A fines de noviembre se votará en el Congreso el reajuste del sector público y, por lo mismo, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) de la Región del Biobío presentó ayer su petitorio con miras al próximo año. Por primera vez el objetivo central no está puesto en el aumento salarial, sino en la estabilidad del empleo del sector público, así como una mejora en su calidad.

La presidenta regional de la Anef, Lorena Lobos, explicó que "en este momento el reajuste salarial es del 8%, pero eso no es lo que nos preocupa. El gran foco de la negociación sectorial tiene que ver con la estabilidad del empleo y sus características, que sea decente y en igualdad de condiciones, como todos los trabajadores privados de este país. Ni siquiera tenemos derecho a colación".

Entre las preocupaciones regionales del sector se encuentran los despidos ilegales, que según ellos podrían aumentar en noviembre, cómo está afectando la instalación de la Región de Ñuble y la aprobación de un decreto que obliga a los servicios a cumplir el 100% de las metas.

Y, para avanzar en su objetivo, los funcionarios se reunieron con el diputado Gastón Saavedra (PS), quien es presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara. El parlamentario se comprometió a tomar acciones al respecto para conseguir el petitorio: "Me parece del todo acertado lo que están pidiendo".

LOS DESPIDOS

Lobos comentó que "contabilizamos a nivel nacional 2 mil 500 despidos y a nivel regional vamos cerca de los 90. Lo que nos preocupa es que noviembre se preste para la no renovación de los contratos, lo que tiene características ilegales, Contraloría ya lo ha dicho y reforzado en cuatro dictámenes. Entonces, no es posible que, bajo ese escenario, el Gobierno insista en despedir funcionarios argumentando el término de sus contratas, en virtud de que además tenemos funcionarios bien calificados".

A lo anterior se suma que a raíz de la instalación de la Región de Ñuble ya se han realizado desvinculaciones en Corfo y Sence para realizar la contratación del mismo número de funcionarios en el nuevo territorio administrativo.

La dirigenta de la Anef agregó sobre este punto que "no se les ha perdido el traslado. Se han hecho las preguntas, pero las posibilidades son en desmedro de sus condiciones en la nueva región, eso no ha facilitado que la gente se incentive o se motive a ser trasladada".

Gastón Saavedra comentó sobre este punto que "evidentemente el principal problema que ellos tienen es la estabilidad en el trabajo, producto de que están sujetos a los vaivenes de los cambios políticos, que cuando llega un gobierno de distinto signo político, hay personas que pierden sus trabajos, cuando son el capital humano que ha formado el Estado".

NUEVO DECRETO

Por otro lado, el decreto 324 que se aprobó el pasado viernes y que obliga a los servicios al 100% del cumplimiento de sus metas, también complica a la Anef. Aseguraron que existirá una merma importante de los ingresos a fin de mes.

"Es imposible lo que se está pidiendo porque ni siquiera se negocian con las mismas personas. Algunas metas son ministeriales y otras de los jefes de servicios. Y como no se van a cumplir, no se van a pegar los incentivos y eso afectará hasta en un 50% el sueldo de algunos trabajadores", puntualizó Lorena Lobos.

Para el parlamentario, no se pueden estar cambiando las reglas a esta altura, "se modifica a un cumplimiento inalcanzable para que tramposamente no se les pague el incentivo, que se originó para mejorar la gestión y el trabajo público".

Con el petitorio sobre la mesa, desde el martes 30 de octubre la Anef comenzará con las movilizaciones para lograr la aprobación de sus demandas.

Evelyn Betancourt, presidenta regional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), indicó que además de plegarse a las demandas de la Anef, hay dos temáticas que les preocupan como sector: las concesiones hospitalarias bajo el modelo de la asociación pública-privada y las agresiones a los funcionarios.

Sobre este último punto declaró que "no existen protocolos dentro de los establecimientos y los que existen son deficientes, no cumplen con los criterios estandarizados, incluso por la Ley de Seguridad del Trabajo. Tenemos una funcionaria de Los Ángeles que perdió la visión producto de un agresión. Nosotros no podemos esperar a que la gente muera para avanzar, el Estado no cumple la normativa de seguridad laboral con nosotros".