Docentes y escolares piden considerar realidad local en proyecto "Aula Segura"
Esta semana se firmó el proyecto de ley "Aula Segura" que, desde el Ministerio de Educación, busca facultar a los directores de colegios municipales y particulares subvencionados para expulsar a escolares que cometan actos violentos en contra de profesores o que porten armas u objetos explosivos.
La iniciativa legal busca responder a los hechos de violencia ocurridos en establecimientos emblemáticos de Santiago y la Región Metropolitana durante las últimas semanas, tal como indicó la ministra Marcela Cubillos.
Las estadísticas locales dan cuenta de que existe un aumento en las denuncias que recibe la Superintendencia de Educación por maltrato a profesores: En Biobío y Ñuble, las denuncias se duplicaron entre 2015 y 2017, y en el primer semestre de este año ya se han ingresado 18 denuncias.
REALIDAD LOCAL
Profesores, estudiantes y sostenedores de la Región del Biobío coinciden en que el trámite legislativo debe considerar las distintas realidades que se viven dentro de las aulas de todo el país. Aníbal Navarrete, secretario general del Colegio de Profesores del Biobío señala que uno de los elementos claves que debería considerar la ley es sancionar los hechos de violencia de parte de apoderados a profesores.
"Parece que este proyecto de ley que responde a una realidad específica y no considera los diferentes contextos en el cual se desarrolla el ejercicio docente. Nuestra preocupación está más enfocada a los hechos de violencia que hemos sufrido las y los docentes por parte de apoderados, ante eso esperamos un proyecto que apunte a la responsabilidad que deben asumir los padres con las conductas de sus hijos", señaló el dirigente, recordando que desde el año pasado ya se ha propuesto legislar estos aspectos desde la mesa nacional del magisterio.
Alen Arancibia, vocera de la Federación de Estudiantes Secundarios de Concepción (Fesec) criticó que el proyecto de ley busque criminalizar a los escolares, expulsándolos de manera directa.
"Es una reforma parche que no soluciona el problema de fondo de la sociedad, y no busca el diálogo con los movimientos estudiantiles. Como secundarios estamos más desprotegidos ante el actuar de los directores, y no tenemos garantías de espacios de participación", analizó.
DEBATE NECESARIO
Con una mirada más conciliadora, el director de Educación Municipal de Chiguayante Hugo Olave calificó como una oportunidad que se discutan estos temas: "Muchas veces los proyectos nacen en Santiago para Santiago. Acá los problemas no son tan graves como los vistos allá, pero se dan cada cierto tiempo. Hay que velar porque exista respeto al interior de las salas de clases; el ya discutir esto es muy bueno y lo que salga como proyecto de ley, será un aporte relevante con mecanismos y formatos para entregar apoyo a los alumnos".
Antonio Gutiérrez, presidente de la Unión Comunal de Padres y Apoderados de Hualpén expone que "han conocido episodios de violencia a profesores, hechos que rechazamos de manera enérgica. Sin embargo hemos sido muy pasivos y no hemos sabido ejercer de una correcta forma nuestro rol como apoderados".
MIRADA GLOBAL
Desde el gobierno defendieron el ingreso del proyecto de ley, entendiendo las realidades particulares que viven los establecimientos de la zona, ponderando el alza de denuncias que se han recibido en los últimos cuatro años en la oficina regional Superintendencia de Educación.
El seremi de Educación Fernando Peña dijo que los hechos de violencia son más cotidianos de lo que se piensa a nivel local: "Lo ocurrido en Santiago con sus establecimientos emblemáticos aceleró una discusión que se viene dando desde hace muchos años. Esta es una realidad más cotidiana de lo que se piensa, con las agresiones que sufren los profesores y asistentes de la educación, no asociadas directamente con lo que ocurre allá, pero si son coincidentes con los puntos que sanciona el proyecto de ley".