declaró que "nosotros nos hemos querido sumar, porque entendemos que somos instituciones hermanas y por ello queremos demostrar nuestro interés a través de actos concretos (...) a partir de esto podremos analizar los problemas comunes que tenemos las distintas carteras que formamos parte de Justicia".
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la CAJ, Marcelo Inostroza, agregó que solidarizan con todas las demandas de Gendarmería. "Estaremos en todas las instancias que nos convoquen, porque entendemos que estas problemáticas están en todos los niveles y servicios que pertenecemos a esa cartera de Justicia. Hoy estamos en el patio trasero del Ministerio", enfatizó.
RECONOCEN PROBLEMAS
César Panés, presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, manifestó su inquietud por las complicaciones que esta paralización podría generar en el funcionamiento de los tribunales y el estado de los imputados e internos de los recintos. "Para nosotros es una grave complicación, porque implica suspensión de audiencias y obstáculos en los ingresos de imputados que están sujetos a algunas medida cautelar, entre otras", agregó.
Respecto a la situación de los imputados, Panés precisó que "actualmente las personas imputadas están con Carabineros, sin embargo, esto debe ser resuelto prontamente pues esa institución no está diseñada por ley para los efectos de custodiar a una persona bajo una medida cautelar".
En ese sentido, la Defensoría Penal Pública confirmó la presentación de un amparo constitucional en favor de un imputado que se encuentra recluido en una comisaría del sector Carampangue, en Arauco, y hoy ingresará otros tres por igual número de personas formalizadas en el Juzgado de Garantía de Lota y que se encuentran cumpliendo una medida cautelar en una unidad policial de esa comuna.
Osvaldo Pizarro, defensor regional del Biobío, enfatizó que los únicos lugares de detención establecido por ley para que una persona sea privada de libertad, a título de prisión preventiva, son el domicilio, la cárcel o en su defecto el centro de prisión preventiva. "Frente a esa imposibilidad será la Corte de Apelaciones a través de las acciones que interpongamos para restituir el imperio del derecho y ordenar el cumplimiento", afirmó.