El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió ayer a la renuncia de la ex titular de Justicia, Javiera Blanco, al Consejo de Defensa del Estado (CDE), afirmando que su salida era "necesaria", después de que la propia abogada señalara que su decisión se debió a "la incomodidad de los consejeros", a causa del proceso para esclarecer el funcionamiento y las concesiones realizadas por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

"La renuncia de Javiera Blanco es una acción necesaria, indispensable para el buen funcionamiento del CDE, por lo tanto, es una decisión que consideramos como Gobierno necesaria, correcta e indispensable", aseguró el secretario de Estado.

Acerca de quién reemplazará en sus funciones a la abogada, Chadwick explicó que el nombramiento será estudiado con "tranquilidad" por el Presidente Sebastián Piñera.

La renuncia de la ex ministra de Justicia del Gobierno de Michelle Bachelet fue informada por la propia Blanco a El Mercurio, entrevista en la que negó las imputaciones que enfrenta por las adquisiciones de bienes y servicios en el Sename y Gendarmería, junto a los gastos reservados de Carabineros.

Estas investigaciones penales, aún en desarrollo, causaron la "incomodidad de los consejeros", argumentó la también ex titular del Trabajo. La salida del CDE permitirá a la abogada, en sus palabras, "buscar trabajo como cualquier ciudadano".

"razonable"

René Saffirio, el diputado independiente que en 2016 impulsó una acusación constitucional contra Blanco -precisamente para establecer su responsabilidad en la crisis del Sename, tras la auditoría que reveló la muerte de cientos de niños al interior de los hogares, la cual, sin embargo, fue desechada -, dijo ayer a Emol que la decisión de Blanco fue "razonable".

"Ella nunca debió haber asumido en el CDE, porque a la fecha en que es designada ya había cuestionamientos respecto del manejo de recursos, tanto en Gendarmería, como en Carabineros y el Servicio Nacional de Menores por el programa Ascar (Aseguramiento de Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo)", dijo el legislador.

Saffirio agregó que, "siendo el rol del Consejo el de proteger los intereses del fisco en juicio, no podía estar ella en el mismo organismo que tenía que defender los intereses del fisco por una parte y siendo acusada de fraude al fisco por la otra".

"Entonces, lo menos que uno habría esperado es que nunca hubiera asumido. Ahora, si tomó la decisión de asumir y luego se da cuenta que no puede ejercer la función, de hecho hace dos meses que no la puede cumplir por esa misma incompatibilidad, es absolutamente razonable que haya renunciado", destacó.

La Iglesia católica volvió ayer a pedir perdón tras conocerse la decisión del Papa Francisco de expulsar del sacerdocio a dos ex obispos por su vinculación con casos de abusos sexuales, medida que vuelve a poner en manifiesto la crisis que vive la congregación.

Los afectados son el ex obispo de La Serena, Francisco José Cox, de 85 años, y el de Iquique, Marco Antonio Órdenes, de 54, quienes se unen a los ya expulsados Fernando Karadima y Cristián Precht.

La decisión fue tomada por el Sumo Pontífice el pasado 11 de octubre, según indicó el Vaticano, pero se hizo pública ayer por la mañana, después de haber sido sometidos ambos a una investigación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe que no podrá ser recurrida.

el perdón

La Conferencia Episcopal (CECh) respondió mediante un comunicado a la notificación, en el que pidieron nuevamente "perdón" a las "familias y comunidades" que "han sufrido el abuso y daño causado por los obispos".

"Los obispos de la Conferencia Episcopal continuamos nuestro caminar de renovación eclesial, con nuestro servicio a disposición del discernimiento del Santo Padre", agrega el comunicado que fue firmado por el Presidente de la Conferencia, Santiago Silva; el Secretario General, Fernando Ramos; y los miembros del Comité Permanente Ricardo Ezzati y Juan Ignacio González.

los expulsados

Cox vive retirado desde 2002 en la localidad alemana de Vallendar, en una comunidad de los Padres de Schöenstatt, a la que pertenece, tras haber sido acusado de abusos sexuales a menores en Chile y recientemente se supo de un nuevo caso en Alemania.

En 2002 fue trasladado a un monasterio para vivir una vida de "silencio, oración y penitencia", cuando empezaron a circular los primeras acusaciones de abuso en su contra.

En el caso de Órdenes, Benedicto XVI ya había aceptado en 2012 la renuncia del obispo presentada después de que se le acusara de abusos sexuales a un menor y se retirase a Perú.

A principios de año, la Justicia archivó el caso sobre la acusación de violación a un menor, lo que no parece haber sido tenido en cuenta por la Doctrina de la Fe en su sentencia.

Continúa así -como dijo el vocero del Vaticano, Greg Burke, cuando se expulsó a Karadima -, "la línea férrea del Papa Francisco ante los abusos".

Además de estas expulsiones, el Papa Francisco ha aceptado, hasta ahora, la renuncia de siete obispos chilenos, después de que el pasado mes de mayo los 34 obispos del país presentaran en bloque su dimisión ante el Sumo Pontífice en el Vaticano, tras reconocer que habían cometido "graves errores y omisiones".

reacciones

Dos de los denunciantes de Karadima reaccionaron a la noticia con sendos mensajes en sus cuentas de Twitter.

José Andrés Murillo indicó que las expulsiones son "justas y necesarias" ya que, continuó, tanto Cox como Órdenes son "dos obispos que buscaron el poder y lo utilizaron para abusar sexualmente de niños y personas vulnerables".

Mientras que James Hamilton se preguntó, en un mensaje en la misma red social, acerca de cuándo la Iglesia chilena contará con "obispos buenos" y no con "delincuentes, matones y encubridores".

Por otro lado, el Instituto Secular de los Padres de Schöenstatt, a través de un comunicado, señaló que recibió esta noticia "con mucha vergüenza por el daño ocasionado a las víctimas", por lo cual expresaron su solidaridad con ellas.

El texto, firmado por el padre Juan Pablo Catoggio y el padre Fernando Baeza, señala que "apoyamos irrestrictamente esta decisión" y que la institución colaborará con la Justicia "en todo lo que sea pertinente". En ese sentido, indicaron que solicitarán "una evaluación médica para determinar si es posible el retorno de Francisco José Cox a Chile".