El punto central de la sesión plenaria del Cruch fue deliberar el ingreso de dos nuevas instituciones al órgano colegiado: Universidad Alberto Hurtado (UAH) y Diego Portales (UDP). Luego de la sesión, el rector Aldo Valle explicó que "se consideraron los informes elaborados por la comisión de rectores a cargo de evaluar el mérito de los antecedentes presentados por ambos planteles. Por amplia mayoría se decidió emitir un informe favorable para la solicitud de ingreso".

Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores aclaró que el ingreso no ocurre de manera inmediata: "Esto no produce automáticamente su ingreso al Cruch, pues la ley de Educación Superior da cuenta de que un decreto ministerial oficializa el ingreso, previo informe del Consejo".

Además, explicó que en ambos casos el Cruch decidió incorporar indicaciones a la carpeta que finalmente debe ser indexada a la firma del oficio, las cuales se enfocan en el caso de la UAH a las irregularidades en su acreditación institucional, y la incorrecta presentación de antecedentes. "En ambos casos, el Cruch decidió incorporar observaciones para cada plantel. En el caso de la UAH, un informe jurídico se incorporará al informe favorable para analizar una de las situaciones específicas evaluadas", cerró Valle.

Luego de que se conociera la paralización completa de obras y el término de contrato anticipado en ocho proyectos de jardines infantiles de la zona, todos parte del programa meta presidencial "Más Salas Cunas y Jardines para Chile" de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), distintos actores han entregado su parecer frente a la compleja situación por los retrasos y los recursos tras esos contratos.

El ex coordinador del programa meta de Junji Biobío, Carlos Carrasco, entregó su versión de los hechos y defendió la gestión realizada en los casi cuatro años de gobierno.

"Cuando se inició el programa, se proyectaron 67 proyectos para el periodo presidencial, siendo 31 los proyectos terminados en marzo de 2018, otros 25 en obras y solo se han terminado tres y ninguno en funcionamiento. Dos de los ocho proyectos corresponden al actual gobierno, y otros seis son parte del programa meta", aclaró en un primer término respecto al estado actual de las construcciones.

Además, defendió el hecho de que el diputado Monsalve solicitara la información: "Es bueno que alguien le cuente a la ciudadanía lo que está ocurriendo con los proyectos, y esto responde claramente a una estrategia política que busca deslegitimar una de las políticas públicas más importantes de la Presidenta Bachelet".

CRITICAS

Carrasco también cuestionó que a la fecha no se conociera ningún tipo de información desde la seremi de Educación respecto a las iniciativas. "El estado de los proyectos es el mismo respecto a cómo quedaron en marzo de este año. Eso se puede verificar por los canales correspondientes, dando cuenta que no existe ningún avance. Es extraño que el seremi de Educación se muestre sorprendido de que hayan ocho jardines paralizados", expuso.

El ex coordinador agregó que "cuando uno escucha de un seremi la información entregada, es francamente faltar a la verdad, inexperiencia o mala gestión. Esto, porque malamente uno podría esperar resultados de una política pública si la decisión del gobierno actual fue reducir más de la mitad de los equipos a cargo: de los catorce profesionales del programa, solo seis siguen trabajando".

Incluso fue más allá y exigió la renuncia de Fernando Peña: "El seremi de Educación debe renunciar por ineficiente e inoperante, pero antes le debe una explicación a las más de 600 familias. Que les cuente qué avances ha realizado desde marzo a la fecha para reactivar sus proyectos".

Esto, en el marco de la solicitud que la seremi de Educación realizará a Contraloría para conocer el estado de los contratos.

Si bien no era uno de los puntos que estaba en la tabla de la sesión plenaria número 598 del Consejo de Rectores (Cruch), el retraso en la entrega de recursos correspondientes a la gratuidad ocupó varios pasajes del encuentro a los rectores de las principales casas de estudios en el país, realizado ayer en el Estadio Español de Chiguayante y organizado por la Universidad de Concepción (UdeC).

La situación se repite por tercera ocasión entre 2016 y 2018, pero esta vez el retraso en la entrega de los montos por la demora en la tramitación del decreto tiene comprometido un monto cercano a $397 mil millones en 46 instituciones.

A nivel local, donde hay más de 45 mil beneficiados en nueve instituciones de educación superior -U. de Concepción, del Bío-Bío, Católica de Concepción, Federico Santa María, Duoc UC, IP y CFT Inacap, Ceduc de la U. Católica del Norte y el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseux- los montos adeudados alcanzan los $52 mil millones, de un presupuesto total de $131 mil millones para financiar la matrícula gratuita en la zona.

En la sesión plenaria, el consejo acordó solicitar al Ministerio de Educación (Mineduc) y a la Dirección de Presupuestos (Dipres) que los recursos sean entregados en tiempo y forma, ya que en la mayoría de los casos estos dineros son ocupados para gastos operacionales, como suministros y sueldos para sus funcionarios.

Por ejemplo, y como indicó el informe de Contraloría publicado por este medio a mediados de septiembre, la UdeC recibió $32 mil millones por concepto de gratuidad en 2017, cifra que representa casi el 70% de su presupuesto anual ($46 mil millones).

PREOCUPACIÓN LATENTE

Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Cruch, explicó tras la reunión que "es una situación dramática para todas las instituciones que no han recibido las transferencias por gratuidad. Estamos llegando al décimo mes del año y solo se ha realizado el 60% de las transferencias, lo que significa que prácticamente el 40% de las transferencias por gratuidad se harán en dos cuotas, pues está terminando año".

Quien oficia de portavoz del órgano colegiado detalló que se harán las solicitudes correspondientes al Mineduc y la Dipres de los montos adeudados: "Queremos que actúen con el mayor esmero y urgencia, como corresponde a la función pública, para que no se produzcan estos perjuicios tan gravosos para nuestras instituciones . No se entiende que el Estado sea la causa de ese mayor costo".

MIRADA LOCAL

El rector de la UdeC, Carlos Saavedra, señaló que "no se puede esperar un periodo tan prolongado por los recursos, en algunos casos nos obliga a buscar mecanismos de solución. Nos afecta en nuestra operación diaria como universidad, pues el no recibir los recursos afecta el desarrollo de nuestras actividades. No podemos parar y tenemos que buscar las formas de aplacar el impacto de la falta de recursos".

Su par de la Universidad Católica de Concepción (Ucsc), Christian Schmitz, recordó que esta situación ya ocurrió en años anteriores: "Si año tras año existen retrasos en el pago de los fondos, y considerando las dificultades que tenemos para el normal funcionamiento de las instituciones, existe un problema de planificación. El retraso de este año se ve agravado porque existe una redefinición de aranceles que se encomendó, generando un costo adicional con los retrasos excesivos, tanto para las estatales como para las no estatales".

Los rectores también solicitaron que se barajen distintas alternativas para saldar las deudas pendientes. Mientras Christian Schmitz dijo que una opción sería "que el pago de recursos por gratuidad se pueda anticipar al de otras becas, para mitigar el impacto", Carlos Saavedra afirmó que "se espera que la disposición que hemos encontrado para que se resuelva se convierta en un resultado efectivo en el mínimo plazo".