Ante el paro anunciado por Gendarmería a contar de mañana, el senador Alejandro Navarro aseguró que todos los Gobiernos prometieron mejoras para los funcionarios de esta institución, pero ninguno cumplió.

La ampliación de la carrera funcionaria, mayor dotación para el personal, nuevas cárceles y mejoras en la escala de ascensos son algunos puntos que los dirigentes de los trabajadores de la institución han discutido con la autoridad central, sin llegar a acuerdos.

Ante este escenario, se anunció el paro general ante las fallidas conversaciones con el Gobierno, iniciadas hace cuatro meses, cuando se bajó un paro.

Alejandro Navarro, quien es miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, sostuvo que es el "Ejecutivo el que tiene que hacer una reestructuración a fondo de la institución, incluyendo todas las justas demandas de los gendarmes".

Ejemplificó como los funcionarios, cuando deben afrontar algún proceso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) tienen que pagar un abogado de su bolsillo, a diferencia de lo que ocurre en Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI), instituciones que disponen de profesionales para defender a los trabajadores y que cuentan con salarios mejores.

"Es la oportunidad de hacer un cambio mayor y profundo", señaló Navarro. "Y si el Presidente se comprometió a ello y los gendarmes bajaron el paro en junio pasado y han estado cuatro meses negociando, es porque creyeron en la mesa de trabajo en conjunto, por lo que el Ejecutivo debe hacer un esfuerzo".

Agregó que la crisis en la institución es mucho más profunda y hoy solo se aprecia la punta del iceberg. "El Presidente Piñera debe responder con una Ley que resuelva todas sus demandas, reestructurando a fondo la institución, con una carrera funcionaria", concluyó.

El pasado 20 de septiembre, el Ministerio de Educación ingresó al Senado el proyecto de ley "Aula Segura", iniciativa que busca agilizar los procesos de expulsión en contra de los alumnos que cometan actos violentos o porten material peligroso como armas, estableciendo plazos acotados y dando la facultad a los directores para sancionar los hechos.

A poco más de un mes del ingreso de la iniciativa, está ya fue aprobada en su primer trámite sin estar exenta de polémica por los cambios que se propusieron en la discusión legislativa en la cámara alta.

Finalmente y luego de su aprobación en el Senado el pasado 24 de octubre, el documento legal pasará a discusión en su segundo trámite legislativo este martes, cuando se inicie la tramitación en la Cámara Baja, particularmente en su comisión de educación.

Entre las modificaciones que se incorporaron al proyecto está el resguardo del debido proceso y la posibilidad de suspender a cualquier miembro de la comunidad escolar que incurra en infracciones graves y gravísimas, tales como el abuso sexual, agresiones o porte de armas.

Sergio Bobadilla, diputado de la UDI del distrito y miembro de la comisión, anticipa el debate que se va a dar en las próximas semanas y reafirma su posición en favor de las sanciones y plazos que define el proyecto.

"Espero que prime el sentido común nos indica que a los delincuentes hay que tratarlos como tal, y a las personas que quieren estudiar de forma respetuosa sin agredir al resto, tengan las condiciones para que el proceso educativo se dé con normalidad", expone de entrada.

Respecto a los elementos que contempla la iniciativa, el legislador oficialista dijo que "este proyecto les entrega un instrumento muy poderoso a los directores para erradicar a los violentistas, que atentan contra las personas y los bienes inmuebles. Debería primar el sentido común, y la oposición ha reflexionado sobre esta situación, no poniéndose del lado de los violentistas".

TRAMITACIÓN FLUIDA

Sergio Bobadilla anticipó además que la tramitación será expedita y sin mayores inconvenientes: "Creo que en la Cámara de Diputados podría tener una tramitación más fácil que en el Senado, ya que en el primer trámite primó la cordura y sentido común, de que hay que sancionar a los violentistas en favor de la mayoría de los estudiantes que quieren ir a clases".

Además el parlamentario recordó cómo se dio la tramitación durante el último mes, cuestionando el actuar de algunos senadores. "Yo diría que fundamentalmente la senadora Yasna Provoste (DC) llevó esto a un límite inaceptable, cambiando el espíritu e idea del proyecto. Afortunadamente, los senadores del Partido Socialista influyeron para que esto volviera al objetivo original, que es erradicar la violencia de los establecimientos", cerró el legislador.