El Tribunal de Apelación de París decidió ayer aplazar para el próximo 12 de diciembre la revisión de la solicitud de extradición hecha por Chile contra el ex frentista Ricardo Alfonso Palma Salamanca, condenado a cadena perpetua por el asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán y prófugo desde que escapó de la cárcel en 1996.

La presidenta de la sala de instrucción del tribunal justificó el aplazamiento porque Palma Salamanca presentó una demanda de asilo en Francia y, aunque la concesión o no del estatuto de refugiado no influye en la justicia, será un elemento de análisis cuando se analice el fondo del asunto.

También señaló que la solicitud para retrasar la audiencia sobre el fondo venía no sólo de la defensa del frentista, que la formalizó la tarde del martes, sino también de la Fiscalía, que no había tenido tiempo para estudiarla en profundidad.

Palma Salamanca no quiso hablar a la prensa y sólo respondió a las preguntas que le hicieron los jueces, con ayuda de un intérprete en español, para dar su identidad y su fecha de nacimiento.

Su abogado, Jean-Pierre Mignard, explicó que la petición de aplazamiento se sustenta en dos puntos: esperar a que el organismo francés de asilo (OFPRA) dictamine sobre si le concede el estatuto de refugiado y solicitar información complementaria sobre el reclamo chileno para su extradición.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la postergación. "Siempre vemos con sorpresa que hay cierto tipo de investigaciones que se llevan adelante en el extranjero que dificultan que en Chile se haga justicia en crímenes tan connotados como el asesinato del senador Jaime Guzmán", dijo.

Sin embargo, se mostró confiado en que finalmente los tribunales franceses acogerán la petición de Chile de extraditar a Palma Salamanca, condenado también por el secuestro de Cristián Edwards.

La Corte Suprema acogió ayer parcialmente un recurso de nulidad presentado por la defensa de los condenados en el caso Luchsinger-Mackay, rebajando la sentencia previamente dictada y eliminando el carácter terrorista del delito.

Así, por determinación de la Segunda Sala, y tal como se había filtrado a la prensa hace unas semanas, se condenó a 18 años de presidio a José Tralcal Coche y Luis Tralcal, quienes estaban condenados a cadena perpetua, y se mantuvo la pena de cinco años de presidio con beneficio de libertad vigilada para José Peralino Huinca.

El resumen del fallo fue comunicado por el ministro Jorge Dahm, quien fue tildado de "vendido" por los mapuches presentes en el recinto, quienes además le arrojaron monedas al hijo del fallecido matrimonio, Jorge Luchsinger.

descontentos

La resolución de la Corte Suprema, sin embargo, dejó insatisfechos tanto a la parte defensora como al Gobierno, que es querellante en este caso.

El abogado de Peralino y jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional, Claudio Fierro, aseguró que "estamos absolutamente decepcionados con el pronunciamiento de la Sala Penal; ya lo conocíamos, es lo mismo que salió publicado, pero albergábamos la esperanza de que no fuese así (...) queríamos la nulidad de este segundo juicio".

De acuerdo al litigante, Peralino -a quien se le reconocieron tres atenuantes- habría entregado su testimonio bajo apremios ilegítimos. En tanto, el representante de José Tralcal, Pablo Ortega, aseguró que las defensas particulares de los tres condenados recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentando una reclamación por violación de derechos judiciales.

Juan Carlos Tralcal, uno de los hijos de José Tralcal, indicó entre gritos y lágrimas que "los jueces de la Corte Suprema condenaron injustamente a tres personas totalmente inocentes. La Sala Penal que liberó a asesinos de Punta Peuco hoy hizo injusticia también con el pueblo mapuche (...) La familia Luchsinger-Mackay sabe que son inocentes; sin embargo las presiones políticas dieron finalmente la condena a estas personas".

querella por filtración

Para recurrir a instancias internacionales, las defensas cuentan con un plazo de seis meses. Además, anunciaron la presentación de una querella por la filtración del fallo.

Por el otro lado, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, comentó que "quedó clara la validez del juicio y que los condenados eran responsables".

A pesar de esto, el secretario de Estado señaló que "nos hubiese gustado una pena mayor y mantener calificación terrorista por la crueldad del crimen", pero que "respetamos y acatamos el fallo". En esa línea, el titular de Interior llamó a que "el parlamento apruebe modificación a la Ley Antiterrorista para hacerla más eficaz".