El intendente Jorge Ulloa y el seremi de Educación, Fernando Peña, se reunieron con sostenedores y representantes de centros de padres y apoderados ayer para explicar los alcances del proyecto de ley "Aula Segura", los plazos que manejan para las sanciones y apelaciones.

La iniciativa legal que impulsa el Ejecutivo -y que el jueves fue firmada por el Presidente Sebastián Piñera y la ministra de Educación, Marcela Cubillos- tiene como objetivo sancionar a los escolares que cometan actos violentos, tanto con agresiones a profesores y asistentes a la educación, como el porte y uso de armas o material explosivo.

Las autoridades locales aprovecharon la reunión para responder a las primeras críticas que han surgido desde distintos sectores, que califican este proyecto de ley como una forma de "criminalizar a los estudiantes" y de dejar de lado los procesos formativos, apostando por las expulsiones en pocos días.

PUNTOS CENTRALES

El intendente del Biobío explicó que el cuerpo legal busca evitar que el proceso formativo se vea alterado por la creciente agresividad con que profesores y profesionales de la educación conviven a diario.

"Este alto nos debe permitir que la figura del director del establecimiento cuente con las facultades para suspender y separar a los alumnos que incumplan, sin eliminar el debido proceso, pero acortando este tipo de procesos", dijo Jorge Ulloa.

De aprobarse en el Congreso, esta iniciativa involucraría a los 305 mil alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados del Biobío (sin contar a Ñuble).

El seremi de Educación, en tanto, explicó que este proyecto de ley solo contempla agresiones a funcionarios y profesores, además del porte y uso de ciertas armas. En el caso de las tomas, solo se aplicaría la ley cuando ocurra uno de los dos hechos enunciados.

"Estas son opciones para los equipos directivos en caso de encontrarse con una de estas situaciones. Nos encontramos con muchas situaciones violentas, y en el marco de respuesta de los reglamentos internos no dan las garantías para resguardar y proteger a las víctimas", detalló Fernando Peña.

Además, la autoridad explicó que se entregan facultades exclusivas a los directores para realizar el proceso de expulsión, y que esta ley se complementará con el trabajo de fiscalización de la Superintendencia de Educación.

DEBATE

Pese a que solo han transcurrido algunas horas desde que se anunciara el proyecto que en los próximos días iniciará su discusión legislativa, distintos actores han mostrado posiciones dispares respecto al impacto que tendrá la normativa, de convertirse en ley de la República.

Miguel Henríquez, director del Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca de Concepción (Insuco), que reúne a 1.239 alumnos, se mostró conforme con el anuncio: "Tomamos esta noticia de buena forma y esperamos que se convierta pronto en ley, para fortalecer el rol de los directores académicos, quienes protegen a los alumnos y a todas las personas que integran la comunidad escolar".

Desde Hualpén, comuna que cuenta con más de 14 mil alumnos, el presidente de la Unión Comunal de Padres y Apoderados, Antonio Gutiérrez, añadió que existe esperanza en lo que pueda ocurrir con el proyecto ya convertido en ley.

"Era necesario que esto se solucionara con el tiempo, ya que se han perdido muchos valores respecto a la educación y se busca realzar el rol que juegan los profesores y directores. Hay que ponerle un alto a la violencia que sufren los profesores", manifestó.

Aníbal Navarrete, secretario general del Colegio de Profesores del Biobío, planteó que apoyarán todas las iniciativas que vayan en resguardo de los profesores, pero que aún deben conocer el detalle de la iniciativa.

"Es difícil opinar sobre una temática cuando solo conocemos un titular y no el proyecto en su conjunto, sin embargo, apoyaremos cualquier iniciativa que tenga como objetivo garantizar la seguridad de los profesores. Sin embargo, nos preocupa que esta iniciativa busque profundizar una sistemática política que ha intentado criminalizar al movimiento estudiantil desde el primer gobierno del Presidente Piñera", cerró el dirigente.

Para aclarar lo que la tarde del jueves podía parecer una emergencia sanitaria, provocada por el hallazgo de un contenedor con residuos sin identificar en el kilómetro 1, 5 del Camino a Santa Juana, el seremi de Salud, Erick Jiménez, detalló las pericias realizadas por la Unidad de Gestión Ambiental (Ugam) de la Seremi y del Servicio Médico Legal.

Jiménez contó que la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro del Paz los llamó informando de la situación. Al llegar al lugar -donde ya se encontraban Carabineros y Bomberos- no se pudo determinar de que tipo de residuos se trataba, si eran restos orgánicos de origen humano u de otra procedencia, la fiscalía instruyó al Servicio Médico Lega (SML) el retiro del contenedor e identificación de su contenido.

El director regional del SML, Juan Cartes, dijo que después del análisis correspondiente se descartó que los residuos fueran de tipo orgánico, sino restos animales y de tipo domiciliario.

"Afortunadamente no había nada de tipo humano y se consultó a la fiscalía, quien autorizó la eliminación de estos residuos. El contenedor, que originalmente tenía un uso para residuos patológicos, seguramente fue adquirido y utilizado con otro fin", indicó el profesional.

Dado que hasta ahora no ha sido posible identificar al generador ni al transportista de dichos residuos, la autoridad sanitaria deberá esperar el curso de la investigación de la fiscalía para determinar acciones, en el ámbito sanitario, contra los responsables.

El seremi Erick Jiménez, indicó que "la autoridad sanitaria mantiene un programa permanente de fiscalización en el ámbito de la normativa para los residuos de establecimientos de atención de salud (Reas), tanto a generadores y destinatarios de este tipo de residuos". Añadió que en lo que va del año se han realizado 38 de las 52 fiscalizaciones programadas a este tipo de recintos.

Un chofer de un bus interurbano fue detenido por Carabineros, tras ser sorprendido con documentación falsa en Concepción. El procedimiento, según explicó el capitán Aldo Vittini, de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (Sebv), se efectuó en el Terminal de Buses Collao, donde efectivos de su unidad realizaron una serie de fiscalizaciones.

Vittini detalló que los controles se programaron luego de haber recibido una denuncia que deba cuenta de que uno de los conductores de la empresa Sol de Lebu, que hace recorridos entre Concepción y la capital de la provincia de Arauco, no tenía su licencia actualizada.

Peligro

"Nosotros lo fiscalizamos y efectivamente tenía un permiso provisorio para conducir falso. Este documento reemplaza a la licencia de conducir y quien lo otorga es el Juzgado de Policía Local (…) El hombre lo compró en $50 mil cerca de una municipalidad en San Rosendo y anduvo conduciendo cerca de un año", detalló el capitán.

Vittini detalló que estos permisos provisorio son otorgados por los juzgados de policía local y que pueden entregarse por 15 ó 30 días. Por ello, mencionó, se nota que la empresa no realizaba revisiones periódicamente o se hubiesen dado cuenta de la irregularidad.

Añadió que al hacer que el hombre bajara del bus se percataron que tenía una discapacidad. "Le costaba trasladarse sin un método de apoyo, y ese era el motivo por el cual le negaron la licencia a principios de año, cuando la fue a solicitar", añadió Vittini.

Esta discapacidad estaría vinculada con un problema médico (accidente cerebrovascular) sufrido por el sujeto, sumado a un accidente automovilístico.

El oficial indicó que "él no es una persona que esté habilitada para conducir un vehículo de transporte de personas. Llevaba a casi 45 pasajeros. Es un peligro inminente, porque por algo le negaron la licencia de conducir".

El hombre pasó a control de detención y el delito fue falsificación de instrumento de uso público.

Hallazgos

El capitán Vittini mencionó que el hallazgo realizado en el Terminal de Buses es algo inusual: "Ocurren casos de documentación falsa, pero son muy pocos, porque Carabineros conoce las medidas de seguridad de estos documentos. Ahora, lo que sí es frecuente es la documentación del auto falsificada, que los permisos de circulación, seguro obligatorio o la revisión técnica, porque hay vehículos que no la pasan y como sale tan caro arreglarlo, prefieren pagar por estos documentos falsos".

Fiscalización

La detención del conductor se concretó luego de varios controles realizados en el terminal de buses Collao. Esto surgió a partir de una denuncia anónima en Carabineros.