La comisión de Pesca del Senado aprobó ayer por unanimidad el proyecto "corto" enviado por el Presidente Piñera para modificar la actual ley del sector. En lo relativo a las licencias de captura del rubro industrial, la iniciativa termina con la renovación automática y a perpetuidad de los permisos industriales, al término del actual período de 20 años.
Eso significa que terminado ese período se procedería a la licitación del 100% de los derechos pesqueros industriales, precisó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
Aunque queda camino por recorrer, puesto que esta ley corta se encuentra en primer trámite constitucional - le resta ser examinado en particular y pasar a la sala del Senado y después a la Cámara de Diputados- la decisión no deja del todo conformes a los actores del mundo industrial como el artesanal.
Para Hugo Arancibia, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Ferepa Biobío), esta es una aprobación bastante importante, que devuelve el derecho implícito de la pesca al Estado. "Desde esa perspectiva es altamente valorable lo que se ha hecho, porque suple un déficit que tuvo la ley de 2003, al otorgar los derechos por plazo indefinido y que ahora permitirá que siempre el Estado no pierda su control sobre ellos".
intranquilidad
Sobre el tema de las licitaciones, Arancibia es más cauto y cree que una licitación al mejor postor puede traer un daño al país. "Creo que en eso hay que ser cuidadoso", señala y agrega que "si bien es cierto que quitar derechos da oportunidades a mucha gente, hay que tener cuidado de que la inversión extranjera pueda venir a ocupar los derechos pesqueros que por años hemos tratado de construir y resguardar, de tal manera que estando de acuerdo de que éstos sean licitados, siento una intranquilidad del punto de vista de cuáles van a ser aquellas entidades, personas, países, que puedan lograr acceder a la licitación". Esto, dijo, "nos puede provocar dos problemas adicionales; uno es el monopolio del acceso de la sardina y anchoveta o la pesca que está definida en los Límite Máximo de Captura, y segundo, que las transnacionales se lleven al mejor postor una pesquería e ingresen a arrasar con los mares chilenos". No obstante, agregó que "desde el plano histórico, pienso que recuperar los derechos pesqueros para el país, es una cuestión fundamental".
En tanto, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), como representantes de la actividad industrial de la zona centro sur de Chile, manifestó estar impactada y sorprendida por lo ocurrido en el Parlamento. "La fusión del proyecto de Ley Corta del Gobierno con la moción parlamentaria impulsada por tres senadores, así como el proyecto de jibia con línea de mano, son iniciativas que no van por el camino del crecimiento, fomento a la inversión ni estabilidad laboral. Por el contrario, eliminan las certezas jurídicas y los cimientos de una actividad económica tradicional para nuestro país".
En esta línea sostiene "que las iniciativas legales son abiertamente inconstitucionales y no se sustentan en un mínimo de formalidad respecto de los procesos legislativos. Se ha abierto la ruta para que iniciativas parlamentarias reemplacen las potestades y atribuciones del Poder Ejecutivo en materias que son de su exclusiva responsabilidad".
El gremio industrial reiteró que "el fin de los permisos de pesca del sector industrial, las licitaciones de las cuotas de pesca que sustentan la operación de sus barcos y de miles de empleos en sus plantas de proceso, así como obligar a los pescadores industriales a capturar la jibia con línea de mano, significan el cierre de la actividad productiva. No se trata de una advertencia sin fondo, sino de la comprobación que las certezas jurídicas desde donde opera la pesca industrial han desaparecido".
país pesquero
"Hemos sido insistentes en señalar que estamos a favor de perfeccionamientos a la actual Ley de Pesca, pero que esas mejoras resuelvan los problemas reales del país pesquero. Hoy son urgentes reformas que apunten al camino de la sustentabilidad, el crecimiento y la competitividad de todo el sector pesquero, tanto industrial como artesanal".
En esa línea, Sara Garrido, directora nacional de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach) y presidenta del Sindicato de Pescadores Artesanales de caleta Coliumo, dijo que el proyecto que se aprobó en el Senado no es prioritario para su sector, puesto que no soluciona los problemas reales que tiene la pesca artesanal. "Puedo decir que es un avance que al año 32 las licencias no se van a renovar automáticamente, pero tampoco nos da certezas de cómo vamos a quedar nosotros como sector artesanal a esa fecha. Creo que hoy mezclar eso con formas de pesca ilegal internacional son cuestiones que a nosotros no nos interesan. Lo que nos interesa es el tema del fraccionamiento, las cinco millas de Arica a Punta Arenas lo que significa eliminar el arrastre en algunas pesquerías hoy colapsadas y esos son los temas que la Subsecretaría de Pesca y el Ejecutivo tienen que meter en la "Ley Larga". No puedo decir que está todo malo pero no era lo que los artesanales queríamos y esperábamos habiendo un compromiso de Gobierno", sentenció finalmente la dirigente.