Un grupo de senadores de la UDI y RN oficializó ayer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), que busca que esa entidad revise el protocolo sobre objeción de consciencia elaborado por el Gobierno para el aborto en tres causales.

Dicho documento excluye a las instituciones privadas que reciban dineros públicos para atenciones de obstetricia y ginecología de la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia institucional, uno de los puntos más controversiales tras la promulgación de la ley.

El recurso fue presentado por la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y cuenta con el respaldo de 13 senadores de su partido y de RN.

El protocolo en cuestión fue elaborado por el Gobierno, luego de que la Contraloría declarara ilegal el que había presentado previamente el Ministerio de Salud. En su fallo, el ente fiscalizador determinó que los establecimientos privados con recursos públicos no pueden invocar objeción de conciencia.

un derecho

La timonel de la UDI criticó al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ya que dijo que la objeción de conciencia es un derecho establecido en la Constitución, por lo que no puede depender de que se reciban o no dineros estatales.

"El Tribunal Constitucional hace ya bastante tiempo determinó que la objeción de conciencia es un derecho que está resguardado en la Constitución y no puede ser que el contralor, mediante la interpretación de un cuerpo legal, niegue algo que el Tribunal Constitucional dice que es un derecho fundamental", dijo Van Rysselberghe.

"No porque un particular en un proyecto determinado necesita la ayuda del Estado para poder llevar adelante ese proyecto, el Estado puede ponerlo de rodillas, chantajearlo y decirle que tiene que hacer cosas que en conciencia cree que no corresponden o que no está dispuesto a hacer", agregó.

Desde la oposición, el senador PPD Felipe Harboe afirmó que "el Gobierno del Presidente Piñera tendrá que explicar cómo sus parlamentarios han recurrido al Tribunal Constitucional en contra de un decreto firmado por él".

El TC tiene cinco días para decir si acoge a trámite o no el recurso presentado.

Luego de casi tres horas de reunión y cuatro meses de negociaciones, los gremios de Gendarmería anunciaron que a partir del próximo lunes comenzará un paro de funciones luego de que rechazaran la última propuesta del Ministerio de Justicia.

Así lo comunicaron los funcionarios tras finalizar la cita con el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, y el director de la institución, Christian Alvial, en la sede de la Dirección Nacional de Gendarmería.

De acuerdo al vocero del del Frente Nacional de Trabajadores Penitenciarios (FTP), Andrés Segovia, la cartera acogió parcialmente tres de las once peticiones gremiales, las cuales tienen que ver con el incentivo al retiro, el mejoramiento del bono por egreso y el aumento de sueldos.

Con esto, se dejó de lado otras demandas fundamentales para los gendarmes, como la redistribución de las plantas, incluyendo la de no uniformado, que lleva cinco años en Gendarmería, y la restitución de derechos previsionales.

"Lamentablemente, el Gobierno y el Estado chileno invisibilizan la función penitenciaria. Todo este tiempo, los cuatro meses que hemos estado trabajando, fueron mínimamente aceptadas tres de nuestras propuestas (...) Estamos disconformes y vamos a llamar a todos los funcionarios a para movilizarnos", dijo Segovia.

"Queremos carrera funcionaria. Es insuficiente lo que nos están dando. Ministro Larraín, comprométase con los gendarmes, no queremos ser el patio trasero de las instituciones. Es una burla para los veinte mil funcionarios. Sí al paro", manifestó Andrés Segovia a la salida de la reunión.

fallida mesa de trabajo

El 26 de junio, en medio de una inminente paralización de los funcionarios, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, logró poner freno a la situación, pactando un acuerdo con los gremios de Gendarmería.

Se inició una mesa de trabajo entre ellos y la entonces directora nacional de la institución, Claudia Bendeck, y en un plazo de noventa días debían entregar las conclusiones del diálogo. Pasado el plazo, las propuestas de Bendeck no lograron convencer a los trabajadores penitenciarios, por lo que decidieron que la máxima autoridad de Gendarmería ya no era "una interlocutora válida", lo que terminó con su salida. La reemplazó Alveal, pero Ossa tomó la misión de negociar con los uniformados, sin lograr aún zanjar el conflicto.

Durante la ceremonia por el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y protestantes, y tras los incidentes ocurridos en la "marcha por Jesús" el fin de semana pasado, el Presidente Sebastián Piñera confirmó ayer que su Gobierno impulsará un cambio a la ley de libertad de cultos e igualdad religiosa.

En una ceremonia que convocó a cerca de 400 personas en el Patio de los Cañones en La Moneda, el Mandatario expresó que después de ver lo que ocurrió en la llamada "marcha por Jesús", que terminó con incidentes el sábado pasado, "nos hemos convencido de la importancia que el Estado asegure la libertad".

la marcha por jesús

"Después de haber visto lo que ocurrió en la 'marcha por Jesús', que era una marcha pacífica, que pretendía expresar valores y que fue brutalmente agredida por violentistas que no respetan a nada ni a nadie, nos hemos convencido cada vez más de la importancia de que el Estado asegure y garantice la libertad en todos los campos", afirmó.

"Si hay un campo en que la libertad es absolutamente fundamental es en el campo de la fe, del espíritu de nuestra relación con Dios con el creador, por eso después de ya casi 20 años de vigencia de la ley de libertad de cultos e igualdad religiosa llegó el momento de revisarla", agregó.

El anuncio del Presidente llega luego de un proceso que comenzó al menos hace tres meses, cuando se inició una mesa de trabajo entre el Gobierno y representantes de distintas iglesias, con el fin de analizar modificaciones a dicha legislación.

En esa línea, el jefe de Estado comentó que "hemos conversado con muchos de ustedes y sabemos que hay muchas inquietudes y sugerencias para perfeccionar la ley y asegurar que en Chile tengamos igualdad religiosa y de cultos porque en esa materia el Estado tiene que crear las condiciones, no discriminar, permitir que cada uno exprese su fe, su relación con Dios en la mayor libertad y con el mayor respeto posible".

En la primera fila de la ceremonia estuvo el obispo Eduardo Durán Castro, mientras que el capellán evangélico del Palacio, Daniel Anabalón, quien tomó la palabra para decir que "no hemos llegado en este día con la intención de exigir, sino que estamos para servir".

"La Iglesia necesita levantarse y brillar especialmente en momentos en que las tinieblas parecieran cubrir las tierras y las Naciones", comentó.

trabajo con comunidades

En las mesas de trabajo del Gobierno no sólo han participado representantes de las iglesias evangélicas, sino también de otros credos, como de las comunidades judías, musulmanas, mormones, adventistas y anglicanos, por ejemplo.

La iniciativa avanzaría en la línea de replicar estas mesas de trabajo en regiones, para contar con una propuesta que sea ingresada al Parlamento el próximo año.

"Efectivamente empezamos a trabajar hace algunas semanas con distintas agrupaciones, líderes y gente experta en la materia (…) lo vamos a hacer (este trabajo) en base a lo que se plantea en nuestro programa de gobierno que busca fortalecer la libertad religiosa y de culto. Por otra parte, también (en base) a experiencias anteriores de modificaciones y perfeccionamientos de la ley", comentó al medio antes citado el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel.

"Esto en definitiva es una garantía de qué es lo que es la libertad de pensamiento, de conciencia, no solamente de las personas religiosas, sino que también no religiosas, es un valor fundamental de la República y lo queremos fortalecer", manifestó.