Gobierno enviaría proyecto de jibia al Tribunal Constitucional
Tras una cita que se prolongó por cerca de dos horas en el Palacio de La Moneda, y que fue calificada como exitosa por los dirigentes de la industria pesquera de la Región del Biobío y del norte del país, finalmente el Gobierno confirmó ayer que de ser necesario enviará al Tribunal Constitucional el proyecto de ley que regula la captura de la jibia y que actualmente enfrenta su último trámite legislativo en el Congreso.
Se trata de una iniciativa legal que fue impulsada por los diputados Daniel Núñez (PC) y Víctor Torres (DC) en 2014, y que tiene como principal objetivo eliminar a la pesca industrial del proceso de captura de la jibia.
Dicho proyecto plantea que la captura de este calamar quedaría limitada exclusivamente a quienes la realizan mediante potera (anzuelo gigante con peso para ser hundido), instrumento con el que sólo cuentan los pescadores artesanales.
En la cita estuvieron presentes los dirigentes nacionales de la Asociación Gremial de Oficiales de Pesca Industrial (Agopesi), de la Federación de Tripulantes de Chile (Fetrinech), la Federación de Sindicato de Trabajadores de Plantas de Proceso de Consumo Humano (Festrach), quienes fueron recibidos por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
El presidente de la Fetrinech, Sergio Vera, calificó como positiva la postura del Gobierno en relación a este proyecto que -aseguran- generará consecuencias negativas sobre todo en la Región del Biobío. En ese sentido confirmó que "el martes se vota sí o sí el proyecto de ley en la sala del Senado y si éste llega a votarse favorablemente, el Gobierno nos aseguró que va a recurrir al Tribunal Constitucional".
En tanto, el timonel de Festrach, Raúl Morales, valoró el compromiso del Ejecutivo debido a que aseguró que la eliminación de la pesca industrial de la captura de la jibia tendría como consecuencia que se perdería la capacidad de abastecer permanentemente a las plantas de proceso de este recurso marino.
En ese sentido el dirigente planteó el problema que se produciría porque "los artesanales no son capaces de darle continuidad a los procesos de la industria, porque qué pasaría cuando se levantan vientos fuertes y sus lanchas no pueden salir". Además recalcó que va a haber una precarización del trabajo, ya que "va a producir que los trabajadores solamente van a ser temporeros, en los períodos que llegue pesca y los demás estarían saliendo de los contratos de trabajo".
Los dirigentes recalcaron que el proyecto los tiene en estado de alerta y no sólo a aquellos que viven de la jibia porque consideran que su aprobación representaría un precedente peligroso al comenzar a regular la actividad pesquera vía leyes hechas a la medida de unos pocos.
En una entrevista al diario El Sur, el subsecretario de Pesca aseguró que desde el punto de vista del interés nacional de capturar por completo la cuota y de la realidad particular, respecto de otros países que se usan de comparación, sumado el problema formal de la inconstitucionalidad del proyecto, hacen como gobierno sostener una posición firme en torno a que "estamos frente a una mala iniciativa".
Sobre si con todo esto se podría deducir que una vez que salga del Parlamento, esta propuesta no va a ser ley, el subsecretario dijo que no saben, pues como gobierno respetan la institucionalidad. Solo pueden declarar la intención y la posición pública, y será el Parlamento y el Tribunal Constitucional el que deberá dar su parecer. En todo caso, remarcó que confían, no pierden la esperando, que el Legislativo pueda tomar en consideración estos antecedentes y, en definitiva, variar la posición, que por ahora es preliminar.