Carabineros tuvo que encargarse ayer del traslado de imputados a las audiencias en los juzgados locales, luego que Gendarmería dejará de cumplir esa labor, en el contexto de la paralización nacional de los funcionarios de esa institución iniciaron ayer.
Esa es una de las consecuencias vislumbrada tras la acción, la cual es motivada por la falta de respuesta de parte del Gobierno a las peticiones que hacen los trabajadores, en el marco de las negociaciones con la autoridad nacional.
Carlos Torres, vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios de la Provincia de Concepción, la cual agrupa a los gremios del sector, indicó que un 96% de los funcionarios en las tres provincias del Biobío adhirieron al paro.
Señaló que en la provincia, además de no trasladar a los internos a los respectivos juzgados, el cambio de turno en la mañana -y por ende el desencierro de los internos- se concretó más tarde, en vez de las 8.30 horas fue a las 10 horas.
Más allá de esas situaciones puntuales, el penal Biobío y la sección femenina de El Manzano funcionaron de manera normal en la provincia, se permitieron visitas, se mantuvo la alimentación y la atención de los internos con enfermedades crónicas.
En el complejo penitenciario de Concepción laboran alrededor de 400 personas, sostuvo Torres.
Agregó que en el caso de la cárcel de Coronel, la toma ahí fue parcial, con la finalidad de "ventilar el movimiento sindical y no generar un colapso inmediato", explicó el dirigente.
"Nuestra lucha no es contra la población penal, hemos sido precavidos en eso, hemos mantenido el diálogo con todos los actores, para que se den cuenta que la posición dura en este tema la tiene el Gobierno", comentó Torres.
Justamente, como forma de socializar el paro, los dirigentes ayer se reunieron con el arzobispo de Concepción, Fernando Chomali; el presidente de la Corte de Apelaciones, César Panés, y los responsables de los juzgados de Garantía, detalló Torres.
"Nuestra lucha no es contra el sistema, es contra el Gobierno, que nos tiene entrampado hasta este minuto", insistió el dirigente.
PLANTEAMIENTOS
Las dirección regional de Gendarmería de Chile y la Seremi de Justicia en el Biobío guardaron silencio respecto a la movilización. Se explicó que las vocerías estaban concentradas en Santiago.
Sí se presentó un listado de propuestas planteadas por el Gobierno para mejorar las condiciones de los funcionarios. Entre éstas está incentivos al retiro de oficiales, suboficiales y gendarmes, asignación de mayor sueldo, programa de promoción y ascensos, una unidad de defensa funcionaria, entre otro puntos.
Óscar Martínez, dirigente provincial de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), comenta que la solicitud más sentida de los trabajadores es contar con una carrera funcionaria y un sistema de ascenso. "Muchas veces nos han dicho que se ha modificado, pero es insuficiente, se hacen promesas cuando la gente entra en la escuela (de Gendarmería)", aseguró el representante de los funcionarios.
Martínez también hace mención a otros aspectos que son importantes para ellos, como por ejemplo el reconocimiento de la planta 3, conformada por civiles. Según el dirigente, la idea es que sean reconocidos como funcionarios de planta, ya que en muchas ocasiones deben cumplir tareas que son riesgosas, como las visitas a domicilio para cotejar el cumplimiento de las medidas cautelares. Según Martínez, muchas veces está labor se debe realizar en sectores que son peligrosos.
Otro aspecto aludido por Martínez apunta a los meses de incentivo cuando un trabajador se acoge a retiro y un bono de egreso igual al de otros trabajadores del sector público, consistente en 11 meses de sueldo, en circunstancias, afirmó, que en Gendarmería es de la mitad.
Consultado Carlos Torres respecto a la posibilidad que la paralización se radicalice, es una opción que no descartan, pero han querido ser cautos ante esta posibilidad. En todo caso, se aseguró que dependerá de lo que ocurra con las conversaciones que se desarrollen a nivel central.
Las conversaciones entre los trabajadores de Gendarmería y el Gobierno se extendieron por cuatro meses antes que se tomara la decisión del paro. La última propuesta de la autoridad fue entregada el miércoles de la semana pasada. Hasta el cierre de esta edición no había acuerdos entre las partes.
